La ingesta de productos ultraprocesados ha sido catalogada como un factor de riesgo importante para el desarrollo de diversas enfermedades metabólicas y trastornos alimenticios en la población infantil.

Una nueva entrega de la investigación “Bajo la mira” pone al descubierto las prácticas mañosas que los representantes de la industria de la chatarra han empleado para contrarrestar las medidas impuestas por el gobierno de nuestro país.

El trabajo realizado por Ana Larrañaga revela que las multinacionales que operan en México, así como las cámaras empresariales con las que están involucradas, realizaron una serie de prácticas que van en contra de los derechos fundamentales de alimentación y salud.

Anterior al etiquetado frontal actual, se utilizó el etiquetado GDA, una herramienta poco clara que solo podía ser entendida por un grupo poblacional muy específico. Este tipo de etiquetado fue desarrollado por la misma industria, que terminó por autorregularse.

En este proceso de autorregulación, Patricio Caso era funcionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y actualmente trabaja para Coca-Cola como director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad. Una clara muestra de la política de ‘puertas giratorias’ que existe entre la industria y los entes regulatorios.

El trabajo también expone el cabildeo al que fue sometida la propuesta del etiquetado frontal con el que circulan los ultraprocesados en la actualidad.

Para la discusión de la NOM-051 para el etiquetado de alimentos y bebidas se trabajó en mesas donde había una clara mayoría de participantes del sector empresarial. Del lado de la industria había 32 instituciones y cuatro asociaciones con intereses contrarios al etiquetado de alimentos. Por su parte, el sector académico solo era representado por cuatro instituciones y la sociedad civil sin nexos empresariales contaba con dos lugares.

Al fracasar en los intentos de intervenir la norma, el sector industrial interpuso decenas de amparos contra la misma, inició una campaña de desprestigio e información falsa contra la norma.

En conclusión, la investigadora y los especialistas, tanto del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) como de El Poder del Consumidor coinciden en que estas prácticas politiqueras de la industria no hacen más que atentar contra el derecho a la salud y la alimentación a fuerza de imponer sus reglas y perpetuar la rentabilidad de su negocio.

Artículo publicado el 25 de febrero de 2024 en la edición 1100 del semanario Ríodoce.