Con el objetivo de procurar una vida libre de violencia para las mujeres sinaloenses, el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes por unanimidad diversas reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que se aumenta la pena del delito de femenicidio de una pena mínima de 40 años de prisión hasta una máxima de 60 años, cuando anteriormente se establecía la pena de 25 a 40 años por este delito.

Las penas se agravarán hasta en una tercera parte en sus límites mínimo y máximo, cuando el sujeto activo sea servidor público y cometa el ilícito en el ejercicio de sus funciones, cuando la víctima estuviera embarazada, cuando se trate de un delito cometido por dos o más personas, o cuando el delito se cometa en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviera relación de parentesco, noviazgo, amistad, afectiva o de confianza.

También se agravarán las penas hasta en una tercera parte cuando el sujeto activo se haya valido de su oficio de conductor un vehículo de transporte de pasajeros o de turismo público y privado para la comisión del delito, o cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o con discapacidad.

El dictamen presentado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado estableció también agravar las penas cuando se presenten lesiones en la víctima causadas por cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, ácidos o similares, en este supuesto la pena aumentará hasta en una mitad en sus límites mínimo y máximo, es decir que podrían ir hasta los 90 años de prisión.

Es de destacar, que se incluye en el delito de femenicidio a quién prive de la vida a una mujer por razones de género, es decir que se incluye a toda persona que haya modificado su identidad de género mediando resolución judicial o administrativa; además de que se incluye penar a quién induzca u obligue a una mujer a cometer suicidio o le preste ayuda para cometerlo,

El Pleno aprobó además una reserva para la suspensión, inhabilitación y destitución de aquel servidor público que intervenga y obstruya la investigación de un delito de femenicidio.