En Sinaloa las cosas se salieron de control y nos acercamos peligrosamente a los contextos criminales de Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas (y así podríamos mencionar a más de la mitad de las entidades del país), donde los grupos de la delincuencia organizada están poniendo más atención a las ganancias que pueden obtener de una variedad de negocios que no necesariamente tienen que ver con la producción y el trasiego de drogas, ni con el narcomenudeo. Los cárteles de la droga son, desde hace mucho en México, organizaciones multicriminales; tienen como soporte principal el tráfico de drogas, pero aprovechan sus estructuras –hombres y armas, sobre todo– para obtener ganancias de otros “giros”. Y muchos de estos “giros”, por desgracia, tienen que ver con la gente, con la población con los empresarios –grandes y pequeños–, con los comerciantes, con las personas, las mujeres…

La extorsión, como parte de estos “giros” se ha ido metiendo como la humedad en Sinaloa, despacio, pero sin parar. El Cártel de Sinaloa se distinguía porque no caía en esas prácticas bajo la idea de que era meterse con la población, con la gente que trabaja. Eran considerados en el gobierno federal como “narcos puros” y de esa manera se ganaban simpatías en todos los niveles del gobierno, negociaciones, acuerdos, apoyo para enfrentar enemigos en las guerras por las plazas. No secuestraban –no lo hacen todavía—no robaban autos –ahora están robando de todo tipo–, no cobraban piso, pero poco a poco han estado incurriendo en prácticas que tienen que ver con eso. Les cobran a las compañías mineras, en los campos agrícolas del sur cobran por la introducción de la vara que utilizan en la producción de chile y tomate, administran los módulos de riego para el control del agua…

Ahora esquilman al propio gobierno, según acaba de revelar el gobernador Rubén Rocha en la pasada sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al comentar que la delincuencia organizada está cobrando el consumo de energía eléctrica en algunos negocios, no la Comisión Federal de Electricidad.

Según dijo, los delincuentes ponen un sticker en el negocio –puede ser un hotel, un restaurante, un expendio de cerveza—y el empleado de la CFE sabe que no debe medir el consumo.

Lo que no reveló el gobernador es cómo funciona este negocio para la mafia. Y para los empresarios que acceden –por las buenas o por las malas—a ser parte de este “huachicoleo”. Pero el sistema funciona más o menos así: un empresario paga alrededor de 100 mil pesos mensuales, ahí está su historial, llega un mensajero y le dice ahora vas a pagar 10 mil pesos, nos vas a dar 30 mil a nosotros y te vas a ahorrar 60 mil. Y el recibo le llega por 10 mil. Lo cual significa que el problema no solo está afuera, en las calles, sino adentro, en la misma CFE.

Dijo el gobernador que el problema “ya se está atendiendo”. ¿Está relacionado con este tema el operativo de revisión que la CFE, acompañada de elementos del Ejército Mexicano, llevó a cabo en el hotel Varali, cuyo propietario es Guillermo Romero, aspirante a la presidencia municipal de Mazatlán por la coalición opositora. ¿Cuántos hoteles más van a revisar? ¿son muchos? ¿pocos? ¿20, 30, 100, 500? ¿Si detectan que el hotel Pueblo Bonito, o El Cid, o el Riu bajaron drásticamente el pago de energía eléctrica, van a ir a revisarlos también con el apoyo del Ejército? ¿O los de Quirino Ordaz? Hasta hace poco, los hoteles del ex gobernador Ordaz Coppel pagaban 300 pesos de agua potable como tarifa fija porque ni siquiera tenían medidor. Lo que paga cualquier vecino. ¿Cuántos hoteles están en la misma situación y por qué se permite? ¿quién los ha solapado?

En la práctica, lo que está sucediendo con el tema de CFE es una sustitución del gobierno por las organizaciones criminales. Y cuidado con eso, porque en los estados y municipios donde predomina la extorsión, los empresarios y comerciales hasta han dicho que prefieren pagarle al narco en vez de a Hacienda, que les sale más barato y que hasta reciben protección. No pagar, por supuesto, les saldría y a muchos les ha salido muy caro.

Bola y cadena
EL NARCO HA ESTADO REEMPLAZANDO al gobierno de muchas formas; de hecho, ya cuesta trabajo distinguir dónde está uno y dónde el otro y hasta qué niveles los intereses de uno y otro convergen en acciones que son de gobierno pero que favorecen a las organizaciones criminales: tesorerías, obra pública, recursos humanos –ya no se diga policías—son áreas que desde hace tiempo son codiciadas por el narco. Por eso su interés de tener alcaldes a modo, diputados a modo, gobernadores a modo. Y por eso el narco se ha convertido en un actor de primer orden en los procesos electorales. Lo vimos en 2021 en buena parte del país y lo veremos –si no es que está ocurriendo ya—en las elecciones que se avecinan, desde la designación de candidatos.

Sentido contrario
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aquel gallo al que no se le podía arrancar nunca una pluma, no se ha visto bien después de la publicación de los reportajes de Pro Pública y InSight Crime donde se establece, por lo menos, que fue investigado por EU sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial de 2006. Cierto o no, fue investigado, ese es el hecho. Pero con su forma de responder permitió que los que tiene enfrente batearan la pelota y lo hicieran perder el control de su agenda. Una pluma menos no es nada. Pero se la arrancaron.

Humo negro
ANTE LAS ARGUCIAS DE LOS funcionarios de la UAS acusados de corrupción y otras linduras para que los procesos judiciales no avancen, la fiscal Sara Bruna Quiñónez amenaza con usar la fuerza pública para hacerlos comparecer. ¿De verdad se atrevería? No lo creo.

Artículo publicado el 11 de febrero de 2024 en la edición 1098 del semanario Ríodoce.