En reacción a la investigación periodística “Ejército Espía”, en la que participaron Artículo 13, R3D, Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias, con apoyo de Citizen Lab, la Sedena afirmó que tiene la facultad de realizar labores de “inteligencia” con “recursos humanos y herramientas tecnológicas” para luchar contra la delincuencia organizada, pero negó haber espiado a “defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas”, y sostuvo que solo utilizó el spyware Pegasus entre el 27 de junio de 2011 y el 24 de agosto de 2013.

Sin embargo, el comunicado difundido en la tarde de este martes solo marca la postura institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no desmiente ningún elemento de la investigación, como el contrato para un “servicio de monitoreo remoto de información” que celebró en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, la cual contaba con una representación exclusiva de NSO Group para vender Pegasus a la Sedena, de acuerdo a Proceso.

La Secretaría tampoco explicó por qué negó en reiteradas ocasiones –a solicitantes de información, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, haber celebrado contrato alguno con esta empresa, el cual finalmente salió a la luz en uno de los documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya.

Antes de publicar “Ejército Espía”, Proceso mandó un cuestionario a la Sedena en nombre de los integrantes de la investigación, pero la Sedena acusó recibo, pero nunca contestó.

El comunicado de la Sedena no dio explicación sobre las evidencias que se han acumulado en varios años, y que demuestran que la institución castrense no solo empleó Pegasus hasta 2013, sino que utilizó el spyware durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

En 2017, Aristegui Noticias publicó una serie de facturas que la Sedena pagó a la empresa Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V., que en ese momento distribuía Pegasus a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En el informe que presentó el pasado 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) –una instancia de gobierno encabezada por Alejandro Encinas– reveló que la Sedena infectó con Pegasus los celulares de diversos actores de la desaparición forzada de los 43 normalistas en 2014, y que lo hizo a través de la empresa Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V.

La investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories –y en la que participó Proceso–, también mostró que la Sedena era uno de los usuarios más activo del spyware: tan solo entre mitades de 2016 y 2017, sus soldados ingresaron más de 6 mil números de teléfono en su plataforma, incluyendo los de los entonces gobernadores, y de algunos defensores de derechos humanos.