En las favelas de Cañadas, policías y brigadistas de colonias conflictivas buscan en medio de la violencia un acercamiento con las familias

La Policía Municipal olía sus sombras; empalagosos, besando sus dorsales. “Llegamos a las favelas”, burló uno de ellos. Tienen un aire: casas encadenadas, hundidas unas con otras, con sus paredes exudando costras de pintura, desenterrando la palidez original; grises insípidos, mordisqueadas por la humedad. Callejones y escaleras que aprietan. En una casa viven uno, dos, tres, cuatro. Conviven cercanos, vecinos atentos a la intimidad del otro, próximos; acostumbrados a sus hábitos. “Las favelas”: queda en el aire la caracterización del lugar, el hedor de las palabras que apestan a algo.

Frente a ellos un cardumen extendía sus pies: son jóvenes, algunos niños. Empapados en sudor. Encomendados a una sola tarea: acercar la paz a la colonia Infonavit Cañadas, al suroeste de Culiacán, un sector apagado por la violencia. “L@s jóvenes unen al barrio”, se tatúa sobre sus camisetas. Forman parte de la Jornada por la Paz, proyecto gestado por el gobierno federal a fin de tejer lo socialmente degradado, lo enlodado por los conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa y, en paradoja, lo abandonado por el propio Estado.

Casa por casa, los jóvenes gritan: “Buenos días, somos gobierno de México”. La presentación no ayuda mucho; impacta. Cuenta uno de ellos que, durante un recorrido realizado en Villa Bonita, al sur de la ciudad, los acompañó la Marina. Los vecinos, al escuchar el grito y ver al cúmulo de uniformados, preferían no salir. “¿Necesitan algo?”, les preguntaban desde el umbral; “No, todo bien”, respondían ellos, apresurados por cerrar las puertas. El miedo y la desconfianza están a flote. Cambien la frase —les recomendó un policía—; así la gente no va a salir, “menos si nos ven a nosotros”.

En Sinaloa hay poca confianza en el cuerpo policial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), de mayo de 2026 señalan que en el estado el 90.2 por ciento de la población de 18 años y más percibe la corrupción como una práctica frecuente en las corporaciones, lo que origina desconfianza en su praxis con la ciudadanía. Esto se suma a los homicidios cometidos contra elementos de seguridad estatales, municipales y federales, al contabilizarse al menos 80 casos desde septiembre de 2024.

“A nosotros en Culiacán no nos quieren, pero andamos chambeando”, se dijeron entre sí. Se siente gacho —externaron—; si bien es cierto que a lo mejor un 80 por ciento de nuestros compañeros sí son ‘lacras’, no lo vamos a ocultar. “Pero los que estamos haciendo las cosas bien, pues lleva toda la regañada, pero dices tú, por uno la llevan todos, pero mientras que tú tengas tu conciencia limpia que estás chambeando conforme a lo derecho y haciendo las cosas bien, tratas de quitarle poquito a la mancha que tiene el uniforme”.

Señalan —entre risas— a un grupo de jóvenes brigadistas. El cuarteto llegó desde las colonias Bicentenario y Lomas de Rodriguera, reconocidas en estos últimos meses por cobijar a los grupos de familias desplazadas de sus rancherías. Allá donde el narco contamina, entra, corre y despoja; encaramados en sus trocas, tronando sus pistolas y sacando a las familias a su suerte, durante el día y la noche.

Están ahí porque alguien los mandó; ni estudian ni trabajan, combinación de palabras que los hace adeptos a recibir el apoyo económico que provee el programa.

Alrededor de 60 brigadistas trabajan durante una semana en colonias catalogadas como zonas de riesgo. Su labor se ha concentrado mayoritariamente en la zona sur donde se registran los mayores índices de violencia, abarcando sectores como Barrancos, CNOP, Alturas del Sur, Lázaro Cárdenas y Los Huizaches, y sindicaturas como Costa Rica. Las brigadas se componen en su mayoría por jóvenes que no estudian ni trabajan, quienes reciben una beca económica de 4 mil pesos por su labor comunitaria. Allí instalan módulos de atención, ofrecen actividades recreativas, agilizan trámites gubernamentales, entregan apoyos. La Sedena lleva allí el programa de canje de armas voluntario.

En la brigada del cuarteto, el integrante más chico tiene 12 años; “su situación es complicada”, explicó una de las encargadas. Viene de un hogar difícil y tiene que hacerse cargo de su hermana, no hay tiempo para nada más. Pese a su edad se le nota la vagancia: no es cohibido, alardea, se mueve y tutea con indiferencia.

Uno de ellos es desplazado, llegó de La Pitahayita, comunidad cercana a la periferia de la ciudad. No ocultan su lenguaje, dicen lo que sienten y exponen sus groserías; las ensalzan a su gusto. De alguna u otra forma se divierten; pasean por los andadores, se meten entre las casas, bajan y suben las escaleras. Familiarizados con esos entornos limados por el crimen organizado. El más grande se pone a contar los muertos que ha visto; alza la vista —método infalible para hacer memoria—: uno, dos, tres, cuatro. “¿Te acuerdas del colgado?”, le pregunta uno que ayuda en su conteo.

“También al que mataron ahí lavando los carros, saliendo por allá en el Basurón, ¿sí viste que mataron a uno ahí? de un balaz…”, lo interrumpe. “Ah, en la chompeta (cabeza)”, sí, recuerda. Su actitud elevada de indoloro cayó. Uno de esos muertos era su amigo; un “malandro” —dijo—, pero amigo.

El cuarteto está ahí, impactado por sus propias violencias, sin gestionarlas; normalizándolas. Intentando acarrear una “paz” a colonias igual de conflictivas que la de ellos, anunciando un concepto que no conocen ni experimentan. Reconociendo solamente que, pese a tener la oportunidad en sus entornos desperdigados, la idea de meterse de pistoleros no va con ellos. “Todo bien”, se dicen entre sí; “nada de eso”.

Artículo publicado el 20 de julio de 2026 en la edición 1225 del semanario Ríodoce.