Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) acusados de desviar 263 millones de pesos obtuvieron la suspensión condicional del proceso después de que la FGE “maliciosamente” les retiró un delito y el gobernador Quirino Ordaz Coppel otorgó un “flamante” poder al apoderado de gobierno, según la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La suspensión fue concedida el jueves pasado y los acusados pagarán dos millones de pesos en seis mensualidades por reparación del daño para evitar el juicio oral.

Los acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público son el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de Caja General, Ernesto Herrera Félix; y el auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez.

De parte de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno del Estado no hubo oposición a la solicitud de suspensión que hicieron los defensores de los ex servidores públicos.

En febrero pasado ya la habían solicitado pero la jueza la negó porque el apoderado legal del Gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez, no estaba facultado para autorizar suspensiones condicionales.

Para la audiencia del jueves el apoderado presentó un nuevo poder notarial firmado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en el que, en una cláusula especial, lo faculta para autorizar suspensiones en los procesos penales.

La jueza manifestó que con el “flamante” poder notarial que había dado el gobernador al apoderado legal ya se cumplían con los requisitos por lo que el Tribunal ya no podía oponerse.

No hay más remedio que aprobar la suspensión, expresó.

Recordó que inicialmente la FGE vinculó a proceso por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público agravado por ser continuado.

En la acusación formal, indicó, la Fiscalía ya no los acusó por el delito de desempeño irregular por lo que ella requirió a la Vicefiscal Anticorrupción, Reyna Angulo; y al Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, que se pronunciaran y no lo hicieron por lo que tuvo que sobreseer ese delito y solo quedaron acusados por ejercicio indebido.

Maliciosamente se suprimió el delito de mayor penalidad, expresó.

Manifestó que además en la acusación solo por el delito de ejercicio indebido la Fiscalía ya no consideró la agravante.

Poco a poco fueron derribando las barreras y obstáculos que impedían la suspensión, señaló.

Al estar acusados solo de un delito sin agravante los acusados reunieron los requisitos para obtener la suspensión condicional del proceso.

Están tan de acuerdo con la suspensión que ya no sé quién la solicita, dijo a los defensores y a los ministerios públicos.

Explicó que durante el proceso presentaron un dictamen de la Auditoría Superior del Estado en el que el organismo señala que no hubo daño al erario porque el dinero se transfirió a cuentas del estado.

El dictamen, abundó, no señala con qué pagos o recibos se acredita el gasto del dinero y que no hubo daño al erario.

Detalló que también presentaron un peritaje que establece que el dinero se transfirió a cuentas corrientes del gobierno pero el especialista que lo hizo reconoció que no revisó toda la documentación y no pudo determinar en qué se gastó.

No se aclara el destino, el público tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, expresó.

Durante la audiencia Villarreal Ibarra solicitó la palabra y dijo a la jueza que no era con ánimo de queja ni de exhibir a nadie.

Señaló que ha sido un proceso largo y desgastante tanto para la jueza como la Fiscalía, defensores y ellos los acusados y sus familias.

Explicó que presentaron la denuncia contra ellos cuando todavía estaban a tiempo para solventar las observaciones de las que derivó el proceso penal.

Manifestó que al mismo tiempo que llevaban el proceso penal estaban solventando las observaciones y enfrentando especulaciones y un juicio público, en el que todo el que es acusado automáticamente se convierte en culpable.

Aseguró que solventaron todas las observaciones y la ASE emitió el dictamen en el que señala que no hubo daño al erario.

La solicitud de la suspensión la hizo la defensa de los tres acusados.

El abogado, Jesús Ernesto López, dijo que se reunían los requisitos que marca el Código Penal para que se aprobara.

Aseguró que los ex funcionarios estuvieron en pláticas con el Gobierno del Estado y estuvieron de acuerdo.

Manifestó que en la acusación que presentó la FGE no había solicitud de reparación de daño porque la ASE determinó que no lo había pero para que se apruebe una suspensión debe haber un plan de reparación por lo que propuso el pago de dos millones de pesos en seis pagos mensuales de 333 mil 333 pesos con 33 centavos y como medidas condicionales residir en un lugar determinado y acudir a firmar cada dos meses.

Tras escuchar la solicitud la jueza dio la palabra a los fiscales y al asesor victimal para que se pronunciaran si estaban a favor o se oponían a la suspensión, aunque “de antemano ya avizoro la respuesta”, dijo.

El Fiscal, Librado Romero; el asesor victimal, Luis Manuel Ayala; y el apoderado de Gobierno, César Figueroa, dijeron que no tenía oposición y pidieron que en las condiciones se incluyera una disculpa pública y que acudieran a firmar cada mes no de forma bimestral.

La defensa dijo que estaba de acuerdo con la firma mensual y la disculpa pública que se publicaría en un cuarto de plana en el periódico El Debate, por ser el que tiene mayor circulación.

Como condiciones, la jueza aprobó que acudan firmar cada mes, residan en un lugar determinado y la prohibición de viajar al extranjero y no hizo mención de la disculpa pública.

Los acusados deberán hacer el primer pago por 333 mil 333 pesos con 33 centavos el próximo 23 de julio y en seis meses regresarán a la sala de audiencias y si cumplieron con las condiciones, el proceso penal quedará cerrado.

Simulación lastimosa: IS
Para Iniciativa Sinaloa la suspensión condicional del proceso a ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas es una simulación lastimosa del combate a la corrupción y una burla para los sinaloenses.

La presidenta de la asociación, Marlene Fontes, dijo que la administración de Quirino Ordaz Coppel se caracterizará por no haber combatido los actos de corrupción.

Mencionó que ya son varios casos en los que hacen este tipo de acuerdos que solo benefician a las personas que cometen actos de corrupción.

Es lamentable que el gobierno no fuera más allá, a lo que pedía la jueza y aceptarán un pago mínimo , indicó.

Criticó que la Vicefiscalía Anticorrupción no haya investigado hasta llegar al destino de los recursos.

Manifestó que con estas acciones están marcando la ruta para que los siguientes casos de corrupción se solucionen con este tipo de acuerdos en los que pagan una mínima parte.

En el caso en el que estuvo involucrado el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, recordó, el daño fue de 14 millones de pesos y el funcionario pagó 7 millones de pesos.

Al menos, manifestó, en el caso de Salud pagaron la mitad.

En el caso de la SAyF fue un gasto de 263 millones de pesos y solo pagarán dos millones de pesos, es una burla para los sinaloenses el combate a la corrupción de Quirino Ordaz Coppel, dijo.

La cantidad mínima que pagaron, señaló, fue un combate simulado y lastimoso para los sinaloenses.

Comentó que no hubo resistencia de parte de Gobierno del Estado para aceptar el acuerdo pues al parecer le urgía cerrar el caso, expresó.