El Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) informó que liberarán las instalaciones de la institución en las primeras horas de este sábado 13 de enero.
Señalaron que, tras una reunión con autoridades estatales, llegaron a un acuerdo para liberar las instalaciones para permitir el acceso a estudiantes y reanudar las clases.
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Sin embargo, apuntaron que las protestas se trasladarán a la “toma de algunas de las instalaciones estratégicas de manera particular, dentro de las mismas unidades regionales”, haciendo referencia a que no permitirán el acceso a las oficinas de rectoría.
El vocero del movimiento, Marco César Ojeda, dijo que hicieron una petición a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar casos de nepotismo dentro de la institución.
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En la petición, los inconformes manifiestan que la administración entre 2017 y 2020 incurrió en “prácticas ilegales de nepotismo y conflicto de interés para favorecer económicamente a familiares muy cercanos (a la rectora) con el ejercicio del presupuesto de la universidad, así como posible peculado con el presunto desvío de recursos”.
En un primer señalamiento informan que la universidad firmó contratos con el yerno de Díaz Camacho, Sixto Alberto Sánchez Gallegos, a través de la empresa Tecnología Naranja S.A de C.V.
Dichos convenios se hicieron en febrero del 2017, cuando ella recién ocupaba el puesto de rectoría.
“Lo que constituye un evidente caso de nepotismo al utilizar el presupuesto público para beneficio económico de un familiar directo”, expresaron.
Denunciaron que la exrectora utilizó su cargo para beneficiar a familiares en puestos académicos, como el caso de su hija Sylvia Adriana Estrada Díaz, quien es directora de Tutorías y profesora de tiempo completo; su cuñada Margarita López Bojórquez como subdirectora administrativa de la Unidad Guamúchil; y su nuera Diana Sofía Bojórquez Vargas, como directora de Antena Lince.
Los inconformes señalaron que de 2017 a 2020, la administración utilizó un esquema similar al caso de la “Estafa maestra”, al firmar un convenio por un millón de pesos con la delegación en Sinaloa de la Secretaría del Bienestar para impartir cursos que no se llevaron a cabo.
