Gerardo López Cervantes, catedrático de la UAS, considera que debe desaparecer la universalidad en la entrega de pensiones
Margarita, beneficiaria de los programas sociales del gobierno federal, al salir del Hospital General de Culiacán, asegura que los servicios médicos que recibe son gratuitos, con la salvedad de que no todos los medicamentos le son suministrados.
“La consulta no se nos cobró, y los medicamentos que tienen sí nos lo dan. No todos, pero algunos que tienen sí…” comenta.
Ramón espera a un familiar afuera del hospital y reitera lo que Margarita dice.
“Sí te hace un paro, pero hay que comprar algunas medicinas que no tienen aquí”.
En Sinaloa, más de 185 mil sinaloenses dejaron la “pobreza multidimensional”, pero aumentó la población vulnerable por carencias sociales (en salud, educación y calidad y espacios de la vivienda) en 122 mil 300 personas, entre 2020 y 2022.
Las causas son multifactoriales, entre las que sobresalen los aumentos salariales, los programas sociales y el envío de remesas, en el caso del abatimiento de la pobreza. Y el desconocimiento de la población no derechohabiente que se sintió en la orfandad con la desaparición del Seguro Popular.
Gerardo López Cervantes, catedrático de la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, celebra que se haya reducido la pobreza después de haber pasado la pandemia del COVID-19, sobre todo cuando la teoría económica establece que cuando la economía se cae, se incrementa la pobreza.
En este caso sucedió todo lo contrario, comenta.
La política salarial
Una de las razones por las que los índices de la pobreza disminuyeron es por la política de incremento de los salarios, que no se había dado en décadas, consideradas por las políticas neoliberales como inflacionarios.
Decretar aumentos salariales de entre el 20 hasta el 25 por ciento entre 2021 y 2022 es algo significativo.
“Esta decisión fue determinante. El salario mínimo aumentó y, obviamente, con ello se incrementó la mejora de los ingresos de los trabajadores, sobre todo de los que menos ganaban”, considera.
El incremento exponencial de fuentes de trabajo poscovid, agrega, también fue factor para el abatimiento de la pobreza.
López Cervantes manifiesta que otro factor es la dispersión de recursos con los programas sociales, en apoyo a los adultos mayores, a los discapacitados y a las becas estudiantiles.
“Todos ellos son ingresos que van a dar al hogar, y eso se ve reflejado obviamente, en las estadísticas y en el levantamiento de la encuesta”, explica.
El envío de remesas de los trabajadores en el extranjero también ha contribuido al abatimiento de los índices de pobreza, señala el catedrático.
Entre 2020 y 2022, asegura, se ha registrado un incremento de más o menos el 50 por ciento del importe de las remesas, lo que ha contribuido a mejorar la economía de las familias en estado de pobreza.
Lo cuestionable
Contrario a los casi 6 millones de mexicanos que dejaron la “pobreza multidimensional” a nivel nacional y 185 mil en Sinaloa, la población vulnerable por carencias sociales y con al menos tres carencias aumentaron en comparación a la que se registraba al inicio del actual sexenio. En el estado la primera pasó de 30.6 a 35.5 por ciento de la población en esa condición, y la segunda de 14.6 a 15.1 por ciento.
La universalidad en la entrega de los apoyos de los programas, desde su punto de vista, es injustificable, porque los reciben tanto el que vive en pobreza extrema como el que vive en abundancia.
“Efectivamente, la universalidad de las pensiones es, desde mi punto de vista, injustificable que aquellos que tienen un enorme patrimonio se vean beneficiados con esta prestación. Por ejemplo, Carlos Slim tiene derecho porque es universal, y las condiciones del ingreso para darla no está ahí presente”, subraya.
De ahí, puntualiza, que la entrega de ese beneficio se revise y se le retire a la población que tiene un ingreso suficiente para vivir.
La salud
El otro punto negativo es el que 14.5 millones de mexicanos más dejaron de tener acceso a la salud entre el 2020 y 2022, según datos del Coneval. En Sinaloa el número de personas con dicha carencia pasó de 19.6 a 26.6 por ciento, es decir, de 595 mil 400 a 820 mil 600 personas en esta situación, es decir 225 mil más.
El saldo negativo, de acuerdo con Gerardo López Cervantes, se debe no al cierre de hospitales con la desaparición del Seguro Popular, sino a una estrategia “sumamente deficiente” para instalar el Insabi.
“Fue terriblemente ineficiente, porque los hospitales estaban ahí, los médicos y las enfermeras estaban ahí, lo único que pasó fue que la gente, al desaparecer el Seguro Popular, quedó con la idea en ellos de que ya no tenían seguridad social, y por lo tanto se sentían desprotegidos. Ese es un saldo muy negativo en el resultado de la encuesta en todos sus factores”, apunta.
Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en el estado, considera que los números de la Coneval no aplican en Sinaloa, donde la red hospitalaria es mayor a la que cuentan el IMSS y el ISSSTE.
La población no derechohabiente o grupo vulnerable, estimada en 1.4 millones de sinaloenses, dice, tiene acceso a todos los servicios médicos y hospitalarios en todas las unidades médicas y hospitales de manera gratuita.
“Sinaloa creo que no sería el espejo de lo que pasa en otras entidades del país. Creo que Sinaloa es diferente, y los resultados aquí son diferentes… Hoy en Sinaloa hay una mejor atención médica, los hospitales están mejor equipados, tienen mejores condiciones para dar medicamentos, la infraestructura se ha mejorado, por lo tanto no es aceptable que nos digan que hace falta atención”, puntualiza.
Artículo publicado el 20 de agosto de 2023 en la edición 1073 del semanario Ríodoce.
