Conmovidas hasta las lágrimas las viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber, celebraron la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Publica que permitirá mejorar el pago de sus pensiones.

El dictamen aprobado especifica que los familiares del agente que fallezcan por riesgo de trabajo tendrán derecho al cien por ciento del salario que estén devengando al momento de ocurrir el deceso.

Se detalla además que por única ocasión, los agentes pensionados de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública, o en su caso los beneficiarios que se encuentren recibiendo una pensión de homologación a los activos al momento de entrada en vigor de la reforma, tendrán el derecho de elegir entre la actualización anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de enero de cada año, más el uno por ciento; o bien recibir los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos términos en que los reciban los agentes activos de acuerdo a la plaza y categoría.

Los beneficiarios de las pensiones deberán manifestar su decisión por escrito ante la autoridad competente en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

De acuerdo con el texto del decreto, aprobado en forma unánime por todas las fuerzas política representadas en el Congreso del Estado, el gobierno estatal y los municipios reconocerán la suma de años laborados en las instituciones de seguridad pública de los elementos que hayan prestado su sservicios en cualquiera de los órdenes de gobierno ya sea estatal o municipal.

El decreto especifica que de acuerdo con la celebración de un convenio, se establecerán los porcentajes de aportaciones solidarias ente las partes, tomando en cuenta el tiempo que los elementos han laborado en cada institución.

La elaboración del dictamen tomó en cuenta las iniciativas de ley que presentaron con anterioridad, la diputada Angélica Díaz Quiñonez y Víctor Antonio Corrales, y otra iniciativa planteada por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez.

La aprobación del dictamen se realizó en una prolongada sesión que tuvo un receso de alrededor de tres horas para detallar los términos del decreto que fueron precisados de último momento.

En su participación en tribuna, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica Díaz, expuso que se buscó proporcionar a los familiares de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber una pensión digna y elevar la calidad de vida de quienes la reciban.

Precisó que entre las propuesta que se retomaron fue que la pensión que reciban los beneficiarios se pague en un plazo no mayor a tres meses a partir de la fecha del fallecimiento del integrantes de la corporación policial.