El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Tras 12 horas de audiencia, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que la Fiscalía General del Estado aportó datos suficientes para presumir que cometió el delito.

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El abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero también está involucrado en la misma causa, pero contra él no se formuló imputación debido a que su abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas no acudió debido a que padece hipertensión.

Los defensores pidieron al juez Adán Alberto Salazar Gastélum diferir la audiencia y el juez resolvió separar las imputaciones e iniciar la audiencia solo con el rector.

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Los defensores pidieron al juez dejar la causa penal por ser parcial debido a que en la audiencia anterior autorizó a la Fiscalía sacar copias en la sede judicial.

El Ministerio Público dijo que el defensor falseó información, ya que las copias las sacaron en una oficina que tiene la asesoría victimal y no usaron equipo del Poder Judicial.

El juez consideró que era improcedente la solicitud e inició la audiencia.

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El Ministerio Público dijo que el 27 de marzo la ASE notificó al rector que el 30 iniciarían una auditoría. Alrededor de las 9:35 horas del 30 de marzo llegaron al campus Buelna, notificadores a dejar un oficio en el que la ASE informa al rector que sí tiene facultades para auditarlos.

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Cuando ingresaron fueron recibidos por Robespierre quien los llevó al su oficina y les dijo que él recibiría y pondría el sello del área jurídica, pero los auditores le comentaron que debía tener el sello de rectoría.

Los auditores se dirigieron a rectoría donde los volvió a atender Robespierre.

Los auditores le dijeron que sí podía recibir el documento, pero debía poner el sello de rectoría y el abogado se negó.

A las 10:30 horas llegaron un grupo de auditores que también fueron recibidos por Robespierre.

Los auditores pidieron que nombrara dos testigos de asistencia y proporcionara un lugar para realizar la auditoría.

Robespierre nombró a dos testigos, pero se negó a firmar el acta de inicio de auditoría. Los auditores levantaron un acta por la negativa de la UAS ser auditados.

Tras la negativa, la ASE presentó una denuncia penal por abuso de autoridad.