El 85 por ciento de los sinaloenses considera que son frecuentes los actos de corrupción en los gobiernos federal, estatal y municipales actuales.

Son cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya presidenta fue designada por Andrés Manuel López Obrador y fue su primera secretaria de Economía. No es adversaria sino fiel seguidora de la cuarta transformación. En diciembre pasado preguntó a los mexicanos al levantar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.

Son datos oficiales.

A diferencia de aquí, en Querétaro la percepción de Corrupción es de 68 por ciento, en Dinamarca el índice negativo es de 10.

La tasa de víctimas directas de corrupción de Zacatecas es de 8 mil 912 por cada 100 mil habitantes, la de Sinaloa es de 17 mil 728.

Estamos al fondo, solo hay tres estados en peor condición.

Hace dos años, con las anteriores administraciones estatal y municipales, la tasa de víctimas de corrupción fue de 16 mil 537, esto es, 1 mil 191 menos que ahora.

Hace 10 años, cuando no había gobernantes de Morena en ningún orden de la administración pública en Sinaloa, la tasa de víctimas fue de 9 mil 883, es decir, 7 mil 845 menos.

El cambio de partido en ayuntamientos, estado y federación no significó menos víctimas sino, por el contrario, más ciudadanos han tenido que pagar un soborno.

Es la experiencia de la gente, recogida por el INEGI.

Varias de las víctimas padecieron más de un acto de corrupción.

La tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en nuestro estado es de 29 mil 554, mucho más grande que la de 14 mil 820 de Baja California Sur.

Hace dos años, con las anteriores administraciones estatal y municipales, la tasa de actos de corrupción fue de 21 mil 065, esto es, 8 mil 489 menos que ahora.

Hace 10 años, cuando no había gobernantes de Morena en ningún orden de la administración pública en Sinaloa, la tasa de víctimas fue de 20 mil 045, es decir, 9 mil 509 menos.

En el mismo sentido, el costo promedio de los actos de corrupción para las víctimas sinaloenses es de los más altos del país. Solo hay dos estados con peor daño a la gente: Ciudad de México e Hidalgo.

El costo promedio de la corrupción en Sinaloa es de 5 mil 654 pesos, mientras que en Chihuahua es de 857.

En 2019, la primera vez que se preguntó, ese costo, en nuestra entidad, fue de 2 mil 900. En 2021, de 1 mil 200.

Las cifras indican que en Sinaloa la gente pagó más de 3 mil millones de pesos en 2023 como cobro de corrupción.

INEGI reporta la experiencia que tienen los ciudadanos sinaloenses al entrar en contacto con alguno de los órdenes de gobierno.

No hay en la vida cotidiana del sinaloense ninguna transformación de su trato con el gobierno.

En un país donde nos dolemos tanto de la corrupción, vivimos en uno de los estados donde se le padece más.

Está creciendo el número de víctimas, la cantidad de actos y los costos.

No podía disminuir la corrupción, cuando las instituciones y mecanismos encargados de vigilar a los gobiernos se han debilitado.

Un ejemplo: en 2016 había en el gobierno federal 6 mil 533 empleados ocupados en prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción, adscritos a los órganos internos de control de cada dependencia.

En 2022 solo eran 2 mil 959.

La fuente de esta información es el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No podía disminuir la corrupción cuando las prácticas de compra y construcción de obra pública siguen siendo las mismas.

El presidente López Obrador se comprometió a eliminar la contratación por adjudicación directa, que es cuando el funcionario elige a la empresa que se le antoja, sin concursar.

El presidente no cumplió.

Ese mismo censo del INEGI indica que en 2022 el gobierno federal celebró 178 mil 784 contratos para comprar algún material, rentar equipos o instalaciones o recibir un servicio.

De todos ellos, 149 mil 352 contratos se asignaron a las personas y empresas que quisieron los funcionarios federales, los eligieron libremente, sin concurso, por adjudicación directa, lo que habían prometido eliminar.

El monto pagado a estos proveedores y contratistas favorecidos por los funcionarios federales a través de una adjudicación directa, fue de 181 mil 661 millones 490 mil 368 pesos.

Ante los señalamientos y las quejas, los gobiernos responden negando la realidad, primero, y atacando a quien levanta la voz, después.

Eso indica que no piensan resolver el problema.

INEGI hace un dramático e inobjetable señalamiento, con rigurosidad científica le da forma a una gran verdad.

Estos son datos y hechos, la realidad.

Artículo publicado el 28 de abril de 2024 en la edición 1109 del semanario Ríodoce.