Sigue el desorden, el manoteo y la impunidad
La Auditoría Superior de la Federación reveló irregularidades en el ejercicio de 38 millones de pesos en tres municipios de Sinaloa y en 18 millones de pesos en la construcción de la carretera Badiraguato-Parral y la presa Picachos en la Cuenta Pública 2021.
En los municipios de Sinaloa y Badiraguato las observaciones son por obras en las Juntas Municipales de Agua Potable; y en Navolato en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
En Navolato revisaron el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En la consulta de expedientes verificaron plazas, categorías y sueldos pagados, e identificaron pagos a 18 personas que no se encuentran en la plantilla de personal.
De acuerdo con la Auditoría, en el gobierno de Eliazar Gutiérrez Angulo y actual director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a esas personas les pagaron 3 millones 208 mil 533 pesos por lo que piden su reintegro a la Tesorería de la Federación.
El municipio con el mayor monto observado es Sinaloa 31 millones 692 mil pesos, por obras que realizó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Del monto total, 10 millones 668 mil 603 pesos fueron pagos a tres obras que no se encuentran en operación y por lo tanto no benefician a la población en pobreza extrema, o en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Una de las obras es la construcción de sistema integral de saneamiento en la localidad de Cabrera de Bones y Olivos, que inició en junio de 2021 y al 7 de junio de este año no estaba terminada pero ya estaba pagada.
En la construcción de fuente de abastecimiento para sistema de agua potable en la localidad de Los Cerquitos y de la fuente de abastecimiento para sistema de agua potable en la localidad de Máripa, iniciadas en abril del año pasado y en una verificación en junio de este año, los auditores constataron que apenas se encontraban en proceso de ejecución.
En las localidades de Zapotillo, La Peña, Gallo Nuevo, El Oscuro, Los Cerrillos, Santa Ana y El Opochi, también iniciaron la construcción de fuentes de abastecimiento para sistema de agua potable que fueron pagadas y un año después están concluidas pero no operan.
Por esas obras la auditoría estableció un daño al erario por 21 millones 24 mil 166 pesos más los rendimientos generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
Las obras fueron contratadas por el entonces gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable, Guadalupe Castro Quiñonez, durante la administración de la alcaldesa María Beatriz León Rubio.
En Guasave, en la administración de Aurelia Leal López, actual diputada local, la ASF presume un daño al erario por 465 mil 153 pesos por un Comprobante Fiscal Digital por Internet que se encontraba cancelado a la fecha de la auditoría, sin que se presentara la reexpedición correspondiente.
En el “Mejoramiento de Dispensario Médico”, ubicada en la localidad de San José de la Brecha, pagaron 265 mil 932 pesos y la obra no se encuentra en operación.
En Badiaguato, la ASF señala irregularidades en 2 millones 855 mil pesos, durante el gobierno de Lorena Pérez Olivas.
La Junta Municipal y Agua Potable pagó 2 millones 501 mil pesos por obras, de las que ya hay actas de entrega-recepción, pero no están operando.
Por otras cuatro obras, la misma dependencia pagó 46 mil 928 pesos por conceptos que no corresponden con los ejecutados.
En el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, los auditores no identificaron el destino de 113 mil 145 pesos y el municipio no comprobó ni justificó el gasto.
En la UAS, la Auditoría detectó que con recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales indebidamente pagaron actualizaciones y recargos por el adeudo de cuotas del retiro, cesantía y vejez y cuotas obrero-patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social, que no eran financiable con esos recursos e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
El monto es de 20 millones 484 mil 651 pesos más un millón 501 mil 320 pesos por cargas financieras.
En la construcción de la carretera Badiraguato-Parral ejecutada por el gobierno federal, la ASF también encontró irregularidades.
En la auditoría, la dependencia señala un daño por 674 mil 273 pesos por pagos duplicados por retiro de derrumbes en octubre debido a que ese concepto ya estaba considerado y pagado en agosto.
En la construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, detectaron irregularidades por un millón 434 mil 85 pesos por pagos en exceso.
Los pagos se hicieron por concepto de desinstalación, rehabilitación, aplicación de recubrimiento anticorrosivo, instalación, alineación y pruebas de equipo mecánico que aun no estaban instalados y se pagaron indebidamente.
En la misma obra, el año pasado pagaron 3 millones 711 mil 596 pesos por trabajos que debieron concluirse en diciembre y a la fecha de la auditoria no estaban terminadas.
En todas las observaciones, la ASF pidió iniciar procedimientos administrativos y reintegrar el dinero a la Tesorería de la Federación.
Solo en el caso de la UAS no emitieron observación debido a que reintegraron el dinero en el transcurso de la auditoría.
Artículo publicado el 13 de noviembre de 2022 en la edición 1033 del semanario Ríodoce.
