Fraude con casas habitación

TRÁMITES FALSOS. Una estafa a la vuelta de la esquina.

En esta colaboración decidí compartir con ustedes el conocimiento cercano y detallado de una modalidad de fraude con el que verdaderas bandas de delincuentes se han apropiado con engaños de los ahorros de las familias, en una forma tal que no obstante que los maleantes están bien identificados, siguen operando en total impunidad y el dinero despojado se pierde y son muy escasas las posibilidades para su recuperación.

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A diferencia de la estafa en la que participaron autoridades judiciales del estado de Nayarit, de la que se dio cuenta en este semanario, en esta mecánica del fraude participan personas no vinculadas con el gobierno y por excepción, en algunos casos, se cuenta con la complicidad de empleados menores de las oficinas públicas relacionadas con el Catastro, el Registro Público de la Propiedad, empleados de juzgados y gestores que ofrecen “servicios notariales”.

La ruta del delito, es ofrecer casas a precios muy atractivos justificando la “ganga” en el hecho de que son inmuebles que el “banco está rematando”, además de que un “funcionario bancario”, al que se tiene que gratificar, “ayuda” para que el avalúo final resulte por debajo del valor real.

Los fraudeadores piden anticipos que van de los doscientos a trescientos mil pesos, con la promesa de que en “tres o cuatro meses, cuando mucho”, el banco procederá a desalojar a los deudores y estará en condiciones de recibir el pago total (siempre muy barato) y otorgar las escrituras.

En muchos casos, como elementos de convencimiento, muestran a los interesados copia de expedientes judiciales donde aparece que efectivamente ese bien está en proceso de ejecución, copias de escrituras y fichas catastrales y cartas apócrifas en papel membretado de los bancos, donde “autorizan” como intermediarios a los oferentes.

A cambio del enganche, los supuestos representantes de los bancos, firman un contrato privado en el que se comprometen a tramitar la escrituración y por medio de “gestores” de notarías proceden a la ratificación de firmas ante notario, con lo que aseguran a los clientes que la operación es segura con ese documento “notariado”.

Obvio que pasan los “tres o cuatro meses” y no hay escrituras y los supuestos representantes bancarios pasan a la etapa de dar largas inventando pretextos que normalmente tienen que ver con acontecimientos públicos, como que “por la inflación los bancos están haciendo unos ajustes”; “no ha salido la orden del SAT para hacer las escrituras porque todos estaban concentrados en la Reforma Eléctrica”; “El presidente ya se va a reunir con los del Banco de México para dar la orden”; “hubo cambios de jueces y magistrados en el Supremo Tribunal y vamos a dar un tiempo para que se acomoden y empiecen los lanzamientos”.

Después de mucha insistencia y el rosario de mentiras, siempre relacionadas con la intención del gobierno de facilitar la compra de casas como señuelo, organizan una conferencia telefónica en altavoz con “el licenciado que está viendo todo esto por parte de presidencia”.

En altavoz, se pone al teléfono una persona con acento capitalino explicando que los bancos están en un programa ordenado por el presidente en favor de la gente y que López Obrador está preocupado porque se han presentado algunos inconvenientes pero ya va a intervenir directamente para exigir a los bancos que resuelvan.

Pasa le tiempo y el afectado va a la notaría en la que se hizo la ratificación de firmas donde le dicen que ese documento no es una escritura y que lo único que se hizo ahí fue certificar que se firmó en presencia del notario pero que si quiere demandar tiene que ir a un juzgado o al Ministerio Público.

Si después de meses de insistir los defraudados deciden presentar una denuncia o una demanda civil, se encuentran con que difícilmente un buen abogado decide tomar un negocio de poca monta y si lo toman, justamente empiezan a cobrar honorarios los que difícilmente el afectado se decide a pagar para no meter, como se dice, “mas dinero bueno al malo”.

Solo en algunos casos en los que la víctima puede acceder a un “padrinazgo” que por vías de hecho tenga la capacidad de reclamar a los defraudadores, es como termina recuperando su dinero, evitando el largo, caro y tortuoso camino de los tribunales.

Son muchos casos y ameritaría que la Fiscalía del Estado pudiera destinar y capacitar un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público para recibir denuncias y apoyar a las familias que están siendo despojadas del producto de su trabajo por delincuentes que siguen operando sin temor alguno con la seguridad de que sus delitos quedarán impunes.

Si tal no sucede, quizá que esta información alerte y evite en algún caso que más personas sean víctimas de este fraude maquinado… Esperemos.

Artículo publicado el 22 de mayo de 2022 en la edición 1008 del semanario Ríodoce.

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