“El rector de la UAS debe serenarse”, expresó el diputado presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, al referirse a “un mundo imaginado” para declarar que a su casa se presentó un grupo de investigadores, estatales, federales, policías municipales y soldados para detenerlo.

En conferencia de prensa expresó que las declaraciones obedecen a generar un cuadro de que hay persecución política, cuando no existe tal situación ni en el estado existen.

“Está cometiendo un delito al falsear los hechos ante una autoridad judicial al momento de solicitar un amparo”, advirtió, el cual incluso se sanciona de cuatro a ocho años de prisión.

El presidente de la JUCOPO invitó al rector de la UAS a evitar seguir agraviando con mentiras a los universitarios y la comunidad sinaloense.

Junto a otros diputados de su bancada, se refirió también a que el Segundo Tribunal Colegiado desechó el recurso de queja con motivo de la suspensión provisional presentado por el Congreso del Estado, pero establece que este no está impedido a emitir reformar leyes, entre ellas las leyes orgánicas de las universidades públicas.

Castro Meléndrez, explicó que en la notificación que recibieron del Tribunal Colegiado, se acota el alcance de la suspensión provisional.

Afirmó que en todo momento el Congreso del Estado puede hacer la reformas que juzgue pertinentes.
Su compañero de bancada, Serapio Vargas, manifestó que ante una falta narrativa, es importante señalar que la sentencia que resuelve el recurso de queja, es clara al no impide iniciar ni reformas leyes de ninguna naturaleza.

Hasta el momento, recalcó, no existe ningún amparo concedido que declare inconstitucional la Ley de Educación Superior en los artículos reclamados.

Es una falta retórica decir que se ha ganado o perdido, si no solamente el Tribunal Colegiado anticipó que no existe ningún impedimento del Poder Judicial Federal sobre las leyes orgánicas o las leyes en lo general.

El diputado presidente de la Comisión de Educación, José Manuel Luque Rojas, explicó que el Tribunal Colegiado que era infundado el agravio al Congreso del Estado sobre la facultad de reformar leyes en 35 suspensiones que habían sido otorgadas.