De acuerdo con reportes de Integralia Consultores y Data Cívica, de 2018 a 2023 las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235%
El proceso electoral de 2024 se perfila como el más violento de la historia y con la posibilidad de que el crimen organizado intervenga como nunca antes, sobre todo en el ámbito municipal, coinciden consultoras.
Lea: Crimen de Román Quezada, con tufo político
De acuerdo con reportes de Integralia Consultores y Data Cívica, de 2018 a 2023 las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235 por ciento.
El Mapa de Riesgos de Intervención del Crimen en las Elecciones Locales de Integralia señala que, de septiembre de 2023, que empezó el actual proceso, al 28 de febrero de 2024 contabilizaron 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas, un promedio de 1.3 víctimas al día.
Menciona que Guerrero, Michoacán y Chiapas son las entidades que registran mayor cantidad de víctimas y es en esos estados donde se registran conflictos violentos entre diversos grupos criminales en más de una región.
El informe identifica que las entidades con riesgo muy alto de violencia son Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Chiapas y Morelos.
A Sinaloa lo ubica con un nivel de riesgo bajo y señala que hasta el 28 de febrero no se habían reportado agresiones, mientras que en la misma fecha del proceso electoral de 2021 se habían reportado tres.
Para evaluar el nivel de riesgo, la consultora consideró las lógicas micro locales con las que cuenta cada estado.
Ejemplifica que Jalisco se ubicó con riesgo muy alto, debido a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene el control de aproximadamente 80 por ciento de los municipios de la entidad, donde administra toda clase de economías a través de jefes de plaza; y en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, mantiene disputas, con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa Lima.
El CJNG, señala, aprovechará las elecciones municipales para mantener su hegemonía en la zona central de la entidad e imponerse en las fronteras.
Es probable que el crimen organizado intervenga, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024 debido a que hay diversos grupos criminales en conflicto armado, la diversificación de mercados ilícitos, y el número más alto en la historia de presidencias municipales en disputa, detalla.
Desde que inició el proceso electoral en septiembre del año pasado, destaca el asesinato de ocho aspirantes a cargos de elección popular, la mayoría a presidencias municipales.
Hasta febrero habían asesinado a Ricardo Taja Ramírez aspirante de Morena a la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero; a Alfredo Giovanni Lezama, aspirante del PAN a diputado local en Morelos; a David Rey Gonzáles, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas; a Sergio Hueso aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Armería, Colima; a Miriam Nohemí Ríos, aspirante de Movimiento Ciudadano a regidora del Ayuntamiento de Michoacán; a Samantha Gómez Fonseca, aspirante de Morena a senadora, en la Ciudad de México; a Marcelino Ruiz, aspirante del PRD a la presidencia municipal de Atlixtac, Guerrero; a Jaime Vera Alanís aspirante del partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco.
De las ocho personas asesinadas, seis aspiraban a una presidencia municipal, señala y “los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos como la colaboración de policías, operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales. La captura de los gobiernos municipales puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones”.
Data Cívica detalla que además de los homicidios, en enero el precandidato de Morena, Porfirio Hernández Aparicio, sobrevivió a un ataque con disparos mientras se encontraba en un establecimiento en Puebla. Dos precandidatos más fueron amenazados de muerte con mantas en Morelos: Lucy Meza, precandidata a la gubernatura de ese estado, y Ángel García Yáñez, precandidato a senador, ambos del Frente Amplio.
“Estos eventos nos muestran que la violencia política va más allá de los asesinatos, si bien ésta es la muestra más visible de la violencia política extrema, hay un importante número de precandidatos, autoridades ya electas, funcionarios y militantes de partido que son atacados mediante amenazas de muerte, disparos, secuestros, por grupos armados en búsqueda de influir en los resultados electorales”, indica.
Otro aspecto que muestra la violencia político-criminal durante enero, abunda, es que ésta no se limita a algunos partidos políticos en específico, sino que está afectando a todos en general, ya que, en el actual proceso electoral, los aspirantes asesinados eran dos de Morena, dos de Movimiento Ciudadano y del PRI, PAN, PRD y PVEM, uno de cada partido.
La violencia no está dirigida en contra de un partido político mayoritariamente, sino que se desata en contra de cualquier persona y partido que pueda poner en riesgo los acuerdos ilegales entre autoridades y crimen organizado, menciona.
El informe detalla que los estados con más eventos de violencia criminal-electoral de 2018 a 2024 son Guerrero con 187, Veracruz 162 y Guanajuato 160. Sinaloa se ubica como el décimo estado con menos eventos, con 20.
En el periodo de 2018 a 2024 se han registrado mil 657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Guerrero lidera la lista de estados con más asesinatos con 124, y le siguen Guanajuato con 121, Veracruz con 105, y Oaxaca con 89.
En el caso de Sinaloa señala que de 2018 a la fecha se han registrado los asesinatos de José Carlos Trujillo, regidor; Román Rubio ex candidato a diputado, Esteban López Beltrán ex coordinador de campaña y Adriana Janeth Medina ex regidora, además de 11 secuestros de colaboradores de candidatos y militantes de partidos.
En el proceso actual, Sinaloa suma un caso de violencia política con el asesinato de Román Quezada Anduaga, secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en El Fuerte, el pasado 3 de marzo.
Artículo publicado el 10 de marzo de 2024 en la edición 1102 del semanario Ríodoce.
