Aprueban reformas que permitirán el desalojo inmediato de agresores del domicilio conyugal

VIOLENCIA EN CASA. Delito imparable.

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas que harán posible que mediante una orden de protección de emergencia, agresores desocupen de manera inmediata los domicilios conyugales.

La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, hará posible el desalojo de los agresores independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmuebles, incluso en los casos de arrendamiento

Las modificaciones al marco legal buscan garantizar la seguridad personal de la víctima y de su entorno familiar, se ordene la desocupación inmediata del agresor con el fin de garantizar la seguridad personal de la víctima y de su entorno familiar.

En la exposición de motivos, los diputados plantearon que las reformas tienen la finalidad de agilizar las órdenes de protección y con ellos evitar homicidios al interior de las familias.

Con las reformas, las órdenes de protección deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.

Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, a través de la emisión de una medida u orden de protección.

Estas reformas y adiciones son con la finalidad de contar con un ordenamiento jurídico que permita mitigar la violencia contra las mujeres, mediante la implementación de órdenes de protección que sean efectivas, preventivas, precautorias para que las mujeres víctimas de violencia sean protegidas y no pongan en riesgo su integridad, libertad o su vida, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

La iniciativa de reforma fue enviada por el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

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