Los seguidores más convencidos de Andrés Manuel López Obrador frecuente y sutilmente deslizan que tenemos una suerte de Martín Luther King en la Presidencia de la República por aquello del líder de la comunidad negra “…yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano” que en AMLO es el eslogan de gobierno: “Primero los Pobres”.
Esto es una política pública asistencialista destinada para mejorar el nivel de vida de las dos terceras partes de la población que vive en algún estado de pobreza mediante una asignación económica con lo que técnicamente mejoraría la situación del sector más vulnerable.
Y esto es indiscutible cuando millones de adultos mayores, jóvenes, madres solteras y discapacitados reciben cada dos meses dinero público para mejorar su situación de marginación social.
Sin embargo, la pregunta que muchos se plantean es ¿de dónde salen esos recursos multimillonarios? La respuesta a bote pronto es que proviene de la hacienda pública, es decir, una parte de los ingresos del gobierno se convierten en dinero para estas familias y otras, que no lo necesitan, por estar en otra esfera social pero que cumplen con los requisitos establecidos.
Coneval, la institución encargada del estudio de la pobreza en nuestro país, no sólo evalúa el tema del ingreso familiar como instrumento de medición sino tiene otras variables para determinar el grado de pobreza lo que hace más complejo el asunto de la pobreza.
Es decir, aun teniendo ese dinero público, la mayoría de la gente sigue en un estado de pobreza sea por no contar con vivienda, servicios de salud, acceso a la educación, infraestructura o vive en un entorno donde no se garantizan mínimos de seguridad pública que es otra forma de pobreza, carencia, intranquilidad. Se dirá, pero, algo es algo, es peor no tener ese ingreso.
Y hay razón, aunque aquel sueño de “primero los pobres” se limite a lo básico y este sujeto al incesante proceso inflacionario o, quizá, como algunos han alertado, lo que se da en una canasta de pesos se lo quitan a otra canasta de servicios sociales públicos.
Hoy, por ejemplo, el sistema de salud está colapsado y dista mucho de estar cerca de aquel sueño de tenerlo a la altura de un país desarrollado como Dinamarca y eso, significa simple y llanamente que mucha gente no tiene acceso a un médico, una enfermera o al cuadro básico de medicamentos, lo que deriva en empeoramiento de la salud de esos mexicanos y, frecuentemente, el dinero que se le da en metálico debe decidir entre comer y comprar medicamentos.
No se diga cuando se habla de tratamientos que reclaman una sala quirúrgica y atención de alta especialización que puede llevar a esperar meses o años que si es un problema serio puede llegar primero la muerte que la intervención médica.
No hay que olvidar que hay un segmento importante de la población que tiene serios problemas de salud derivado de malos hábitos y problemas congénitos que complican la situación o que se complicaron con la pandemia de COVID-19 que costó la vida de más 800 mil mexicanos.
Más grave aún podría ser el tema de la inseguridad en muchos estados de la república donde los grupos criminales imponen su ley a una población frecuentemente abandonada a su suerte y que son los que están poniendo los muertos y desaparecidos.
Hace unos días INEGI informó que el índice de homicidios dolosos viene a la baja, y aquí habría que hacer dos observaciones de fondo: el número de homicidios dolosos durante el gobierno obradorista alcanza oficialmente en este mes casi los 165 mil asesinatos y se calcula que hay alrededor de 35 mil desaparecidos en el mismo periodo.
O sea, bajar unos dígitos la cifra, estando tan alta está bien, pero no es la mejor noticia, porque siguen siendo muchos los muertos y más si se calcula que solo cada fin de semana son asesinadas alrededor de 235 personas. Y en cuanto a las decenas de miles de desaparecidos no se necesita ser especialista para suponer que la mayoría de estos son personas que nunca sus familias volverán a ver porque simple y sencillamente están muertos y sus restos están en alguna fosa clandestina esperando que sus familiares los encuentren para darles cristiana sepultura.
Y es que, según observadores de este fenómeno, está demostrado que los grupos criminales frecuentemente buscan “no calentar sus plazas” y esto lleva a que muchos de los asesinatos que cometen contra sus enemigos, competidores o quienes estuvieron en el momento y el lugar equivocado terminen en las fosas clandestinas.
Y ahí opera el principio de que “sin cuerpo no hay delito” y, eso, quiérase o no, impacta en la estadística del gobierno. Ahora se le ocurrió al presidente López Obrador que había que hacer un censo casa por casa para ver la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada y él espera que con esto disminuya la estadística de los 35 mil desaparecidos pero, puede suceder lo contrario, que haya más personas en esa condición porque sus familias prefirieron llevar la pena en silencio y no sufrir nuevas restas en su entorno familiar, como ha sucedido lamentablemente con algunas madres “buscadoras” que hacen la chamba al gobierno que sus agentes las mira con desdén desde una oficina con aire acondicionado.
En definitiva, están muy bien los programas asistencialistas para los mexicanos en condición de pobreza, sin embargo, hay que situarlo en su justa dimensión y no extrapolarlos a ámbitos donde el gobierno obradorista tiene una gran deuda y no se ve cómo pueda revertir lo que no pudo hacer en cinco años de abandono.
O sea, aquel sueño igualitario de los más convencidos obradoristas tendrán que matizar reconociendo las pesadillas especialmente para los de abajo.
Al tiempo.
Artículo publicado el 13 de agosto de 2023 en la edición 1072 del semanario Ríodoce.
