El Grupo Parlamentario del PAS acusó que el Sistema Judicial en Sinaloa está siendo usado facciosamente para inmovilizar a quienes se oponen a las actuales prácticas del gobierno y quitar adversarios políticos; en tanto el presidente de la Diputación Permanente, José Manuel Luque, afirmó que están pretendiendo hacer una guerra mediática con sus señalamientos.

Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes, señaló que el Sistema Judicial se está empleando además para acabar con quienes ocupan un cargo institucional, para apoderarse de instituciones autónomas, manipular poderes, influir en la opinión pública con información falsa y manipulación de algunos medios de comunicación, todo con el fin de establecer en Sinaloa un control totalitario.

“Esto demuestra que existe cero autonomía de la Fiscalía General de Estado, cero independencia del Poder Judicial del Estado y manifiesta que están a la disposición del Poder Ejecutivo, del secretario general de Gobierno, quienes manipulan el Estado de Derecho para desprestigiar a ciudadanos e instituciones autónomas”, aseguró la legisladora.

Lo anterior, sostuvo, ha quedado demostrado, sostuvo, que en los juicios que existen contra presidentes municipales, autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Acusó que en contraparte, se callan y protegen cuando se trata de miembros de su gobierno, por ejemplo, el tráfico de plazas en la SEPyC, que hasta ahora el propio gobernador ha protegido y no ha sido llevado a juicio, por lo que públicamente se conoce de tráfico de influencias en el renglón de obras públicas que realiza el gobierno.

Indicó que esta manipulación del Sistema de Justicia de Sinaloa se comprobó la semana pasada ya que que a pesar de las pruebas presentadas por los asesores jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa eran irrefutables, el Juez de Control orientaba al Ministerio Público para que rencausara su actuación.

Es una forma sesgada de impartir justicia porque cuando las pruebas eran irrevocables, el Juez de Control establecía recesos para solicitar indicaciones desde el tercer piso y seguir con el juicio, manifestó.

Quedó demostrado que no existe una sola prueba que presentó el Ministerio Público que constituya un delito, además los medios de prueba han sido conseguidos de manera ilícita, sin recurrir al control del Juez para obtenerlos, afirmó.

Por su parte del diputado presidente de la Diputación Permanente, José Manuel Luque Rojas, rechazó las imputaciones de la coordinadora de la bancada del PAS, resaltó el procedimiento bajo sospecha de cancelar las facturas de millonarias compras de tortillas de la UAS, tres años después de ser expedidas, justo cuando inició un juicio por desempeño irregular de la función pública.

El también diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, calificó de risa los argumentos de los abogados de la UAS que afirman que la universidad no es un organismo público descentralizado, y que en lugar de hacer una defensa jurídica adecuada están dando una guerra mediática para acusar al gobernador y al secretario de Gobierno de una persecución política.

Aseguró que se ha pretendido confundir a la sociedad diciendo que el rector es la universidad o el Comité de Adquisiciones. “Ya estuvo de esa narrativa, de esa victimización permanente que se está haciendo”, manifestó.

El legislador de Morena indicó que la UAS debe a explicar las razones por las que se gastaron los 45 millones de pesos en tortillas en pandemia, o por qué se gastaron 75 millones de pesos en carne y pollo en pandemia, o por qué se gastaron 107 millones de pesos en aires acondicionados, cuando muchas escuelas no tienen clases porque les faltan esos equipos.