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En Los Mochis, resoluciones a modo para consorcios gasolineros

Airados, los vecinos de la colonia San Francisco “tronaron” contra el Consejo de la Judicatura Federal por considerar que los jueces de distrito están a favor de consorcios gasolineros y en contra del ciudadano para afectarles el bien común.

Basaron sus imputaciones en que los jueces federales les dieron la razón jurídica al grupo Pilarica, que pasando sobre una norma municipal y el rechazo vecinal, construye, con el aval de los gobiernos priistas, una gasolinera en una zona residencial.

Milton Ayala Vega, representante legal de los colonos, dijo que apenas pensaron que los jueces de distrito pararían la construcción ilegal, fueron notificados que a los vecinos no les asiste la razón, pues no fundamentaron daño a la vida ni al medio ambiente en su petición.

Esto en la revocación de sentencia definitiva que les había concedido el Juez Sexto de Distrito en el juicio de amparo 449/2018 con el que pretendieron anular los permisos de uso de suelo aprobados en noviembre de 2016 y el permiso de construcción autorizado a finales de diciembre de ese año por el gobierno del priista Arturo Duarte García.

En la admisión del expediente que ocurrió en agosto del 2018 les concedieron la suspensión provisional y se ordenó la paralización de la obra, pero los empresarios desacataron el ordenamiento y levantando una pared de hule negro provisional, continuaron con la edificación, y finalmente, en diciembre de ese año, les revocaron el acuerdo previo por una queja que interpusieron los gasolineros.

“Son decisiones legales ambiguas que estamos combatiendo, pues debe privar un solo criterio en el Consejo de la Judicatura y no dos, como sucede”.

Afirmó que ahora intentarán otros mecanismos, pues se percataron que los jueces de distrito están a favor de los que incumplen las normas legales y que con argucias legales los benefician.

Además de los jueces de distrito a favor de los empresarios gasolineros, los residentes molestos acusaron que el Tribunal de Justicia Administrativa ha retardado la resolución del juicio 3848/2017.

Se recurrió al magistrado para que anulara los permisos dados por los priistas, pero a más de un año de iniciado el procedimiento éste no ha concluido. “Ignoramos el porqué del caso, pero sospechamos que se trata de una especie de trama para desesperar a los promoventes y que se olviden del caso. Pero eso no sucederá”, dijo Ayala.

Miguel Medina, colono en el sector, mencionó que ante el rumbo que ha tomado el caso han recurrido al cabildo actual para que de manera rápida revoquen los permisos dados por administraciones anteriores. “Aquí, los señores del dinero hacen y deshacen gracias a gobiernos corruptos”.


Su exigencia la basan en documentación que han reunido con el paso del tiempo y con la que acreditan que los concesionarios incumplieron los ordenamientos para la construcción de la gasolinera.

Entre otros, la violación a la carta de uso de suelo que exige que una estación de ese servicio no puede instalarse en zona residencial, a excepción de tener la anuencia vecinal. “Aquí nadie dio su consentimiento”; que las calles adyacentes deben tener un ancho de cuando menos 12 metros, siendo estas reducidas, y que entre una y otra instalación similar debe haber al menos una longitud de un kilómetro. “Nada de ello se cumplió, entre otras anomalías”, dijo Medina.

Los colonos recurrieron entonces al cabildo actual, y los regidores Fernando Arce Gaxiola, Héctor Vicente López Fuentes, Rosa María Ramos Solórzano, Alfonso Pinto Galicia, María del Socorro Calderón Guillén, Ariana Sulae Castro Bojórquez, Gerardo Amado López y Ramón López Félix acordaron actuar junto con la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, y llamar a Obras Públicas, Ecología, Protección Civil para que expliquen su proceder en la queja vecinal.

En conjunto, establecieron su compromiso, que indica, entre otras cosas que ‘no se necesita mucha inteligencia para que a simple vista, en una visita de observación ‘in situ’ se pueda concluir que la construcción de esa estación de servicio está más en razón de la ambición del dinero, de la soberbia del abuso del más poderoso sobre el más débil, que en la racionalidad de la necesidad de la existencia de ese servicio.

“Como representantes políticos de la ciudadanía, es menester no dejar sola a la ovación que hace de la lucha pacífica y jurídica el método de dirimir sus diferencias, no podemos permitirnos ser un gobierno indolente ante la posible imposición del abuso del poder sobre las mismas instituciones que nos hemos permitidos crear”, señala el documento.

Los regidores, junto a los vecinos se comprometieron a que la gasolinera del grupo Pilarica se retire de la colonia y se instale en otro punto de la ciudad, en donde cumpla con todos y cada uno de los lineamientos de ley.

Artículo publicado el 13 de enero de 2019 en la edición 833 del semanario Ríodoce.

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