La Fiscalía General de la República falló en la acusación contra Pedro Alfonso “N”, integrante de Los Dámaso y presunto sucesor de Dámaso López Núñez, el Licenciado.

El Moreno 14 o Comandante 14, fue detenido en 2017 en la sindicatura de Eldorado, perteneciente a Culiacán, y acusado de secuestro, pero la FGR no lo pudo acreditar y fue sentenciado por privación ilegal de la libertad.

La víctima era un hombre de 66 años, privado de la libertad en Los Cabos, Baja California Sur, y trasladado en una panga a la sindicatura de Eldorado, donde permaneció en cautiverio un mes.

El Moreno 14, según la FGR, era el líder del grupo de sicarios que operaba en Eldorado y mantenía una red de halcones.

Tras la detención del Licenciado, en la Ciudad de México, la Fiscalía consideró al Moreno 14 como su sucesor en el liderazgo del grupo.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada tenía una investigación sobre él y luego de obtener datos de su posible ubicación, solicitó una orden de cateo.

Cuando ejecutaron el mandamiento judicial, circunstancialmente encontraron a una persona que tenía secuestrada.

Junto con el Moreno 14 fueron detenidos José Fernando “N”, Ramón “N”, Brayan Guadalupe “N”, Manuel Raymundo “N” y Jennifer Deyanira “N”.

Después de cinco años se celebró el juicio oral por el delito de secuestro, pero el delito fue reclasificado a privación ilegal de la libertad y sentenciados a seis años un mes y tres días de prisión y al pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización y al pago de la reparación del daño.

De acuerdo con documentos judiciales, la FGR no demostró que se trató de un secuestro con la finalidad de obtener un beneficio económico, pero sí se acreditó la privación ilegal de la libertad.

La carpeta de investigación fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, el 24 de abril de 2017.

Luego de ser liberado, la víctima narró que él y un trabajador se encontraban en un predio de su propiedad en Santa Rosa, en Los Cabos, cuando llegaron cuatro personas armadas, con vestimenta azul e insignias de la Policía Estatal.

Los hombres le apuntaron con una arma y le dijeron que tenían una orden de aprehensión y que se tirara al suelo.

Luego lo subieron a un vehículo y lo llevaron a una playa, a donde llegó una panga y se lo llevaron a otro lugar; cuando llegaron a tierra lo bajaron de la embarcación y lo subieron a un vehículo y lo trasladaron a un domicilio.

Detalló que a la vivienda donde lo tenían llegó una persona a la que le decían “el licenciado”, que lo maltrató con golpes en la cabeza y lo trasladó a una playa en la que lo mantuvieron cuatro días en la caja de una camioneta.

Después lo llevaron a otro inmueble donde lo empezaron a tratar mejor y le permitían que se aseara; incluso, le daban un sombrero para que se tapara y lo sacaban a pasear en un vehículo y sus cuidadores llevaban radios y se comunicaban con los ocupantes de otros vehículos para advertirse dónde había “federales”.

Un mes después, Hilario fue liberado de manera circunstancial, en un cateo.

El 24 de mayo, aproximadamente a las 8:20 horas personal de la Fiscalía General de la República ejecutó el cateo en una casa en la avenida Ferrocarril, entre las calles Vicente Guerrero e Ignacio Allende, en la colonia Mariano Matamoros, en la sindicatura de Eldorado.

Uno de los agentes que participó en el operativo, narró que al llegar los atendió una persona y tras explicarle el objeto del cateo, designó a dos testigos.

En el lugar había dos menores de edad, por lo que llamaron a un familiar para que acudiera por los niños.

Una vez que retiraron a los menores del sitio empezaron el cateo y en el área de la sala, detrás de un sillón había una arma larga, sobre una mesa había computadoras, memorias USB y cartuchos; en una recámara encontraron una arma corta y narcótico; en otra habitación hallaron narcóticos.

Cuando se dirigían a la tercera recámara, dijo el agente, escuchó gritos de auxilio y al ingresar observó a dos personas sentadas cada una en una cama y a la altura de los pies tenían a un hombre adulto mayor tirado boca abajo.

El hombre manifestó que desde hacía un mes estaba secuestrado en ese lugar.

El personal de la Fiscalía se comunicó a la Fiscalía de Baja California Sur,donde les confirmaron que tenían una carpeta de investigación por el secuestro de Hilario.

En la habitación aseguraron dinero en efectivo y una báscula gramera.

En un juicio oral fueron sentenciados por privación ilegal de la libertad y no por secuestro como acusó la FGR.

La Fiscalía no probó más allá de toda duda razonable los hechos materia de la acusación, en cuanto a la figura típica del delito de secuestro, quedando probado el delito de privación ilegal de la libertad, señaló el juez.

El juez señaló que la privación de la libertad de la víctima se prolongó por 30 días, y que su liberación no fue por un acto unilateral de sus accionantes, sino de la intervención circunstancial de las autoridades ministerial y policiaca, que de no haber entrado al domicilio cateado, quizá se continuaría en la prolongación de la privación de su libertad.

La FGR apeló la sentencia y el pasado 12 de septiembre el Tribunal Colegiado ratificó la sentencia por privación ilegal de la libertad.

Artículo publicado el 02 de octubre de 2022 en la edición 1027 del semanario Ríodoce.