Los integrantes del Comité de Adquisiciones de la segunda administración de Luis Guillermo Benítez Torres fueron vinculados a proceso penal por presunta compra irregular de 2 mil 136 lámparas a la empresa Azteca Ligthting por 400 millones de pesos.

Durante alrededor de siete horas la Fiscalía General del Estado formuló imputación por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Del monto total del contrato el Ayuntamiento solo pagó 60 millones 129 mil 204 pesos de adelanto y la empresa no entregó ningúna luminaria.

Los imputados son el ex director de Servicios Públicos, Jose David Ibarra Olmeda; la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Nárvaez; el ex director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez; y el ex regidor, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

En la audiencia la Fiscalía leyó testimonios de trabajadores del Ayuntamiento que describen al Químico como prepotente y al que tenían que cumplirle todo lo que pedía porque si no lo hacían los corría.

La Vicefiscalía Anticorrupción dio a conocer supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación y en la firma del contrato, que debió adjudicarse por licitación.

El Comité decidió comprar las lámparas por adjudicación directa a Azteca Ligthting en marzo de 2022.

De acuerdo con la FGE hay un acta de la sesión del Comité, pero es falsa porque no sesionaron y solo pasaron los documentos a los miembros para firmas.

La jefa de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Klerya Hermosillo, era quien llevaba los documentos para que los firmaran, por órdenes del alcalde.

Los fiscales presentaron el testimonio de Miguel Luis Lizárraga, quien en ese entonces era director de Servicios Públicos.

El ex funcionario declaró que los documentos del expediente de adjudicación, como el estudio de mercado, e incluso el contrato, los hacían en Azteca Ligthting y solo los llevaban al Ayuntamiento para que les pusieran los sellos de la Dirección de Servicios Públicos y simular que los habían redactado ahí y luego los pasaban a los miembros del Comité para que los firmaran.

Mencionó que cuando Klerya le llevó los documentos de la adjudicación, observó el monto de la compra y se negó a firmarlo porque le podría causar problemas y un día después el Químico lo destituyó y lo mandó a otra área.

En su lugar el alcalde nombró a quien era su chofer y ahijado José David Ibarra Olmeda.

El entonces secretario del Ayuntamiento y actual alcalde, Édgar González Zatarain, declaró que él no participó en el en proceso de adjudicación y firma del contrato.

Señaló que a su oficina llegó una copia del contrato para archivo y ahí se dio cuenta que estaba su firma por lo que presentó una denuncia por falsificación.

Comentó que habló con el Químico y éste se molestó y le dijo que como presidente él tomaba las decisiones y si no estaba de acuerdo que renunciara.

González Zatarain presentó su renuncia y dejó de ir al Ayuntamiento, pero el Químico la rechazó y le pidió que regresara y desde entonces tuvieron confrontaciones.

En la audiencia la FGE dio a conocer que hicieron un peritaje sobre la firma de Édgar en el contrato y es falsa.

De acuerdo con la Fiscalía para justificar la excepción de la licitación simularon un estudio de mercado presuntamente realizado por Ibarra Olmeda, pero según testigos fue hecho por Azteca Ligthting.

Ibarra Olmeda, dijeron los Fiscales, no tiene preparación para hacer estudios de mercado ni dictámenes técnicos pues no cuenta con cédula profesional que lo avale y antes de ser servidor público era chofer de Benítez Torres.

En el estudio pidieron cotizaciones a cinco empresas y a Azteca Ligthting y solo ésta última cumplió los requisitos por que las características que pedían eran de lámparas de las que ellos tienen la distribución exclusiva.

Las otras cinco empresas a las que solicitaron cotizaciones son comercios pequeños que no tendrían capacidad para surtir las lámparas.
En el expediente de adjudicación señalaban que con esas lámparas ahorrarían energía, mejorarían la imagen del puerto y tendrían garantía total por 20 años.

La Fiscalía señaló que consultaron personal del Servicios Públicos del Ayuntamiento y las lámparas de vapor de sodio que están instaladas en la ciudad consumen 300 watts y las de Azteca Azteca Ligthting consumen 400 watts.

Señalaron que en el contrato la garantía no es total porque solo incluye reposición por defectos de fábrica y robo y no por desgaste por el tiempo.

El contrato establecía que se haría un anticipo de 120 millones 259 mil 26 pesos en abril; un pago de 13 millones 394 mil pesos cuando entregaran 800 lámparas, otro de 133 millones 394 mil 791 pesos en abril de 2023 y una cantidad similar en abril de 2024.
En abril de 2022 pidieron a la directora de Egresos, Antonia Jasso, hiciera el pago del adelanto pero ella se negó y renunció para evitarse problemas, declaró la ex funcionaria.

En su lugar pusieron a otra persona que sugirió pagar el adelanto en dos exhibiciones debido a que no tenían recursos y su propuesta fue aceptada.

El 20 de abril hicieron un pago de 60 millones 129 mil 620 pesos y el otro tendría que hacerse en septiembre pero ya no se realizó debido a que ya había intervenido la Auditoría Superior del Estado y ésta detectó que las lámparas todavía no eran entregadas.
La empresa señaló que no había entregado las luminarias debido a que el municipio no pagó el adelanto completo y no tenía derecho a reclamar.

En las investigaciones, la FGE declaró a un trabajador del Ayuntamiento que dijo que en contratos anteriores simulaban la entrega de las luminarias.

Mencionó que a él lo mandaban a un taller de Azteca Ligthting y tomaba fotos a las lámparas para simular que estaban en el taller municipal y firmaban un acta de entrega recepción.

Después de eso, indicó, el Ayuntamiento liberaba el primer pago a la empresa y empezaban a fabricarlas.

El juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que los datos de prueba eran suficientes para vincularlos a proceso.

Las personas que firmaron el acta de adjudicación iban llegando a sus puestos y quizás por presión decidieron tomar el riesgo, pero hubo otros que prefirieron renunciar, dijo.

Como medida cautelar impuso la prohibición de salir del país sin autorización y acudir cada mes a firmar.

Por solicitud de la defensa concedió un plazo de 4 meses para cerrar la investigación.

El ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga también serán imputados por la misma compra el próximo mes.