El abandono de las autoridades puede llevar a que pequeños comerciantes y empresarios, se armen hasta los dientes, asegura analista

La extorsión se ha convertido en el delito más rentable entre las bandas del crimen organizado, pues es un ingreso que entra libre de inversión, y donde lo único que hacen los delincuentes es acercarse a empresas o negocios, y amenazar al propietario para que pague una cuota; de lo contrario lo amenazan con hacerle un mal a él o a su familia, explicó Pablo Carstens Madero, consultor y analista de seguridad.

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Agregó: Y se trata de una actividad que afecta mucho a la sociedad, y contrario a lo que se cree, no sólo ocurre en zonas rurales, sino también en zonas consideradas seguras de Ciudad de México como Condesa, Roma, Coyoacán, San Ángel… y poco a poco se extiende por el país, incluyendo ciudades de Sinaloa, pues la autoridad no hace nada, sino que deja a la sociedad abandonada, provocando que muchos negocios suban los precios de sus productos o servicios.

“El problema más grande es que muchos negocios no están denunciando las extorsiones por temor a alguna represalia o por desconfianza en la autoridad, que al final no hace nada por los niveles de corrupción, y porque es un delito raro, ya que no hacen nada a la víctima, solo la amenazan, y ella entrega el dinero y ahí acaba todo, hasta que regresan por más dinero”, dijo el analista, quien es contratado por las empresas para negociar situaciones de crisis.

En opinión del analista, esa ausencia de Estado puede llevar a que pequeños comerciantes o empresarios, también se armen hasta los dientes para combatir ese delito por su cuenta, lo cual puede salirse de control si a los delincuentes les da por extorsionar a familias.

El pasado 8 de febrero, durante la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador Rubén Rocha Moya, dio a conocer que en Mazatlán delincuentes cobran el servicio de energía eléctrica a empresas e impiden que lo haga la Comisión Federal de Electricidad.

Explicó que los delincuentes colocan una marca y en esos lugares no pagan el servicio de energía a la CFE sino a ellos.

“Dicen: este que tiene sticker, tu trabajador de la Comisión, por favor no llegues”, indicó. Comentó que el problema ya está detectado y se está atendiendo.

“Esa, por supuesto, es una extorsión que se la hacen a una institución pública, a una empresa pública, porque finalmente a los habitantes le cobran lo mismo”, expresó.

Guillermo Gastélum Bon, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Sinaloa, dijo que, aunque tiene conocimiento de que esa actividad ha ocurrido en Mazatlán, en Culiacán hasta el momento no hay registro de que esté pasando, pues ninguno de los agremiados a ese grupo ha reportado casos de extorsión o intimidación.

“Eso no quiere decir que estamos seguros, simplemente que en los municipios de Culiacán, Navolato y Guamúchil no se han presentado denuncias por extorsión y ojalá que continue así, por eso el llamado es a la autoridad estatal para que se ponga a trabajar en ese tema, e investiguen lo que está pasando en el sur de Sinaloa”, dijo Gastélum Bon.

De acuerdo a Carstens Madero, el que en la zona centro de Sinaloa no haya registros de extorsión a negocios, no quiere decir que no haya ocurrido, pues es de dominio público que en el país todos hemos sido expuestos a la extorsión mediante las llamadas telefónicas, donde marcan a un teléfono cualquiera, y les dicen tener a un familiar de la persona con ellos, y que deben depositarles dinero para que no les hagan daño.

“Y no se trata de un chantaje, sino que alguien que llega a cualquier ciudadano y le dice que le harán daño a él o a su familia si no paga una cuota, pero, en cambio, si ‘cooperan’, brindarán protección a toda la familia” explicó el analista.

Miguel Ángel Murillo, del Frente Cívico Sinaloense (FCS), dijo que, aunque en Culiacán no tienen conocimiento de casos de extorsión, sí saben de personas y empresas que utilizan a gente ligada a grupos delictivos para que cobren deudas de una manera “narco judicial”, lo cual se vuelve en otra forma de extorsión, pues obligan a una persona a que entregue bienes o dinero para saldar una deuda.

“Lo que hacen es mandar a gente armada para asustar y amenazar a la persona para que pague una deuda, lo cual es una práctica meramente judicial. Es decir, hacen de lado al poder judicial y envían a narco cobradores para que se salden ciertas deudas, lo cual es muy grave, y son situaciones que raramente se denuncian”, explicó el activista.

Según expertos y medios nacionales, la extorsión en las grandes ciudades empezó con un cobro por derecho de piso a bares, restaurantes y antros de todo tipo, pero al ver lo rentable que era el negocio, los delincuentes migraron a otras empresas, incluyendo llanteros, farmacias, tortillerías, incluso, taqueros, y el modus operandi era que los delincuentes llegaban al establecimiento, y le decían que debían pagar por seguridad, de lo contrario le quemarían su negocio, y si no cooperaba, le harían daño a él, a sus empleados o a su familia.

“Si la persona aceptaba pagar, sería un pago de por vida, o mientras el negocio estuviera operando, además que, con la inflación, le irían subiendo la cuota, pero el problema va a ser cuando se acerquen con las familias, ahí el impacto será mayor”, abundó Carstens Madero.

Reporteros y fotoperiodistas de estados como Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, y Chiapas consultados para esta investigación, dijeron que la extorsión cada vez es más recurrente, y que la sociedad está cansada de la ausencia de Estado, y que se tiene conocimiento de zonas donde la gente ha empezado a tomar las armas para defenderse.

Artículo publicado el 18 de febrero de 2024 en la edición 1099 del semanario Ríodoce.