No satisface al juez la disculpa de los ex funcionarios malovistas publicada en diarios locales y se niega a sobreseer la causa penal

Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 263 millones de pesos ofrecieron una disculpa pública para cerrar la causa penal, pero en la disculpa, según el juez, parecían decir “nosotros no hicimos nada y publicamos esto porque no los pidieron”.

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El juez, Adán Alberto Salazar, rechazó la disculpa y dar por cerrado el proceso penal.

“Hay dinero público involucrado, la sociedad sinaloense se merece una disculpa real y objetiva”, señaló.

Los involucrados son el ex secretario Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

Los tres están acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de 263 millones de pesos en el último semestre de 2016, durante el gobierno de Mario López Valdez.

El proceso penal empezó desde 2018 y el 24 de junio de 2021, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, hoy Fiscal General del Estado, autorizó una suspensión condicional del proceso con la que evitan ir a juicio.

Para cerrar el proceso penal los imputados debían pagar 2 millones de pesos, publicar una disculpa pública, abstenerse de viajar al extranjero, residir en un lugar determinado y acudir a firmar cada mes durante seis meses.

El jueves pasado se celebró una audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que la defensa solicitó al juez cerrar la causa penal debido a que los imputados cumplieron con las condiciones que impuso la jueza Sara Bruna.

Los imputados, dijo la defensa, pagaron los 2 millones de pesos en seis mensualidades de 333 mil 333 pesos con 33 centavos y publicaron la disculpa el 14 de noviembre en el diario El Debate en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guamúchil y Guasave.

En el texto señalan que es “de vital importancia, dejar claro que en ningún momento los suscritos firmantes, utilizamos o dispusimos de recursos del Estado, para fines o beneficio personal”.

Mencionan que durante el tiempo que laboraron en la administración pública, lo hicieron atendiendo los principios de honradez, confianza, y apego a las disposiciones legales.

“Reconocemos que derivado de la intensa dinámica propia del servicio público, de manera desafortunada se pudieron cometer errores administrativos, que conllevan por consiguiente, a sanciones de ese tipo. Lamentamos profundamente haber incurrido en falta, y ofrecemos sinceras disculpas a la sociedad por la mancha que esto pudiera ocasionar al servicio público”, indica el texto.

Expresan que “ofrecemos pues, disculpas a la sociedad, por la desafortunada forma en que se desarrollaron los hechos que nos ocupan, mismos que nunca se ejecutaron con dolo o mala fe, por el contrario, siempre tuvimos en mente la intención de cumplir con prontitud y efectividad, las obligaciones propias del encargo; todo ello siempre en procuración del bienestar de la sociedad sinaloense”.

El juez dijo que el texto publicado no era una disculpa y no satisface.

“Al analizarla parece que dice: no hicimos nada pero tenemos que pedir disculpas”, señaló el juez.

Manifestó que en el texto no señalan los hechos por los que fueron acusados y mencionan que están involucrados en trámites administrativos, cuando se trata de un asunto penal.

“La disculpa no era en ese sentido tan pobre, no es lo que la sociedad debería escuchar”, expresó.

La sociedad, indicó el juez, se merece una disculpa real, centrada y objetiva.

Previo a que el juez rechazara la disculpa pública y cerrar la causa penal, tanto la Fiscalía como el apoderado legal de Gobierno del Estado dijeron estar de acuerdo en que se cumplieron con las condiciones que estableció la jueza.

La Fiscal, Blanca Morales, dijo que cumplieron con el pago y con residir en un lugar determinado y abstenerse de viajar al extranjero.

Sobre la disculpa pública, dijo que “satisface el contenido de la disculpa”.

Manifestó que la Fiscalía no tenía ninguna oposición en que se sobreseyera la causa penal.

El apoderado legal de gobierno estatal, César Figueroa, dijo que estaban satisfechos con la disculpa que se publicó y con el pago.

“Nos damos por satisfechos con los pagos realizados por los imputados”, expresó.

—¿Conoció la disculpa?, preguntó el juez al apoderado legal
–Sí, respondió

—¿La leyó usted?
—Sí, el tribunal me la notificó

—¿Le satisfizo?
–Sí—volvió a responder.

Los abogados, Ernesto Benítez, Carlos Olguín y Rafael Trejo, pidieron al juez cerrar la causa penal debido a que no había oposición del ofendido y los imputados cumplieron a cabalidad con los requisitos.

El juez lo rechazó y entonces los defensores le pidieron revocar su decisión y declarar el sobreseimiento de la causa penal.

Ernesto Benítez, abogado de Armando Villarreal, dijo que no compartían la decisión del juez porque habían cumplido con las condiciones y el ofendido, que es Gobierno del Estado, está satisfecho.

El abogado de José Carlos, Carlos Olguín, dijo al juez que se estaba excediendo al decir que la disculpa no cumplía cuando al ofendido sí le satisface.

Rafael Trejo, abogado de Ernesto Herrera, reiteró que tanto la FGE como el apoderado legal estaban satisfechos con la disculpa.

En respuesta, el juez dijo que mantenía su postura y pidió que publicaran una nueva disculpa pública.

Manifestó aunque la disculpa no es para el juez, sino para la sociedad, esta no reúne los requisitos.

“La disculpa es para la sociedad y esta no tiene el estándar mínimo para ser una disculpa. La sociedad sinaloense se la merece”, expresó.

Manifestó que “no se trata de hacer una confesión, pero tampoco decir: yo no hice nada, esto me lo pidieron”.

Los imputados deberán publicar otra disculpa y de nueva cuenta solicitar al juez cerrar la causa penal.

Los ex funcionarios también estaban acusados del delito de desempeño irregular de la función pública pero la FGE retiró la acusación en febrero de 2021.

La suspensión por el delito de ejercicio indebido del servicio público fue concedida por la jueza Sara Bruna, después de que, dijo, “maliciosamente” la FGE le retiró un delito para que procediera la suspensión.

Se disculpan otra vez

Este martes, se publicó una segunda disculpa pública en el periódico El Debate firmada por Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

La disculpa se publicó luego que el juez rechazó la primera.

El 24 de junio del año pasado, los exfuncionarios malovistas obtuvieron una suspensión condicional del proceso para evitar el juicio y para cerrar la causa penal debían pagar dos millones de pesos y publicar una disculpa pública.

La disculpa fue publicada el 14 de noviembre y la semana pasada el juez la rechazó porque no cumplía y en el texto parecían decir “nosotros no hicimos nada, hacemos esto porque nos lo pidieron”, según el juez.

El juez dijo que ni siquiera mencionaban los hechos por los que fueron acusados y referirían que estaban involucrados en trámites administrativos cuando se trata de un asunto penal.

Por solicitud del juez debían publicar otra disculpa, la cual fue publicada esta semana.

En el nuevo texto mencionan que la disculpa es en cumplimiento a las condiciones impuestas por una suspensión condicional derivada de una causa penal por el delito de ejercicio indebido público.

“Por este medio ofrecemos nuestras más respetuosas y sinceras disculpas, a la sociedad sinaloense en general, así como a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas y/o agraviadas, por las circunstancias que dieron origen a la citada causa penal”, señalan.

Los imputados solicitarán otra audiencia con el juez para analice la nueva disculpa y si la considera satisfactoria declarará cerrada la causa penal.

Los tres ex funcionarios presuntamente desviaron 263 millones de pesos durante el segundo semestre de 2016 al término de la administración de Mario López Valdez.

Artículo publicado el 23 de enero de 2020 en la edición 991 del semanario Ríodoce.