Entrevista a Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
Proponemos un acuerdo nacional tripartita para sostener el empleo, encabezado por el ejecutivo federal, dice Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Estoy consciente de todo lo que implica esta propuesta de acuerdo. Una cosa muy importante es desescalar la polarización. Poner un alto a las agresiones (…) vivimos una situación de emergencia”. En este contexto, es necesario reconocer la unidad en lo esencial, explica el empresario: “Ante la crisis, lo más importante es tomar medidas urgentes para preservar el empleo y evitar que desaparezcan miles de empresas (…) Aclaro que esto no quiere decir que renunciamos a las diferencias, pero al proponer un acuerdo nacional creemos que debe predominar la concertación, por encima del conflicto y los litigios”.
El acuerdo que buscan los empresarios sería al máximo nivel y estaría encabezado por el ejecutivo federal, explica De Hoyos. “Tenemos mucha experiencia con modelos tripartitas. Hay instituciones que trabajan con este esquema como el IMSS y el Infonavit. Tenemos, también, la experiencia de los pactos en los 80, cuando gobierno, empresas y trabajadores se pusieron de acuerdo y consiguieron derrotar al enemigo común: la hiperinflación”.
El acuerdo es urgente y pondremos lo que nos corresponda, empezando por la buena voluntad, dice el presidente de la Coparmex. “Nos gustaría que se firmara, simbólicamente, el 1 de mayo. Para que eso fuera posible, deberíamos trabajar fuerte en los próximos días. El lunes 20 de abril, en la mañana, presentaremos la propuesta formal a la oficina de la Presidencia de la República.
Dar prioridad a la construcción de un acuerdo para preservar el empleo implica buscar otros espacios y momentos para resolver asuntos que son muy relevantes, pero que no son tan urgentes, argumenta Gustavo de Hoyos: “Un modelo interesante de esto se puso en marcha con éxito en las relaciones México-Estados Unidos. Había muchos temas que son complicados, el narcotráfico, por ejemplo. Los dos países acordaron tener un grupo de trabajo dedicado a la relación económica bilateral. Lo demás, se procesó en otros espacios”.
¿Cómo está el sector empresarial en este momento, en este contexto?
Está muy unido, en la diversidad. Carlos Salazar ha hecho un gran trabajo al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Destacaría su tolerancia a la crítica y su capacidad para procesar constructivamente el disenso. Se nota su formación en los consejos de administración, donde hay que trabajar con muchos puntos de vista. Le han tocado tiempos complejos y ha tenido capacidad para procesar cosas muy difíciles.
¿Cómo se conformaría el salario solidario y qué pasó con su propuesta del salario del bienestar del año pasado?
El año pasado estuvimos impulsando el salario del bienestar, que consistía en 6,500 pesos mínimo por trabajador y se sumaron 600 empresas. Era en otro contexto y lo veíamos como la ruta a una nueva cultura salarial, complementaria a los incrementos al salario mínimo. El esfuerzo iba bien y no lo vamos a abandonar, pero ahora tenemos una situación que requiere medidas extraordinarias. La propuesta que presentamos la semana pasada y que retomamos en el contexto del acuerdo consiste en buscar un esquema que garantice 100% del pago de los salarios a todos los que ganan de uno a tres salarios mínimos, hasta 9,300 pesos. En este caso, el gobierno aportaría 50% del salario y el empleador otro 50 por ciento. Para los trabajadores que ganan de tres a 10 salarios mínimos, la propuesta es que el trabajador reciba 80% de su sueldo, gracias a una contribución de 40% del gobierno y 40% del empleador. En el caso de los que ganan más de 10 salarios mínimos, el trabajador recibiría 50% de su salario. El empleador pondría 25% y el gobierno el resto. El costo para el gobierno sería de 96,400 millones de pesos al mes y equivale a 0.35% del Producto interno bruto. Sería mayor el primer mes y descendería en la medida en que la actividad económica se normalice. No pretendemos que se financie con la cancelación de ningún proyecto, podría ser vía endeudamiento.
¿Cómo podría ser el regreso a la normalidad?
En primer lugar, reconocemos que todo depende del éxito en el control de la pandemia. A partir de los plazos que proyecta el subsecretario de Salud, pensamos que muchas actividades calificadas como no esenciales podrían volver a trabajar en mayo, de manera paulatina, pero acelerada. Hay empresas que tienen estándares muy altos de control. Éstas podrían empezar a trabajar relativamente pronto. Pienso en las multinacionales electrónicas o en las automotrices que están organizadas con mucho detalle y que tienen parámetros de seguridad laboral tan buenos como los mejores del mundo. Quizá faltaría establecer protocolos de transporte, desde y hacia el trabajo. Podríamos pensar en una Norma Oficial de Emergencia. La certificación de las empresas correría a cargo de la Secretaría del Trabajo.
¿Qué se puede hacer para mitigar el riesgo de las mipymes?
Para preservar el empleo debemos hacer el máximo esfuerzo para salvar las empresas micro y pequeñas. Reconocemos los programas de apoyo a través de créditos, que ha anunciado el gobierno federal, pero sabemos que no es suficiente. Nos gustaría aprovechar esta crisis para que se cree una oficina enfocada en resolver la situación de los negocios pequeños. Recuperar algunas cosas buenas de la experiencia del Instituto Nacional del Emprendedor, pero también incorporar las mejores prácticas internacionales. Está el Small Business Administration, de Estados Unidos. En algunos casos, más que créditos, se requiere regulación eficiente y flexible. La realidad es que las mipymes tienen una carga regulatoria pesada, similar a la de las grandes. Esta crisis es una oportunidad para replantear lo que estamos haciendo por las mipymes. Es prioritario hacerlo por el papel que tienen como generadoras de empleo. No necesariamente se tiene que resolver ahorita, pero es bueno tenerlo en la cabeza. Es un tema clave para preservar el empleo para la recuperación.
