Avanza el juicio contra el “Químico” Benítez y exfuncionarios mazatlecos por “desempeño irregular”

En el gobierno municipal de Mazatlán, de Luis Guillermo Benítez Torres, presuntamente tenían un modus operandi para la compra de luminarias sin licitación a la empresa Azteca Lighting.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, para dos contrataciones simularon estudios de mercado, reuniones del Comité de Adquisiciones y la entrega de los bienes; y la empresa redactaba los documentos del expediente de adjudicación y hasta los contratos.

Previo a esos dos contratos, ya habían firmado otros cuatro con la misma empresa pero no forman parte de la investigación que fue judicializada.

La semana pasada fueron imputados el ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres; el ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, por adjudicar sin licitar un contrato firmado en 2021 para la compra de 198 luminarias por 34 millones 971 mil pesos y otro de 2022 para la adquisición de 2 mil 139 lámparas por 400 millones 864 mil pesos.

Los integrantes del Comité de Adquisiciones de la primera administración de Benítez Torres, el ex Director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; y el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, fueron imputados solo por el primer contrato.

Por el segundo contrato ya fueron vinculados a proceso penal los ex integrantes del Comité de Adquisiciones de la segunda administración del “Químico”.

Todos están imputados por el delito de desempeño irregular de la función pública debido a que los contratos fueron asignados por adjudicación directa y debió ser por concurso de licitación.

Durante una audiencia de siete horas la Fiscalía General del Estado expuso datos de prueba para acreditar la posible responsabilidad de los imputados.

Entre los datos de prueba presentaron testimonios de funcionarios del Ayuntamiento que señalan la forma en la que adjudicaban y firmaban los contratos con Azteca Lighting.

El Ministerio Público José Antonio Cota, señaló que, según un acta del Ayuntamiento, el 20 de octubre de 2021 el Comité se reunió y aprobó adjudicar el contrato a Azteca Lighting.

Para adjudicar el contrato presentaron un estudio de mercado en el que solicitaron cotizaciones a cuatro empresas y a Azteca Lighting y un estudio que señala que las lámparas tipo ufo consumen menos energía y tienen garantía total por 20 años.

Al día siguiente, el 21 de octubre, firmaron el contrato con Azteca Lighting.

De acuerdo con testimonios que presentó la Fiscalía todo fue simulado.

Servidores públicos declararon que el Comité no se reunió para analizar y discutir sino que pasaron el acta a cada uno de los integrantes para que la firmaran por órdenes del “Químico” Benítez.

Señalaron que para el estudio de mercado solicitaron cotizaciones a empresas que no tendrían capacidad para surtir esa cantidad de lámparas además de que las especificaciones técnicas de las luminarias que pedían corresponden a las tipo ufo que son de fabricación exclusiva de Azteca Lighting.

La Fiscalía mencionó que hay un acta del 29 de octubre que señala que el Ayuntamiento recibió las lámparas e incluyen fotografías de las luminarias presuntamente en la bodega del Ayuntamiento.
El 30 de octubre el Ayuntamiento hizo el pago total.

Trabajadores del área de alumbrado público declararon que las lámparas nunca estuvieron en la bodega municipal.

Agentes investigadores les mostraron las fotos del acta de entrega y dijeron que ese lugar es la bodega de Azteca Lighting.

Los trabajadores mencionaron que la empresa entregaba las lámparas conforme las iban fabricando y las recogían en sus bodegas ubicadas en El Venadillo y en el parque industrial.

Elsa Bojórquez, síndica procuradora cuando se firmó el contrato, declaró que ella era testigo de calidad con voz, pero sin voto, en el Comité.

Manifestó que no firmó el acta de adjudicación porque había poca claridad en el proceso además que no cumplía con las disposiciones normativas y había un exceso de dinero.

Detalló que le parecía que las luminarias se excedían de precio y consultó con varias empresas y encontró que las lámparas para alumbrado público tienen un costo de alrededor de 20 mil pesos y las de Azteca Lighting costaban más de 100 mil pesos.

Dijo que intentó hablar con el “Químico”, pero no se lo permitieron porque ella lo había denunciado por violencia política de género.

Manifestó que asignó auditores de su área para que corroboraran las irregularidades y dos días después abogados del secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, detuvieron la revisión por lo que levantó un acta y dio vista a la Auditoría Superior del Estado.

La ex funcionaria aseguró que Azteca Lighting intervenía en la elaboración de los documentos del expediente de adjudicación y de los contratos.

Describió que el “Químico” era autoritario y todo tenía que hacerse a su modo y corrió a varios funcionarios que no estaban de acuerdo con él.

De acuerdo con la FGE, las lámparas fueron pagadas y la empresa las entregó meses después del plazo establecido.

En marzo de 2022, ya en la segunda administración del “Químico” Benítez, de nueva cuenta repitieron la operación para la compra de otras dos mil 139 luminarias.

Los testigos señalaron que el Comité tampoco sesionó y el acta solo la pasaron a los integrantes para firma.

El entonces secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, se negó a firmar y tras discutir con el “Químico” renunció pero el alcalde le rechazó la renuncia y volvió a su puesto.

Después denunció que falsificaron su firma en el contrato.

La FGE indicó que los documentos del expediente de adjudicación del contrato de 2022 son los mismos que en el expediente de 2021, solo les cambiaron las fechas.

Una secretaria de la Dirección de Servicios Públicos declaró que los documentos del expediente los hicieron en Azteca Lighting y se los llevaron a ella para que pusiera los sellos y simular que los habían redactado en esa dependencia.

Por el segundo contrato el municipio pagó un adelanto de 60 millones 129 mil pesos y no recibió ninguna lámpara.

Para este contrato el Ayuntamiento no tenía recursos ni siquiera para hacer el primer pago por lo qu el tesorero hizo cambios al presupuesto y diseñó un programa de recaudación para aumentar los ingresos.
De acuerdo con la FGE, el Ayuntamiento comprometió recursos que no tenía.

Una perito contable de la Fiscalía determinó de manera preliminar que el daño patrimonial por el primer contrato fue por 34 millones 971 mil pesos y por el segundo fue por 60 millones 129 mil 630 pesos.

Los defensores de los ex funcionarios pidieron al juez un plazo de 144 horas para exponer sus argumentos y datos de prueba.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum citó para el próximo martes para resolver si dicta auto de vinculación a proceso o auto de no vinculación a proceso.

Como medida cautelar aprobó que acudan a firmar cada mes y la prohibición de salir del país sin orden judicial.

Al salir del Centro de Justicia, Benítez Torres dijo que la Fiscalía solo señala “que se supone, que cree, que lo oyó en el pasillo, que se lo contaron, es todo lo que tienen”.

Comentó que el martes rendirá su declaración.

Artículo publicado el 20 de agosto de 2023 en la edición 1073 del semanario Ríodoce.