La democracia no se limita al voto ni al funcionamiento de los congresos.

Una parte esencial es, también, el control ciudadano del poder, la vigilancia y la evaluación.

El componente insustituible de la democracia es que se gobierne deliberando con los ciudadanos, con sus representantes y con los contrapesos.

En un régimen democrático, el gobernante debe explicar, argumentar y escuchar las opiniones inquisitivas.

No hay funcionario intocable, incuestionable. Es parte de su trabajo atender reclamos y exponer sus razones.

Así es, insisto, la democracia.

Las críticas al poder pueden ser equivocadas, pero nunca ilegítimas.

En democracia, todos los ciudadanos tienen derecho a voz. No deben haber proscritos, ni inferiores, ni prohibidos, ni cancelados.

Pensar diferente al poder no es razón democrática para ser callado.

Solo el autoritario agrede a quien lo cuestiona. Su deber es replicarle con datos y razonamientos no descalificarlo en su persona.

Con ese fin democrático: hacer el escrutinio de la política pública, resalto la siguiente información e inicio una serie de artículos sobre los dos años del gobierno estatal.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo del gobierno federal que reporta que, en 2022, 59 mil sinaloenses vivían con piso de tierra, siete mil más que en 2020.

Así mismo, señala que 38 mil ciudadanos de Sinaloa habitaban con techos de cartón, diez mil más que dos años antes, cuando había otro gobierno estatal.

En el primer informe de gobierno no se da cuenta de ningún beneficiado con un piso o con un techo firme. En el segundo informe, tampoco.

Se menciona que existe un presupuesto para construir 284 acciones, que ayudarían a unas mil personas, pero no han construido ninguna, apenas han firmado un convenio, para hacerlo, entre dos dependencias del mismo gobierno estatal.

El CONEVAL notifica de 34 mil personas con casas de muros de cartón o plástico, 16 mil más que en la medición pasada.
Tampoco hay beneficiarios, en el primer tercio del gobierno estatal, con los muros firmes que necesitan, ni siquiera presupuesto programado.

La carencia más grave es la del hacinamiento, familias que viven en uno o dos cuartos, tres o más personas por habitación. Son 156 mil los sinaloenses que están así. Nueve mil más que antes.

En dos años ninguno de ellos ha tenido apoyo ni hay programa del estado para resolver su problema.

Tose y tose, entra polvo y viento caliente a su casa y a su boca. Fabricio, tres años. La Cascada se llama la colonia. Su camisetita está empapada de su sudor. A su edad enfrenta el clima de Culiacán con la nobleza de un indefenso y la valentía de quien no sabe que podría vivir de otro modo.

Su mamá me cuenta que su marido no toma cerveza, que por eso les alcanzó para comprar hule negro para recibir “los fríos”, al actual techo lo agujereó la lluvia.

El esposo es peón albañil, tiene 35 ladrillos que se ha traído de diferentes obras, “con permiso del maestro”. Aspiran a una casa diferente.

Es posible resolver el lacerante problema de la carencia de vivienda digna.

Se ha hecho.

La mayor disminución de la carencia de un piso firme en el país sucedió en Sinaloa entre 2008 y 2010, cuando dejó de afectar a 177 mil sinaloenses. El problema disminuyó de 219 mil a 42 mil personas. Un récord nacional de reducción de cualquier aspecto de la pobreza.

Es posible con autoconstrucción de los propios beneficiarios con asistencia técnica, con voluntariado de jóvenes, con innovación tecnológica, con estímulos fiscales a las empresas que participen, con mecanismos de crédito garantizado por el gobierno, esto es, hay muchas soluciones ya probadas.

La desaparición de los programas gubernamentales de subsidio a la construcción de vivienda social de empresas privadas ha causado que se edifiquen menos de estas casas que son adquiridas por trabajadores de salarios medios y bajos.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) estima que en Sinaloa hay un déficit de 176 mil viviendas de interés social.

En 2018, cuando se subsidiaba este tipo de casas, según el Registro Único de Vivienda, la iniciativa privada construyó 4 mil 478 de ellas.

En 2022, ya sin apoyo, solo se edificaron 2 mil 698 y, en los diez meses del 2023, 1 mil 976. Muchas menos que antes.

El segundo informe no se hace cargo de este problema, ni lo menciona, y, en consecuencia, no reporta haber hecho algo ni proponérselo.
Si los subsidios federales a la vivienda social fueron mal usados, habría que encarcelar a los delincuentes, no desaparecer el programa.

Es posible que Fabricio no tenga que esperar 38 años para tener piso firme, ese tiempo determinado por los presupuestos mínimos y los ritmos parsimoniosos actuales.

Es posible, convocando a la unión de los sinaloenses para crear, trabajar y resolver una carencia fundamental.

Proponernos esa gran misión, convertir la carencia en una causa común.

La deliberación democrática sirve para encontrar deficiencias y propuestas de solución.

Es posible que el problema no siga creciendo, como sucede ahora.

El segundo informe confiesa que, luego de dos años, no han podido terminar el programa estatal de vivienda; luego de 24 meses todavía no saben qué van a hacer.

Mientras, miles de niños viven mal, muy mal.

Como Fabricio.

Artículo publicado el 19 de noviembre de 2023 en la edición 1068 del semanario Ríodoce.