Un gobierno que valora la democracia habría usado toda la fuerza del Estado para aclarar y castigar los delitos cometidos en los procesos electorales locales de 2021 y los que han sucedido en 2024.

Los ciudadanos sabríamos con absoluta certeza quién hizo qué y tendríamos la seguridad de la aplicación de la ley en cada caso.

“De 2018 al 13 de abril de 2024 se han registrado en México 1 mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales. A este tipo de violencia la denominamos violencia político-criminal. En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”. Este es un párrafo de “Votar entre balas”, un proyecto de las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y Animal Político.

En Sinaloa no se han aplicado los recursos humanos y técnicos necesarios para resolver los secuestros y asesinatos políticos del 2021.

Si no se hizo, por falta de interés, es una pésima expresión extrema de negligencia y connivencia.

Si no se hizo, por carencias presupuestales, es una pésima muestra de gobierno fallido.

Peor aún es que la falta de resolución sea por ambas razones.

“A lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local mexicana.”

“Votar entre balas” nos indica que en el periodo de 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de violencia político-criminal, pero para el periodo 2018-2023 se incrementaron a 8 mil 361.

Es decir, en el transcurso de 10 años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, reportan Itzel Trejo y Sandra Ley.

La violencia crece. No se queda en el nivel que parece tolerable, no se queda en las formas con las que creemos posible convivir. Es innegable que la violencia no tiene límites.

La violencia va derramándose sobre horarios, territorios y ocupaciones que antes no tenía, y todo indica que seguirá avanzando.

El proyecto citado arriba da cuenta que aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección. Asimismo, los municipios con más ataques contra actores políticos exhiben menores niveles de participación electoral.

Nuestra libertad de elegir se ha ido empequeñeciendo.

Una consecuencia es que hemos aprendido a no ir a votar y a no ser funcionario de casilla.

“En conjunto, se trata del ejercicio de una violencia selectiva que le permite al crimen organizado: tener control de la esfera política, regenerar arreglos de protección informal de agentes de gobierno que le resultan esenciales para su subsistencia, acceder a más y mayores recursos, regular el acceso al poder e influir en la política pública, entre otras posibilidades.”

Esto es parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal que algunos estudios académicos refieren como parte del proceso de transformación del crimen organizado, mediante el cual los grupos criminales se vuelven gobernantes de facto en las comunidades que buscan controlar (Arias, 2017; Barnes, 2017; Albarracín, 2018; Lessing, 2021, Trejo y Ley, 2022; Trudeau, 2023).

Se ha profundizado la fuerza política del crimen organizado hasta alcanzar una fase superior. No cabe ya el consuelo de que “siempre ha sido así”. Ahora es peor, en cantidad y calidad.

Otra consecuencia es que el problema del crimen organizado no aparece en los discursos de los candidatos de Sinaloa, salvo escasas excepciones.

La deliberación política electoral no incluye el problema central de los ciudadanos sinaloenses.

La agenda de la mayoría de los partidos está lejísimos de la agenda de la gente.

Está vulnerada nuestra democracia.

La acción de gobierno tampoco aborda el problema de votar entre balas.

No se aclaran los hechos, la impunidad campea, no han elaborado planes de prevención y protección de la violencia político-criminal, no se han generado mapas de riesgo, no se han identificado tendencias y objetivos y no se han desarrollado medidas tanto de comunicación como de seguridad que den, a las y los votantes, garantías para su participación, como recomiendan las organizaciones mencionadas.

El autoritarismo posibilita la violencia político-criminal.

Los gobernantes y los partidos autoritarios procuran siempre la eliminación de quien piensa diferente a ellos.

No reconocen legitimidad a su oposición, la demonizan, la identifican como la representación del mal, la causa de los problemas.

Terriblemente, no empatizan con los opositores ni cuando son víctimas, salen a pelear con ellos hasta cuando su dolor es expresión de un cáncer social.

Violencia político criminal, autoritarismo, gobierno fallido, bocas cerradas, problemas normalizados, soluciones censuradas, resignación.

Quien vea las campañas, la deliberación pública y las encuestas verá que ya aprendimos a hacer como si no pasara nada.

Vamos a tener que cerrar fuerte los ojos porque se está amenazando más, secuestrando más, asesinando más, en más horarios, a más tipos diferentes de personas, desde más posiciones de poder, con más fuerza, de más formas y cada vez más cerca de todos nosotros.

Artículo publicado el 21 de abril de 2024 en la edición 1108 del semanario Ríodoce.