Ponen luz verde diputados locales a todas las iniciativas de Rocha Moya; se fue la aplanadora priista y llega la aplanadora de Morena

Sin contrapesos, ni oposición legislativa visible, los primeros dos meses del mandato del gobernador, Rubén Rocha Moya, han transcurrido frente a un Congreso del Estado que repite su mayoría con Morena.

La nueva relación entre los dos poderes es notoria, sobre todo por los frecuentes desencuentros que tuvieron el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel con la anterior Legislatura, también con una mayoría de Morena.

En tribuna los señalamientos a Morena, de los grupos parlamentarios de PRI, Movimiento Ciudadano, y PAN, están enfocados básicamente a demandas al gobierno federal, pero no al gobierno estatal.

Las iniciativas enviadas por el primer gobernador de izquierda, cómo el mandatario se ha autodenominado, han sido aprobadas sin contratiempos, ni cuestionamientos, prácticamente todas por unanimidad.

El reto más fuerte será que pase sin mayores cambios la propuesta que envió el pasado 27 de noviembre, sobre la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2021.

En la legislatura anterior, las discusión sobre las reasignaciones el presupuesto fue el inicio de una serie de desencuentros a los largo de tres años, y que incluso han llevado a tener al día de hoy dos controversias constitucionales pendientes en la Suprema Corte de Justicia, dos leyes vetadas que todavía no se dictaminan y por tanto no entran en vigor, como son la Ley de Protección Animal por la oposición del mandatario estatal a la prohibición de la tauromaquia; y la reforma a la Ley de Hacienda Municipal que deroga la aplicación de tasas preferenciales del impuesto predial urbano a los propietarios de predios dedicados a los campos de golf.

A lo anterior se suma incluso una denuncia de hechos en la que se presume corrupción ante la Fiscalía General, por parte de la diputada Graciela Domínguez Nava, quien había fungido como presidenta de la Junta de Coordinación Política, y su entonces compañera de Morena, Yeraldine Bonilla, por los contratos celebrados entre el gobierno estatal con los empresarios del Grupo Azteca para el uso del estadio de futbol Kraken, en Mazatlán.

Hasta la fecha, las iniciativas del gobernador Rocha Moya han pasado por el Congreso del Estado sin dificultad y sin cuestionamientos, atendidas bajo una vía muy ágil del proceso legislativo.

Vale aquí unos ejemplos. El pasado día 3 de noviembre presentó un paquete de tres iniciativas de reformas.
Se trató de las reformas y adiciones a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, bajo la cual desaparecía el INAPI y creaba en su lugar una coordinación para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación, y se vinculaba al Centro de Ciencias.

En la misma fecha se incluyeron reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.

La tercera iniciativa, fue una propuesta para expedir la Ley Orgánica de la Universidad de la Policía, con la que se desaparecía el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Con la iniciativa se creaba una nueva institución para impartir educación superior a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Dos de las tres iniciativas se determinaron en la semana siguiente, el día 11 de noviembre, a la siguiente sesión de Pleno ya estaba en primera lectura, en la posterior, en la segunda, para pasar a comisiones el día 18 del mismo mes. Para el día 25 todas las iniciativas lograron el voto unánime.

Previo a la votación de la creación de la Universidad de la Policía, ningún diputado pidió hacer uso de la tribuna para discutir el dictamen de las reformas.

Cuando se programó la discusión de las reformas para desaparecer el INAPI y crear la Coordinación para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación, la diputada Cinthia Valenzuela Langarica, quien funge actualmente como dirigente estatal del PRI, pidió la palabra como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para hablar a favor del dictamen, porque compartía la propuesta del Ejecutivo Estatal de destinar mayor presupuesto a esta materia.

En su participación sólo matizó el llamado a considerar los grandes avances que se ha tenido en el innovador Museo “Materia” que regresaba a ser el Centro de Ciencias. No hubo cuestionamiento mayor por la decisión de Rocha Moya de cambiar totalmente el enfoque de ese recinto hacia la divulgación de la ciencia, en lugar del orientado por Ordaz Coppel hacia una mezcla de arte y tecnología.

De manera muy sutil en tribuna habló de que más allá de crear o desaparecer figuras, siempre había que estar pendiente de fortalecerlas.

En cambio aseguró ese día que el grupo Parlamentario del PRI celebraba que la administración estatal estuviera desarrollando iniciativas, en las que estuviera la ciencia, la innovación y la vinculación con los sectores productivos.
El dictamen de la iniciativa fue aprobado por unanimidad.

La otra iniciativa, sobre la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, fue aprobada por unanimidad en una sesión antes, el 23 de noviembre. Ese día en nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Concepción Zazueta decía que respaldaban la iniciativa como antes lo habían hecho con la Secretaría de la Mujer.

Formalmente el gobernador no envió al Congreso del Estado la iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer, pero bajo un acuerdo político coordinado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, todas las fuerzas políticas representadas en la JUCOPO presentaron una iniciativa de reforma para desaparecer ISMUJERES, y en su lugar crear la Secretaría de las Mujeres.

Antes de la creación en el Congreso del Estado de la Secretaría de la Mujer, ya era público que el gobernador había designado que sería la activista Teresa Guerra, quien ocuparía el cargo al frente de la nueva secretaría.

Un caso aparte fue el de la hoy fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada, un proceso de elección que concluyó en el Congreso del Estado, pero que desde el inicio del procedimiento se especuló que el gobernador ya había hecho la designación previa dentro de la terna que envió al Poder Legislativo.

La votación no alcanzó la unanimidad, sino la mayoría, con 39 votos. Solamente la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, se atrevió a votar diferente en favor de Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La ratificación del nombramiento de Gerardo Meza López, como director del Instituto Sinaloense de la Juventud, designación hecha por el gobernador Rubén Rocha Moya, tampoco fue problema, fue aprobado sin contratiempo alguno, como un trámite más.

Muy lejano el escenario al que vivió Quirino Ordaz Coppel cuando debió enviar tres designaciones de la titular de ISMUJERES, para conseguir el visto bueno de los diputados para la ratificación.

La próxima discusión del Presupuesto del 2021, será la primera prueba de fuego de la nueva relación del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Artículo publicado el 5 de diciembre de 2021 en la edición 984 del semanario Ríodoce.