Nueva orden de captura para empresarios azucareros por fraude de 2 mil 500 mdp

ELIZONDO Y DE LA VEGA. ‘Protección política’.

Un empresario regiomontano judicializó un caso de fraude a los empresarios locales Héctor Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, propietarios de la desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis, y a José Manuel Arreola Macías, director jurídico de la empresa.

Javier Paredes, propietario de la empresa Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos S.A. de C.V. (Coppasa) y su equipo jurídico acusó a los mochitenses de un fraude por 6 millones de pesos y un quebranto por 2 mil 500 millones de pesos por el incumplimiento en la entrega de azúcar refinada desde el 2014 al 2016, pese a depósitos realizados.

“Contrataron proveer un volumen fijo de azúcar a la empresa para su exportación, pero no cumplieron. Desde el principio del acuerdo sabían que no podían cumplir con el acuerdo comercial porque sus números lo revelaban, pero lo comprometieron, sabemos hoy. No tenían ni la superficie de caña sembrada ni la producción necesaria para satisfacer la demanda que se les planteó, pero mantuvieron el contrato”, explicó el abogado Misael Vázquez Castillo, representante legal de Coppasa, tras suspenderse la audiencia inicial en la sala A del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte por inasistencia de los inculpados.

No obstante, el magistrado Luis Nicanor Barajas Peregrina resolvió desahogar una audiencia privada con la fiscal adscrita para analizar dos cajas de documentos que contemplan la imputación de fraude y quebranto económico. Tras casi tres horas de alegatos, el juez dictó una orden de aprehensión en contra de los dos empresarios y su empleado, cayendo estos en calidad de prófugos.

ABOGADOS. Que el fiscal ‘no retrase los procedimientos’.

Vázquez Castillo reveló que la orden de aprehensión dictada se emitió para que sea la Policía Ministerial la que los busque y los presente ante el juez e inicie el procedimiento judicial en forma.

Consideró que la inasistencia de Elizondo Macías, De la Vega Valladolid y Arreola Macías es una treta jurídica para dilatar el desahogo, como ya lo hicieron en la audiencia inicial cuando justificaron la ausencia con un informe médico: Elizondo por malestar muscular; De la Vega, arritmia cardíaca y padecimiento coronario, y Arreola, impedido por salud.

Entonces, el juez otorgó a los demandantes intervenir las cuentas bancarias de 12 empresas de Elizondo Macías y De la Vega Valladolid. Entre ellas, Agrocapital del Noroeste, Tamandaro, Procavilt, y otras.

En esa primera audiencia, la defensa de los imputados intentó vetar al juez de la causa, acusándolo de parcial, a lo que el magistrado respondió que no hay argumento para decretarlo porque no está casado con las causas, las partes le son desconocidas y no le une parentesco alguno, además de que no eligió el caso. Por ello decretó no ha lugar la demanda, rechazándola.

A la nueva audiencia programada arribaron los abogados de los imputados, familiares y amigos, pero la tercia de indiciados no.

“Están pateando el bote, como una forma de dilatar los procedimientos porque no tienen el ánimo ni la voluntad de solucionarlo, pero les advertimos que no se van a detener. Lo más fácil es llegar a un acuerdo reparatorio, utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no quieren. Consideramos que están tanteando la protección política a la que sus familias están acostumbradas por la relación con los gobernadores.

“Queremos decirlo al fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, que no es mensajero, sino quien debe procurar justicia. Queremos que nos traigan y nos sientes aquí a los tres investigados, no que retrase los procedimientos”, afirmó Vázquez Castillo, en alusión a la posibilidad de que éste pretenda proteger a los imputados como lo hizo con el caso de Luis Puente Pérez, de sobra conocido.

Consideró factible solicitar la colaboración del Ejército o la Marina o de otras instituciones para el cumplimiento de la orden de aprehensión, si se da el caso de obstrucción por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sinaloa por presión de los poderes fácticos. “Creo que ese poder ya se les acabó”, dijo.

No obstante, consideró que si el gobernador Quirino Ordaz Coppel protege a los inculpados para evadir el juicio podrían utilizar sus relaciones comerciales de exportadores y lanzar una alerta a inversionistas para que reconsideren aterrizar en Sinaloa flujo de capital porque no hay certeza jurídica, y se protege al capital con mancha.
Afirmó que los procedimientos penales se han desahogado como lo marca el procedimiento nacional, por lo que aún confían en la justicia sinaloense, pese a las dilaciones de la defensa.
Los inculpados Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid, propietarios de la desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis, y José Manuel Arreola Macías, director jurídico de la empresa no han emitido declaración alguna del caso, aunque tramitaron un amparo para no ser detenidos.

Montos reclamados
Fraude: 6 MDD
Quebranto: 2 mil 500 MDP

Artículo publicado el 10 de junio de 2018 en la edición 802 del semanario Ríodoce.

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