El 8 de junio del año en curso, la familia Alcaraz Sandoval denunció al notario público Manuel Lazcano Meza, además de cinco funcionarios del Gobierno del Estado de Sinaloa, y dos particulares ante la Agencia del Fuero Común Región Sur del Estado de Sinaloa, por el caso de La Escopama en Mazatlán.
Meses después, la resolución firmada por el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, ordena:

“En su oportunidad, publíquese en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’ la cancelación del ejercicio del Notario Público Manuel Lazcano Meza y archívese el expediente como asunto totalmente concluido”.

La familia Alcaraz Sandoval, dijo: “Lo incoherente de todo esto a pesar de ser correcto quitarle las herramientas para continuar siendo una amenaza pública al referido Manuel Lazcano Meza, el expediente inicia a raíz de un reportaje publicado el 4 de junio en Proceso y el 18 de junio en este propio semanario Ríodoce, ambas publicaciones en 2023 en relación con fraudes inmobiliarios y supuestas escrituras falsas, una del falso e inexistente poder de Lazcano Meza y otra de falsa e inexistente compraventa del extinto Andrés Caña Martínez”.

“A pesar de estar demostrada la falta de probidad y honradez de Lazcano, y que el supuesto poderdante llevaba más de veinte años muerto, aún así no se han revocado el movimiento catastral en que el director General de Catastro en el Estado, auxiliado de la directora Jurídica y del delegado de Mazatlán, cambiaron, improcedente e ilegalmente, a solicitud falsa de apoderado falso, la clave catastral de los predios de la Escopama en Mazatlán”, asegura.

Independientemente, agrega, de que el fondo del pedimento es improcedente y delictuoso, el mero hecho de utilizar un falso e inexistente poder hace inatendible la solicitud y, por ende, el propio director General de Catastro debe revertir las cosas a como estaban desde hace más de 50 años.

“Con Luis Alberto Alcaraz Viedas y Luis Alberto Alcaraz Sandoval como propietarios titulados ante Catastro, cosa que inexplicablemente aún no han hecho, a pesar de estar enterado legalmente ya el referido director General de Catastro, pues los implicados han presumido las escrituras falsas en procedimientos del fuero común y del fuero federal, hechos que en sí mismos constituyen delitos independientes que ya han sido denunciados”, argumenta.

El fiasco del notario público

La Dirección del Archivo General de Notarías (DAGN) tras ardua investigación descubrió lo que a la Secretaría General de Gobierno le costó una resolución:

“se revoca y se cancela el Fiat y la autorización para el ejercicio del Notariado, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, otorgados al licenciado Manuel Lazcano Meza, Notario Público número 149 en el Estado, con base en lo establecido por la fracción IV del artículo 160 de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa”.

Según el expediente DAGN/03/23 instaurado en contra de Lazcano Meza, la resolución fue dictada por el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez después de una investigación realizada desde el 1 de marzo al 31 de octubre de 2023 que comprobó la falta grave de probidad del hoy ex fedatario.

De acuerdo a dicho expediente la revocación del fiat a Lazcano Meza fue porque pretendió inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), ocho testimonios de escrituras públicas relativas a diversos contratos de traslación de dominio de inmuebles (compraventas y donaciones).

“En las cuales hizo constar que ante él comparecieron distintas personas ya fallecidas a la fecha asentadas en dichos instrumentos”, asegura la resolución.

La falta grave de probidad del notario público

La DAGN estudió las pruebas aportadas por el RPPC con base en el procedimiento consistente en los testimonios de las escrituras públicas, actas de defunción y constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Analizó las fojas 2 y 4 de la escritura pública número 52, 076, volumen LXIX, Libro 4, de fecha 27 de diciembre de 2021, la cual contiene un contrato de donación, que se afirma se celebró por Marco Antonio Beltrán García, en su carácter de donador e Hilaria García Favela como donataria.

La falta grave de probidad de Lazcano Ochoa se comprobó cuando vieron la foja 11 del acta de defunción, número de folio A25 6020095, expedida por la directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, donde leyeron que Marco Antonio Beltrán García murió el 8 de febrero de 2020.

La prueba indubitable de que Beltrán García murió antes de la fecha en que se celebró el contrato de donación la ofreció el CURP con número BEGM750406HSLLRRO1 expedida por la Secretaría de Gobernación el 13 de febrero de 2020.

Otro ejemplo es la “escritura pública número 54, 783, volumen LXX, de fecha 18 de octubre 2022, la cual contiene un contrato de compraventa en apariencia celebrado por Cristina Pérez López y su esposo Felipe Avilez (sic) Monzón, en su carácter de parte vendedora y Rosendo Audelo García como comprador”.

El desengaño llegó con el acta de defunción, número de folio A 25 6032403, expedida por la directora del Registro Civil del Estado de Sinaloa, cuando se comprobó que Cristina Pérez López falleció el 9 de abril de 2017.

Al respecto la familia Alcaraz Sandoval alerta: “Habría que ver qué informaciones catastrales fueron falsamente producidas en las falsificaciones de Lazcano Meza, pues podría haber sorpresas tanto en la Dirección General de Catastro, como en la Dirección Jurídica y las delegaciones, más ahora con el boom inmobiliario en Mazatlán y Culiacán”.

Artículo publicado el 19 de noviembre de 2023 en la edición 1068 del semanario Ríodoce.