En el gobierno del presidente López Obrador ha aumentado el número y el porcentaje de niños que trabajan en actividades prohibidas o peligrosas para su edad.

Niños, obligados por la miseria.

Los datos son del INEGI, un organismo oficial cuya presidenta fue designada por López Obrador.

En 2022 fueron 3 millones 700 mil menores de edad que se ocuparon en trabajos prohibidos o servicios domésticos peligrosos. Son medio millón más que en 2017, cuando aún no empezaba este gobierno.

En 2022, 13 de cada 100 niños mexicanos trabajó, por necesidad, en actividades expresamente prohibidas por la ley por ser inadecuadas a su edad. En 2017, eran 11 de cada 100.

Aumentó el flagelo del trabajo infantil.

Cuando nos referimos a laborar en minas, construcción, bares, cantinas, esto es, trabajos prohibidos para menores de entre 5 y 17 años, nos encontramos a 2 millones 100 mil en esa situación. El problema no mejoró respecto a 2017, al contrario, empeoró en 100 mil más.

En cuanto a quehaceres domésticos en horarios prolongados y condiciones peligrosas, 1 millón 900 mil niños y adolescentes mexicanos lo padecieron en 2022. Antes eran 400 mil menos.

Existen 300 mil niños mexicanos que sufren ambas condiciones, laboran en trabajos prohibidos y, al llegar a su casa, hacen limpieza o cuidan enfermos durante mucho tiempo y arriesgando su integridad física.

No estamos hablando ni de los 200 mil menores que trabajan en labores permitidas ni de los 16 millones que hacen quehaceres en su casa en condiciones adecuadas.

INEGI nos da un dato que describe que país somos: Uno de cada 10 niños y adolescentes mexicanos trabaja en una ocupación especialmente peligrosa.

Ese problema, además, está creciendo. Subió respecto a 2017.

El 22 por ciento de los niños y adolescentes que trabajan dicen que lo hacen para pagar su escuela y sus gastos.

Un millón 285 mil alumnos no volvieron a clases luego de la pandemia.

El 62 por ciento de las familias cuyos niños trabajan refieren el precio de los alimentos como su problema, 17 por ciento la enfermedad de algún miembro y el 12 por ciento la pérdida de una fuente de ingresos.

Esta información se suma a otras más para reforzar la tesis de que en este gobierno no son primero los pobres.

CONEVAL, otro organismo gubernamental, reportó que entre 2018 y 2022 la pobreza extrema se incrementó y afecta a 400 mil mexicanos más.

La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI indica que el porcentaje de las personas más pobres que recibían programas sociales bajó entre 2018 y 2022. De 72 por ciento a 63.

Los programas del gobierno federal se dan a ricos y pobres por igual, no hay prioridad por combatir la pobreza extrema.

Además, muchos de los más pobres están en zonas alejadas o tienen poco acceso a la información gubernamental y se quedan sin poder ejercer su derecho a los programas.

Según la misma ENIGH, el programa PROSPERA en 2018 beneficiaba al 56 por ciento de los más pobres del país mientras que, en 2022, las becas Benito Juárez cubrieron al 33, las de discapacidad al 3 y las de adultos mayores al 14.

Las familias beneficiarias del programa de estancias infantiles disminuyeron de 651 mil en 2017 a 206 mil en 2023. Ello coincide con las 300 mil niñas y adolescentes que se incorporaron al trabajo infantil en ese mismo lapso para alcanzar la cifra total de 1 millón 500 mil.

Puede bosquejarse la hipótesis que, ante el retiro del gobierno, las niñas y las adolescentes han tenido que salir a trabajar en lugar de su mamá o encargarse del cuidado de hermanos, enfermos y ancianos.

INEGI da cuenta que 5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2022. Fue, fundamentalmente, por mejorar sus ingresos no por resolver sus carencias de salud, educación, vivienda, seguridad social, servicios básicos o educación.

En promedio fueron personas que recibieron 2 mil 263 pesos que antes no recibían.

Solo 348 de eso pesos se originaron por el aumento de los beneficios de programas sociales para personas que estaban en pobreza. La mayor parte, 1 mil 293, fueron producto del trabajo de las familias. Una porción de ello, trabajó infantil.

Es paradójico, el trabajo infantil ha crecido y, con ello, ayudado a salir de la pobreza, aunque a un costo alto en educación, salud y futuro de los niños.

Es similar al caso de las remesas, hay un costo personal alto para superar la pobreza, pero el gobierno lo festeja como logro propio.

Las autoridades tampoco han fortalecido a las instancias responsables de aplicar la ley que cuida a los niños y adolescentes mexicanos que trabajan.

Por ejemplo, parámetros internacionales de justicia laboral indican que en México debiera haber un cuerpo de 3 mil 900 inspectores en la materia. Solo hay 529 y no se ha contratado uno solo más en este sexenio.

La política social ha sido deficiente e insuficiente para disminuir el trabajo infantil.

La economía está apuntalada por millones de mexicanos que se van a otros países a trabajar, por millones que trabajan sin prestaciones ni seguridad social y por millones de niños y adolescentes que arriesgan su salud y pierden su infancia.

Somos un país que sobrevive a la pobreza por el trabajo de los más débiles en las peores condiciones.

Empeoró el trabajo infantil.

Una tragedia.

Una vergüenza.

Artículo publicado el 15 de octubre de 2023 en la edición 1081 del semanario Ríodoce.