Las lonas que aparecieron por la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hace un mes, llevaban entre líneas un solo mensaje: aquí mandamos nosotros. Una confirmación obvia ante los sucesos recientes, porque unos días atrás, el viernes 22 de marzo, varios comandos habían privado de la libertad casi de manera simultánea a familias completas hasta sumar 66 personas, entre ellas niños, niñas y mujeres.

La colocación de lonas por las ciudades de México es, desde hace casi dos décadas, el instrumento de comunicación favorito de las organizaciones delictivas. Ahí plasman mensajes, amenazas a grupos rivales o funcionarios en turno, denuncias de corrupción de tal o cual corporación, y hasta avisos a los ciudadanos sobre quién manda. No requieren de mayor certificado de validez que unas iniciales al final. La difusión siempre está garantizada.

Por algún tiempo los medios de comunicación se autoimpusieron la política de no publicar narco-mantas o recados y anuncios del crimen, menos cuando el mensaje no eran palabras sino cuerpos colgados de puentes o papeles junto a cadáveres de la guerra interminable.

Hoy hemos normalizado una situación más en la espiral de violencia provocada por las organizaciones criminales que operan en nuestro país. Los medios han sido avasallados por las redes sociales, y ninguno se plantearía excluir los mensajes de las conocidas como narco-mantas, todos saben que es posible verlas en cualquier perfil de algún anónimo ciudadano.

Las lonas del mes pasado en Culiacán están en ese contexto. Su cuidada redacción parece plasmar la misión-visión de cualquier empresa, señalando los conocidos “principios de la organización:” no se permite el robo, secuestro, extorsión, o cobro de piso, que entre líneas significa que todos tienen prohibido delinquir excepto ellos mismos. Explica la razón de los levantones: es un escarmiento a quienes anden en esos delitos y a sus familias, y lo mismo les va a pasar a todo el que se atreva a desobedecer esas órdenes. Y va más lejos, pide denunciar a quien se involucre en cualquiera de esos delitos prohibidos.

Lo destacable no es la osadía de la organización delictiva que divulga los escarmientos a los delincuentes, que en poco se diferencia de los linchamientos repetidos en el sureste de México, o que prohíba delitos y proteja a los suyos de esos delitos. Es el escalón de normalidad donde ahora nos encontramos.

Normalizamos las desapariciones, privaciones de la libertad o levantones, quienes en su gran mayoría no aparecen y han provocado que a miles de familias se les vaya la vida entera en la búsqueda de sus hijos, hijas o parejas.

Hemos normalizado que disparen a las videocámaras de la ciudad, porque quieren la exclusividad de su sistema de vigilancia con la red de cientos de “punteros” desperdigados por cruceros y colocados en puntos estratégicos, o en persecución del convoy del Ejército o la Marina.

Ya vemos normal que las organizaciones criminales hayan pasado de corromper a servidores públicos de nivel operativo, como policías o ministerios públicos, a establecer complicidades claras con jefes a cargo de la fuerza pública. Pero ahora ya se transitó a otro escalón, y son sus empleados porque ellos les consiguieron el cargo en gobiernos municipales y estatales. En áreas de obras públicas, finanzas o servicios. Nunca será igual una relación de corrupción desde la posición de poder a ser ahora solo empleados.

La invasión del crimen en los espacios de poder en municipios, estados y el gobierno federal, es de la mayor gravedad para el soporte de cualquier democracia. Una vez que brincaron el escalón de relaciones de complicidad a ser empleados del narco, la descomposición se convirtió en podredumbre.

Eso todos lo sabemos, y por supuesto el Estado también lo sabe. La evidencia está en los correos de las áreas de inteligencia del Ejército Mexicano que fueron extraídos y divulgados en el hackeo a los servidores de la SEDENA. Los reportes sobre sospechas y testimonios de la infiltración del narco en los poderes públicos van desde las policías y fiscalías, hasta ayuntamientos y gobiernos estatales. Ahí están alcaldes, legisladores, equipos de finanzas.

La existencia de los reportes de inteligencia no se refleja en procesos de investigación abiertos, pero eso solo indica que el propio gobierno prefiere administrar la situación y no enfrentarla. En muchos municipios de México, el ciudadano pasó de la confusión inicial, cuando vio gobernando a “los malosos”, a la normalidad de convencerse que el poder público y el poder criminal son la misma cosa.

Margen de error

(Intimidar) Es en tiempos electorales donde los reacomodos son obligados. Junto a los grupos de poder político, económico y social que intentan el acceso al poder, están las organizaciones criminales.

Hace muy poco hablábamos de los poderes fácticos, las televisoras y los millonarios de este país influyendo en los partidos para imponer a sus testaferros, y entre esos poderes se mencionaba al narco y su imposición. Hoy el crimen organizado ha pasado a ser la más grande amenaza, según la región de México de la que estemos hablando.

Imponen candidatos en todos los partidos, nadie se excluye, invierten dinero en las campañas, operan en territorio. Es decir, han permeado todo el proceso. Son ellos quienes intimidan a aquellos que pudieran tener la posibilidad electoral de ganar un puesto y no forman parte de la nómina. Si la intimidación no funciona pasan a las balas. Por eso los atentados y asesinatos. Ser candidato o candidata y no medir los peligros es fatal para muchos.

Mirilla

(El cascabel) El tema no es tema por ahora. Ninguna fuerza política se atreve a poner el tema en la mesa. ¿Quién le pone el cascabel al gato? (PUNTO).

Artículo publicado el 28 de abril de 2024 en la edición 1109 del semanario Ríodoce.