La presentaron diputadas de Morena por posible corrupción y responde que no tiene nada en sus archivos; interviene la CEAIP
Sara Bruna Quiñónez Estrada pasó de ser la “jueza de hierro” a Fiscal General del Estado que, violando la Ley de Acceso a la Información, oculta la denuncia que presentaron diputadas de Morena por posible corrupción en el gasto de más de 700 millones de pesos en la construcción del estadio de futbol Kraken, en Mazatlán, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, a pesar de que CEAIP le ordenó dar una versión pública.
Tras una solicitud vía Ley de Acceso a la Información presentada por Ríodoce, la FGE informó no contar con ningún dato de la denuncia y en un recurso de revisión ratificó a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) que no tenía información.
En la resolución del recurso de revisión la CEAIP ordenó a la Fiscalía hacer una búsqueda exhaustiva y de estar concluido el expediente proporcionar una copia en versión pública e hizo un apercebimiento a la FGE por responder la solicitud fuera del marco de la Ley; pero Quiñónez Estrada se resiste y no ha respondido a pesar de que el plazo para contestar ya venció.
El Kraken fue construido por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y en 2020 cedió la explotación y administración del inmueble durante 10 años al club Atlético Morelia, de Ricardo Salinas Pliego, a cambio de que la empresa invirtiera 70 millones de pesos en escuelas de futbol en Mazatlán, un palco y 400 boletos gratis en cada partido.
El 21 de abril de 2021, las entonces diputadas de Morena de la Comisión de Juventud y Deporte, Graciela Domínguez Nava, hoy secretaria de Educación Pública y Cultura; y Yeraldine Bonilla Valverde, hoy subsecretaría de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública, presentaron una denuncia en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE.
La denuncia fue contra el Subsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Ismael Carreón Ruelas, y quien resulte responsable, y fue recibida por la entonces titular de la Vicefiscalía Anticorrupción, Reyna Angulo Valenzuela; y la Vicefiscal General del Estado, Nuria Alejandra González Elizalde, en el edificio de la FGE en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Un día después de presentar la denuncia, las diputadas y el diputado José Rosario Romero, Coordinador del grupo parlamentario de Morena, dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso del Estado para informar.Explic
aron que la denuncia fue por posible corrupción en la inversión realizada en el estadio de fútbol de Mazatlán con recursos públicos y su cesión a particulares.
“Dentro del marco de nuestra competencia como diputados y diputadas, desde morena hemos solicitado continuamente información precisa y puntual al Gobierno del Estado sobre esta inversión con recursos públicos, así como del contrato firmado con el particular que ahora maneja este inmueble. Al no recibir respuesta satisfactoria, hemos decidido acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para solicitar que se inicie un proceso de investigación pues consideramos que existen los elementos suficientes”, dijo Yeraldine Bonilla.
Graciela Domínguez mencionó que el contrato de administración que se firmó el 22 de junio de 2020 entre el Gobierno del Estado y la empresa a la que se le cedió el inmueble, es insultante y grotesco para todos los sinaloenses.
“Se trata de un contrato leonino, que fue inventado para eludir que el Congreso del Estado resolviera el caso en el marco de la Ley”, indicó.
Mencionó que fue presentada contra el subsecretario, Carreón Ruelas, por firmar el contrato de cesión entre gobierno y la empresa a la que “regalaron este estadio” y contra quienes resulte responsable por posibles actos de corrupción.
Comentó que “esperamos que la autoridad correspondiente de atender y velar por los intereses de los sinaloenses ante posibles actos de corrupción, en este caso estamos hablando de más de 700 millones invertidos en un estadio de uso privado de privilegios, de ganancias para privados y no para los sinaloenses, pues pedimos que la Fiscalía Especializada asuma con propiedad este caso y puedan hacerse las investigaciones correspondientes”.
Aseguró que había elementos por eso presentaron la denuncia y pedían que interviniera la Fiscalía, en ese entonces encabezada por Juan José Ríos Estavillo.
Dos años después, la dependencia con Sara Bruna Quiñonez como titular, dice no tener ninguna información.
El 22 de marzo de este año, Ríodoce solicitó a la FGE mediante una solicitud de acceso a la información informara el estado que guarda la denuncia presentada por las diputadas en 2021 y en caso de estar concluida proporcionar copia del expediente en versión pública.
El 12 de abril la FGE solicitó una prórroga de cinco días para responder y el día 19 contestó que no tenía información.
“Una vez concluido el proceso de búsqueda con los criterios previamente establecidos en los bancos de información digital de esta institución, sin omitir que se deriva del registro que realiza en los sistemas, el personal de las diferentes áreas en el ejercicio de sus funciones. No se cuenta con la información de acuerdo al criterio solicitado”, señala la respuesta.
El 12 de mayo, se presentó un recurso de revisión en la CEAIP por la negativa de la FGE de proporcionar información y fue admitida.
La CEAIP notificó a la FGE el inicio del procedimiento y la Fiscalía ratificó la respuesta de que no contaba con información.
“Se confirma una vez más que esta Fiscalía General del Estado hizo llegar oportunamente al peticionario la respuesta de la solicitud formulada, conforme a Io estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”, estable el informe.
Tras hacer un análisis, los comisionados de la CEAIP establecieron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene por objeto planear y conducir las acciones encaminadas a la atención, investigación y persecución de los hechos que la ley penal señala como delitos cometidos por servidores públicos en perjuicio del servicio público por lo que se presume la existencia de la información solicitada en poder de la FGE al corresponderle investigar y perseguir delitos.
La respuesta que dio la FGE, indica, es insuficiente pues no se realizó una búsqueda exhaustiva; y, además, si la información es inexistente, el Comité de Transparencia de la FGE debió dar una resolución fundada y motivada en la que declarara la inexistencia.
“A fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, lo procedente es revocar la resolución administrativa traída a revisión”, determinó la CEAIP.
La CEAIP ordenó a la FGE realice una búsqueda exhaustiva de la información y de respuesta sobre el estado que guarda la denuncia y en caso de estar concluida proporcione una versión pública del expediente.
De persistir la inexistencia, detalla, la FGE deberá proporcionar una resolución debidamente fundamentada y motivada, en la que consten los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo y la circunstancia de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia.
La CEAIP, además, hizo un apercibimiento a la FGE debido a que incumplió con la Ley de Transparencia ya que, para responder la solicitud, pidió una prórroga que no fue aprobada por el Comité de Transparencia de la institución.
Al no estar aprobada por el Comité, la prórroga es inválida, señala, por lo que se considera que la FGE respondió la solicitud fuera del plazo que establece la Ley.
“Esta Comisión procede a apercibir al sujeto obligado para que en lo sucesivo la Unidad de Transparencia cumpla con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al tramitar y dar respuesta a las solicitudes de información, y en caso de persistir en su omisión se le aplicaran las medidas de apremio correspondientes”, indica.
La resolución de la CEAIP fue notificada el 30 de agosto pasado y dio a la Fiscalía un plazo de cinco días para dar respuesta y hasta la fecha no lo hecho.
Artículo publicado el 29 de octubre de 2023 en la edición 1083 del semanario Ríodoce.
