El Congreso del Estado aprobó aplazar de 2027 a 2028 la elección popular de jueces y magistrados, una decisión que reactivó las críticas sobre los riesgos del modelo, especialmente por su posible impacto en la independencia judicial y la complejidad operativa.

Apenas el 10 de marzo del año pasado, el Congreso de Sinaloa había aprobado la reforma constitucional que fijaba para 2027 la renovación de los cargos del Poder Judicial mediante voto ciudadano. Sin embargo, la nueva modificación trasladó ese proceso a 2028, con el argumento de armonizar la elección de jueces y magistrados locales con la del ámbito federal que fue pospuesta para ese año.

En tribuna, el diputado del PAN, Jorge Antonio González Flores, cuestionó la modificación y afirmó que posponer la elección equivalía a “patear el bote” de una reforma que, dijo, no es de carácter judicial sino político.

El legislador sostuvo que modificar la fecha de la elección de las personas juzgadoras solo evidencia la deficiente arquitectura constitucional con la que se aprobó la reforma. “Se les engüeró la piola, no les salieron las cuentas” y ahora prefirieron moverlo para 2028, expresó al criticar el ajuste.

El diputado advirtió que la elección en urnas de jueces y magistrados representa un riesgo evidente de que actores políticos y económicos que respalden las candidaturas influyan posteriormente en los fallos judiciales.

Recordó que el Poder Judicial debe ser garante de derechos y resolver controversias con independencia, por lo que someter sus cargos a competencia electoral abre la puerta a presiones externas.

Al anunciar su voto en contra, consideró que el modelo es nocivo para los sinaloenses, y que el cambio de fecha responde al “temor fundado” de que en 2027 el respaldo ciudadano a Morena disminuya, motivo por el cual se decidió trasladarla a 2028.

A tribuna subió también para tener un posicionamiento en contra la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda.

Señaló que votaría en contra de trasladar la elección de las personas juzgadoras de 2027 a 2028 porque, México y Sinaloa necesitan una reforma profunda que combata la impunidad, reduzca los tiempos de resolución, fortalezca la carrera judicial y acerque la justicia a las víctimas.

Afirmó que mover la fecha no corrige un modelo que considera equivocado, y que el ajuste únicamente aplaza un problema estructural que debe atenderse de fondo.

La legisladora de MC señaló que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación reconoce que la elección judicial de 2025 dejó boletas saturadas, dificultades operativas, altos costos, confusión ciudadana y problemas para evaluar cientos de candidaturas.

Recordó que el 1 de junio de 2025, cuando se celebró en México la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial de la Federación, la participación fue muy baja, cercana al 13 por ciento de la lista nominal; es decir, nueve de cada 10 personas con derecho a votar no acudieron a las urnas. Este dato generó cuestionamientos sobre la legitimidad y representatividad de quienes resultaron electos.

La complejidad del proceso, indicó, también fue señalada en algunas entidades donde se entregaron hasta 13 papeletas, lo que abrumó a los votantes. Además, citó los cuestionamientos por la circulación de los llamados acordeones, listas impresas o digitales que sugerían por quién votar, evidenciando la intervención de estructuras políticas, gubernamentales o partidistas en la selección de juzgadores.

En defensa del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Juana Minerva Vázquez, argumentó que el aplazamiento de la elección responde al compromiso de la Cuarta Transformación con el pueblo de México de consolidar un proceso impulsado desde el gobierno federal.

A nombre de la bancada de Morena, dijo que la reforma judicial se va a mejorar porque siempre han estado tocando casa por casa, visitando a la gente y escuchando lo que dice sobre un proceso histórico que se dio en materia judicial.

En el dictamen, los diputados explicaron que la intención de mover los comicios a 2028 tiene como objetivo evitar la saturación de las boletas, luego de la experiencia de la primera elección judicial en 2025.

El gobierno, indicaron, busca rediseñar las boletas electorales para que sean más sencillas y legibles para la ciudadanía, reduciendo la enorme cantidad de candidaturas simultáneas.

Señalaron también que posponer la elección judicial permitirá fortalecer los mecanismos de evaluación técnica, certificación de competencias y organización electoral, previstos en las iniciativas, favoreciendo procesos más homogéneos, transparentes y confiables.

En el dictamen los diputados sostuvieron además que al ampliar el plazo se garantizarán los principios de publicidad, transparencia, participación efectiva y revisiones adecuadas de elegibilidad, en el marco de una propuesta razonable y funcional que contribuirá significativamente a mejorar la organización de las futuras elecciones judiciales en Sinaloa.

La postergación de la citada elección conlleva a que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado continuarán ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

La propuesta de aplazar un año la elección popular de jueces y magistrados fue aprobada por mayoría calificada, gracias al voto de la bancada de Morena, PVEM y el PT, en tanto que se registraron seis votos en contra (tres del PRI, dos del PAN y uno de MC).

Artículo publicado el 20 de julio de 2026 en la edición 1225 del semanario Ríodoce.