Diputados se reúnen con precaristas
Precaristas confiaron en los gobiernos municipales recientes que les ofrecieron resolver paulatinamente la carencia de una casa popular y que los obligó a invadir residencias vandalizadas por abandono de las inmobiliarias o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pero resultó en un engaño que se convirtió en problema legal.
Lea también: Caen primeros implicados en ‘estafa maestra inmobiliaria’
Hoy, las cosas poco han cambiado, porque los precaristas están sin casa, a punto de ser desalojados y sin que nadie les tienda la mano para resolver su necesidad.
De acuerdo con la organización “Se Da tu Vida Digna”, en el periodo 2014-2016 se signó un convenio para la adquisición de 130 viviendas, pero al 2022 sólo se han entregado 32.
“A nosotros nos entregaron 20, nueve están en posesión, 11 están embroncadas, algunas de las cuales resultaron con doble propietario; y otras estaban ya invadidas, incluso por familiares del ex secretario del Ayuntamiento de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Juan Francisco Fierro Gaxiola. Por esa ocupación, Chapman Moreno frenó la entrega de las restantes 12 casas, cuyo destino final no se sabe”, afirmó.
La organización y los estafados han iniciado demandas para recuperar lo invertido en las casas, pero no lo han conseguido.
Soto prestó su vivienda para reunirse con cuatro diputados locales, todos de Morena. A ella la acompañaron no más de 20 precaristas de los cientos que existen en el municipio.
Y estos manifestaron a los legisladores los problemas que pasan por no ser sujetos de créditos hipotecarios, la incertidumbre de ocupar una casa ajena con una demanda penal en puerta.
“La realidad es que sólo nos jugaron el dedo en la boca, porque nada se resolvió, y algunas familias ahora están en riesgo de perder el patrimonio que invirtieron en la remodelación de la casa, pagando servicios atrasados y acumulados”, denunció la lideresa, Rosa Aidee Soto.
En una revisión rápida de los documentos de las casas que el ayuntamiento de Ahome habría vendido a precaristas en las administraciones de Arturo Duarte García y Álvaro Ruelas Echave, los diputados locales, José Manuel Luque Rojas, César Ismael Guerrero Alarcón, Juana Minerva Vázquez González y Cecilia Covarrubias González, (todos de Morena) encontraron que los contratos no son vinculantes para ninguna autoridad y que la propiedad de las casas vendidas está en el limbo, resultando en una burla oficial para una necesidad social.
Guerrero Alarcón, quien conoce del caso por ser impulsor de la nueva ley inmobiliaria, aseguró que se requiere de una investigación inversa como definir el estatus legal de cada casa vendida, si tiene o carece de gravamen, en dónde quedó el dinero pagado al municipio, y si hay o no escrituración a favor de los nuevos propietarios.
Una vez obtenidos los datos, los posesionarios estarían en condiciones de dar el siguiente paso pues en realidad, el municipio no está facultado para escriturar ningún predio, sea o no adquirido del Infonavit.
El diputado local se ofreció a desentrañar el conflicto, y una vez definido, elaborar un proyecto de solución.
Con los convenios en la mano, Guerrero Alarcón afirmó que se puede establecer que este no es vinculante para ninguna autoridad, y que lo plasmado allí, en realidad no resuelve nada porque el municipio no adquiere obligación alguna, lo que evidentemente es una irregularidad manifiesta.
Covarrubias González ofreció a precaristas promover esa investigación y abrir las puertas del Infonavit para conocer el detalle de las casas.
Luque Rojas consideró que el momento es óptimo para encontrar una solución al conflicto de las casas ocupadas por precaristas, pues se está a tiempo de etiquetar un fondo para resolverlo paulatinamente, pues el ejecutivo (Rubén Rocha Moya) también ha ofrecido la asistencia para ir resolviendo el asunto, ya sea adquiriendo terrenos para lotes con servicios progresivos o la adquisición de casas ya construidas pero invendibles por su estado de daño.
Para esto último se requerirá un convenio federación-estado-municipio que pueda ser avalado por el Congreso de Sinaloa.
“Estamos listos para etiquetar algún monto en el presupuesto 2023, porque el del 2022, prácticamente ya está ejerciéndose”, dijo.
Recordó que este recurso y planteamiento no es nuevo, porque se dio con el gobierno anterior, pero resultó que el dinero se desvió y con los 82 millones de pesos disponibles se le dio prioridad a desplazados por la violencia o por obras de infraestructura, desatendiendo a las ciudades.
“Para nosotros, todos son prioridad. El gobierno del estado es la entidad que puede convenir adquisición de vivienda, pero el municipio firmó ese convenio con las personas y nosotros pretendemos obligarlos a que lo cumplan”, afirmó.
Artículo publicado el 12 de junio de 2022 en la edición 1011 del semanario Ríodoce.
