El gobierno federal respaldó el reclamo de la Fiscalía General de la República (FGR), contra el Poder Judicial por la liberación de ocho militares acusados por desaparición en el caso Ayotzinapa.
Solicitarán a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.
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Señala que el Poder Judicial “se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”, además que no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
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Acusan a jueces de liberar a 62 acusados que fueron torturados, pero que “no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ’N’, actualmente prófugo en Israel”.
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Según el gobierno, la decisión de liberar a militares es para “favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
