La Fiscalía General del Estado reabrió la investigación por posible corrupción en el uso de recursos públicos en la construcción del estadio Kraken, en Mazatlán, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

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El estado invirtió más de 700 millones de pesos en la construcción y en 2020 el estadio fue cedido al club Atlético Morelia, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a cambio de un palco y 400 boletos gratis para cada partido.

La denuncia fue presentada en abril de 2021 por las entonces diputadas Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Reyna Angulo Valenzuela; y en octubre del mismo año se determinó el no ejercicio de la acción penal y la carpeta de investigación fue cerrada.

Dos años después, la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñónez Estrada, resolvió revocar el no ejercicio de la acción penal y la investigación fue reabierta el 13 de octubre de este año.

En octubre pasado, Ríodoce publicó que, en una solicitud de acceso a la información, la FGE contestó que no tenía información sobre la denuncia y en una queja en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública ratificó la respuesta y el organismo le ordenó hacer una búsqueda exhaustiva y responder en qué estado se encontrada la investigación y de estar concluida dar una versión pública, pero la FGE no dio ninguna respuesta.

Graciela Domínguez Nava, hoy secretaria de Educación Pública y Cultura, comentó que ella nunca fue notificada que la carpeta fue cerrada, cuando Juan José Ríos Estavillo era el titular de la FGE.

Mencionó que, debido a que ya habían pasado dos años y no tenía información sobre la denuncia, presentó una solicitud a la FGE para que revisaran el caso.

Comentó que se enteró por Ríodoce que la investigación fue reabierta porque formalmente no ha sido notificada por la FGE.

Señaló que la denuncia es contra un funcionario en específico del gobierno de Quirino, pero espera que, si en la investigación se determina que hay a otros servidores públicos involucrados, se les finque responsabilidad.

Está convencida, abundó, que fue un asalto a los recursos públicos al haber orientado dinero del erario a un bien que se administra de manera privada.

“Sostengo que es un asalto a las finanzas públicas, leonino, si bien es cierto no tiene nada que ver con que si tenemos derecho a tener espacios como un estadio de futbol como el que en este caso se construyó; aquí el tema es porqué para hacer un negocio privado tiene que haber una alta inversión de carácter público y sin redituarle nada a quienes aportan estos recursos públicos que son los ciudadanos con sus impuestos”, expresó.

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La denuncia fue presentada el 21 de abril de 2021 contra el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Ismael Carreón Ruelas, a quien el gobernador, el secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; y el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, otorgaron un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio.

Las diputadas denunciaron la posible comisión de los delitos ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública, peculado y negociaciones ilícitas.

La denuncia

El documento señala que el 22 de julio de 2020 el gobierno estatal celebró un contrato de administración, uso, mantenimiento y comercialización del estadio de futbol con el club Atlético Morelia; y la construcción y destino del estadio está plagada de ilegalidades y de actos de corrupción y contra el servicio público tipificados como delitos.

Menciona que los predios en los que se construyó el estadio los compró el 1 de septiembre de 2017 en 37 millones de pesos y nunca se precisó el origen de los recursos ni la partida presupuestal; y ese mismo año el Ejecutivo decidió destinar el terreno al servicio público de exhibiciones recreativas y no estaba destinado para ese fin por lo que debió publicar un decreto y jamás se hizo.

La obra para construir el inmueble, señala, debió incluirse en el programa anual autorizado por el Congreso y tampoco se hizo; además en la convocatoria a la licitación para la construcción de la primera etapa en 2017, menciona que el origen de los recursos es el Programa de Inversión Estatal Directa 2017 y el contrato menciona son del programa 20 Fomento y Promoción al Deporte y la Cultura Física.

En 2019, el informe de la Cuenta Pública de 2017 establece que en la auditoría a la construcción del estadio se encontró que el expediente carecía de “evidencia de la posesión del terreno donde se construye la obra” y que, la empresa Meprosa, a la que se adjudicó el contrato por 459 millones 633 mil 296 pesos, no acreditó la experiencia ni capacidad técnica requerida.

La falta de un elemento como es la experiencia en obras de este tipo, denota otra irregularidad mayúscula en la adjudicación del contrato, indica la denuncia.

En 2019, detalla, la inversión fue de 192 millones 655 mil 148 pesos y el contrato también se adjudicó a Meprosa; y la convocatoria a la licitación menciona que sería financiado con recursos del “Programa Estatal de Obra”. Sin embargo, en la Ley de Ingresos de Egresos de 2019 y 2020 no hay ningún programa con ese concepto.

El monto del contrato de 2019, señala, fue ampliado a 265 millones de pesos por lo que la obra en total tuvo un costo aproximado de 725 millones de pesos, más lo que se invirtió en el acondicionamiento del estadio.

Una vez concluida la obra millonaria, supuestamente destinada a un servicio público, el Ejecutivo decide no ejecutarlo, sino conceder su uso, mantenimiento, mejoramiento y comercialización a un particular. Esta determinación constituye un nuevo cambio en el destino del bien inmueble, al transitar de ser un inmueble destinado a la prestación de un servicio público, a ser un inmueble cuyo lucro se realiza en beneficio de un particular, indica.

Establece que el Ejecutivo incurrió en una violación a la normatividad porque omitió someter a consideración del Congreso el cambio de destino del inmueble que estaba consagrado al servicio público.

El Artículo 70 de la Ley de Cultura Física y Deporte ordena que las instalaciones deportivas financiadas con recursos públicos deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público y en este caso se puso a disposición de un particular, sin previa aprobación del Congreso.

Los hechos, detalla, “hacen presumir una maquinación premeditada, dolosa y arbitraria de las condiciones para celebrar el contrato en beneficio de un particular. Contrato leonino por ser demás ventajoso para Atlético Morelia S.A. de C.V., y lesivo para la hacienda pública del Estado de Sinaloa”.

El contrato con el club Atlético Morelia, abunda, en la cláusula de contraprestaciones señala que el club se compromete a establecer escuelas de futbol, lo que no implica una prestación a favor del estado, sino que es una obligación debe cumplir como afiliado a la Federación Mexicana de Futbol; y el club también se compromete a proporcionar al gobierno del estado 400 boletos para los partidos.

Se entregó una obra de casi 800 millones de pesos a un particular a cambio de solo un palco en el estadio y dos cajones de estacionamiento como única contraprestación real, menciona.

El plazo del contrato es de 10 años, pero puede prorrogarse otros 10 y previo al vencimiento de la prórroga el club tiene derecho de preferencia y primera opción para renovarlo con los que se pretende perpetuar al club en el aprovechamiento del inmueble.

En un recurso de inconformidad resuelto el 13 de octubre pasado, la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñónez, resuelve revocar el no ejercicio de la acción penal dictado cuando Ríos Estavillo era Fiscal General y Reyna Angulo Vicefiscal Anticorrupción.

Artículo publicado el 03 de diciembre de 2023 en la edición 1088 del semanario Ríodoce.