El 15 de marzo (2023), el cabildo aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Especial de Desarrollo Controlado conocida como “Predios del Ingenio” tras el dictamen de aprobación de las comisiones unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas a propuesta del Instituto Municipal de Planeación (Implan) que presuntamente actuó tras concluir el concurso mercantil que por insolvencia generalizada de la Compañía Azucarera de Los Mochis (CALMSA), tramitaron acreedores diversos.

Sin embargo, un mes después de aquella aprobación, en la que el Ayuntamiento de Ahome se adjudicaba la rectoría sobre la organización del modelo de desarrollo y el uso de suelo de los polígonos del predio de 23.5 hectáreas, los bemoles del plan comenzaron a parir problemas a la administración de Gerardo Vargas Landeros, que además ha comenzado a vender a particulares áreas verdes y a enajenar excedentes presuntamente sin utilidad pública, y una peculiaridad pasada por altos: la devolución a fraccionadores del 5 por ciento de las áreas de donación pública exigible a inmobiliarias.

La Alianza Colectiva Ahome asociación civil en la que se integran colegios de arquitectos e ingenieros civiles, denunciaron que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Especial de Desarrollo Controlado conocida como “Predios del Ingenio” es un trabajo ilegal hecho a la medida de los intereses bastardos de un grupo de empresarios que pretenden hacer legal lo ilegal desde el municipio. “El documento, que no es instrumento, sino una bola de papeles, fomenta la insana especulación del suelo, una caricatura de lo que debe ser un tratado regulatorio de suelo, que debe definir y no dejar al libre arbitrio de los particulares lo que debe hacer y no hacer, y sobre todo es omiso en la conservación de las ruinas fabriles que le da la identidad a la ciudad”, opinó Luis Alberto Cota Sánchez, miembro de la Sección Mochis del Capítulo Sinaloa de la Academia Nacional de Arquitectos

Consideró que desde el ayuntamiento se está haciendo el trabajo sucio a inversionistas, al no acotarles, con base a la capacidad de amortiguamiento de los servicios públicos, las construcciones; un ejemplo lo es que aseguran que la Japama tiene la capacidad de abastecer cualquier cantidad de agua a torres habitaciones o de negocios, que en los servicios de emergencia también hay esa capacidad y que las calles pueden soportar tráfico sobre el peatón, lo es una mentira monumental.

Propone calles de tal anchura que dañará los vestigios fabriles, cuando estas se pueden reducir y favorecer el tránsito peatonal sobre el vehicular, aseguró. “Se trata de un traje a la medida para algún empresario que no gastó un cinco, sino que utilizó las instancias municipales en una conveniente interpretación del artículo 115 Constitucional.

Cota Sánchez, respaldado por cinco colegios de profesionistas, reiteró que el caso es impúdico y será revertido en tribunales porque fomenta ilegalidades con el uso de suelo.

La diputada Juana Minerva Vázquez González trató el asunto en la tribuna del Congreso de Sinaloa, y advirtió que en el municipio de Ahome hay una preocupación por lo que está sucediendo con los restos del ingenio azucarero, en donde la urbanización de una vialidad provocaría importantes cambios de carácter comercial, de servicios varios y unas áreas para fraccionamientos.

Retomó las denuncias de colegios de ingenieros y arquitectos y otras organizaciones sociales le han hecho saber que en dicho programa hay una incorrecta planeación porque se involucra a los antiguos y últimos vestigios de lo que fue el ingenio azucarero, pues se derrumbarán por lo menos tres edificios históricos.

Además, expuso que se percibe una tendencia preferencial al derecho de la propiedad privada.

La diputada Juana Minerva Vázquez hizo un llamado al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y a sus funcionarios implicados en el tema, a que se esclarezcan y regularicen las ordenanzas urbanas sobre los terrenos.

Ante los señalamientos, el alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros se refirió al caso como una confusión pues los propietarios han cumplido con toda la tramitación y proceso, en tanto que el Director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) Luis Carlos Lara Damken, dijo que el referido proyecto no es un trabajo a modo de nadie, ni fungieron como comparsas de empresarios, sino fue producto de diversas audiencias e intervenciones con organismos varios basados en normas y leyes.

Cito que no hay ley que obligue a IMPLAN a exigir la conservación de edificios industriales a los propietarios, de allí la libertad para demoler y reconstruir.

El instrumento solamente veta la instalación de industria en la mancha de 24.5 hectáreas.

Artículo publicado el 16 de abril de 2023 en la edición 1055 del semanario Ríodoce.