Testigo y víctima convertido en indiciado

La Fiscalía General de la República (FGR), en Sinaloa, pretende torcer una investigación para favorecer a altos directivos del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) que operaban una peculiar forma para triangular el presupuesto de adquisición de casas a empresas en las que también eran directivos.

El INFONAVIT convirtió el asunto en un caso penal cuando concluyó su investigación interna, pero en la FGR se operó para convertir en imputado al testigo clave del caso, Jesús Alberto Ley Castro, gerente de INFONAVIT-Los Mochis, y quien también resultó ofendido, conforme lo acreditó el Instituto en una resolución administrativa que aún está pendiente de ejecutarse.

En el entramado juegan parte importante Martha Cecilia Robles Montijo, delegada de Infonavit-Sinaloa en el periodo 2010-2019 y Laura Valenzuela Pérez, gerente jurídico desde el 2010 hasta la fecha, y quienes habrían sido relacionadas en la carpeta FED/SIN/CLN/01194-22, un fideicomiso del banco HSBC y la empresa de servicios financieros Patrimonio S.A., que lograron un pago de 1 millón 672 mil 146.00 pesos por la recompra de nueve casas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte de Los Mochis, cuyo valor unitario se pactó en 185 mil 794 pesos, presuntamente amparada en la resolución del Consejo de Administración del INFONAVIT RCA2688-08-09 del 26 de agosto del 2009, y que al parecer se ejecutó en el 2013.

Al momento de cerrar el trato, ambas funcionarias del INFONAVIT se ostentaron también como directivas de Patrimonio, según documentó el instituto con el poder amplio e irrevocable que les concedió Ignacio Javier Farías Campero, apoderado Legal de Patrimonio en la escritura pública 62,543 del libro 2579 folios 515760 al 64, elaborada en el municipio de San Pedro Garza García, el 24 de octubre del 2011, ya siendo funcionarias del INFONAVIT.

Esa operación fue descubierta circunstancialmente por el gerente del INFONAVIT-Los Mochis, Jesús Alberto Ley Castro, cuando un mensajero, en julio del 2022, se equivocó de destinatario y le entregó un sobre que contenía cierta clase de información.

Al abrir el empacado se encontró con una minuta de escritura pública sin claves de registro ni fecha de elaboración y en la que aparecía su rúbrica, pero con evidentes alteraciones en los trazos, así como las firmas de Robles Montijo y de Valenzuela Pérez, presuntamente elaborada por el notario público, Manuel Valenzuela Tamariz y en la que reconocían y validaban la operación de recompra de las nueve casas.

Ley Castro dijo que ante la evidencia de que su firma había sido falsificada, buscó en archivos evidencia de la operación, pero no encontró un solo indicio de la preexistencia del fideicomiso de HSBC ni la oferta de Patrimonio, por lo que declinó darle trámite el documento. Al contrario, acudió a la presidencia de INFONAVIT, en donde dejó el caso.

Meses después de aquella acción, recibió diversa información, pero el 13 de diciembre de 2022, el agente del Ministerio Público Federal, Cuitláhuac Osuna Jiménez, lo cita como testigo y víctima en la causa penal 01194/22 por los supuestos delitos de uso indebido de documentos, falsificación de firmas y lo que resulte, recepcionándole su declaración, durante la cual agregan otro cargo contra ellas, el de acoso laboral. La declaración concluye en vía de ampliación por escrito el 16 de diciembre en la que Ley Castro nombra como su asesor victimal a Hernán Valenzuela Quiñones.

Para el 15 y 16 de febrero, el caso cambia de fiscal, y ahora lo integra la cédula 11-6, resultando ser Juan Carlos Martínez Colmerares el funcionario actuante. Este inicia una serie de ataques y ofensas, y comienza a retardar las diligencias, recuerda Ley. Y citó que para una prueba pericial y sicológica; acusa que lo retuvieron en la fiscalía durante 12 horas haciéndole la advertencia de que debía regresar al día siguiente, y en caso de negarse, sería multado con 40 mil pesos.

La prueba termina posteriormente, pero el 17 de julio es requerido para una prueba grafoscópica pero obstruye e impide la asistencia del abogado asesor victimal, e incluso lo retira de la sala de espera. Ante la ausencia del asesor, la prueba se cancela porque la perita se niega a revictimizarlo, lo que enfurece al fiscal y lanza las amenazas de que él no debería estar como testigo, sino como indiciado pues lo considera responsable, y ordena a la agente de periciales que elabore un acuerdo en donde él se negaba a realizar el examen.

Ley dice que no mostró molestia por la carga a que era sometido por Martínez Colmenares, aunque estaba irritadísimo por el proceder abusivo del funcionario.

Ese mismo día, el fiscal le niega el acceso a la carpeta de investigación, y aunque esgrime argumentos y sus derechos, el fiscal es firme en impedirlo. Habiendo previsto esa actitud, por acciones previas desplegadas por el funcionario, su abogado había preparado un escrito que presenta en Oficialía de partes de la FGR solicitándole una serie de diligencias que servirían para aclarar el caso, como lo son la intercepción de comunicaciones y la recepción de declaraciones de determinadas personas, y otras documentales.

En consecuencia, Martínez Colmenares cumple la amenaza y el 25 de julio acuerda un oficio citándolo, ya no como víctima, sino como indiciado, y le indica que debe de comparecer el 26 de julio acompañado de su abogado. Hasta ahora, esa cita no se ha cumplido.

Para Ley y su abogado Hernán Valenzuela, la actitud de Martínez Colmenares para con las victimas es punible y sancionable, además de que está torciendo una investigación para presuntamente favorecer a altos funcionarios del INFONAVIT, en un caso en el que es el propio instituto el que busca la verdad de las acciones emprendidas por sus funcionarios. “Evidentemente, el agente del MPF obedece consigna, con la intención de amedrentar a un testigo clave y que además es víctima, hechos que por sí mismos deben ser indagados como una acción delictiva”, consideró Valenzuela.

La respuesta de la abogada

La gerente jurídica del Infonavit en Sinaloa, Laura Valenzuela Pérez, rechazó dar alguna declaración sobre los señalamientos en su contra.

Comentó que no podía hacer comentarios porque hay una carpeta de investigación abierta y esperará a que el proceso termine para dar su versión.

Mencionó que la persona que presentó la denuncia tiene una confusión con los términos jurídicos.

Artículo publicado el 20 de agosto de 2023 en la edición 1073 del semanario Ríodoce.