La Jueza de Control, Sara Bruna Quiñónez, negó suspender el proceso penal contra ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados del presunto desvío de 260 millones de pesos.

Los imputados ofrecieron pagar 2 millones de pesos como reparación del daño para suspender el proceso y evitar un juicio oral.

Como parte del plan de reparación también propusieron ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía, durante seis meses residir un domicilio determinado, no viajar al extranjero y acudir a firmar al Centro de Justicia cada dos meses.

Los imputados son el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

En negociaciones previas, el Gobierno del Estado ya había aceptado el pago de 2 millones como reparación del daño; y en una audiencia celebrada hoy, propusieron a la Jueza autorizar la suspensión pero la negó.

La Jueza dijo que uno de los requisitos para la suspensión es que la pena del delito no supere la media de 5 años de prisión y en este caso se excede ya que uno de los delitos está agravado.

Los ex funcionarios están acusados de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Además cuestionó la disparidad entre la cantidad que se acusó como daño y la que se está ofreciendo.

“¿Porqué esta disparidad? Presentan denuncia por 300 millones de pesos y aquí vienen con que va quedar en dos millones. Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué paso con los otros millones?”, expresó.

La juzgadora dijo que no le parecía moral autorizar ese acuerdo.

“Se habla de millones como si fueran pesos o feria”, manifestó.

La Jueza señaló que faltaban requisitos de legalidad para aprobar la suspensión.

Los abogados defensores dijeron no estar de acuerdo y consideraron errónea la interpretación de la Jueza, ya que a su criterio sí se cumplían los requisitos para una suspensión condicional.

Explicaron que la acusación no es por usar el dinero en beneficio propio, sino con fines distintos a los que estaba destinado.

Ese dinero, manifestaron, se usó para las necesidades del Gobierno estatal como el pago de nómina.

Durante la audiencia la Jueza preguntó quién había negociado el acuerdo y aceptado dos millones de pesos como reparación del daño.

El representante legal del Gobierno del Estado y el Fiscal, dijeron que la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo; y por parte del estado, el Secretario General de gobierno, Gonzalo Gómez Flores; y el de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte.