Radicales

 

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Desde hace varios meses el gobierno de Enrique Peña Nieto  ha emprendido una serie de acciones para acorralar y deslegitimar a los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y al movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.  Los quieren dejar sin opciones, sin justicia, sin interlocutor y sin apoyo social.

Lo difícil es entender el cálculo que están haciendo  el presidente y su equipo de las consecuencias de esto,  cuando  su propia legitimidad está cuestionada en México y el mundo por su intento de esconder la verdad de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

La estrategia gubernamental tiene varios frentes. A través de medios de  comunicación o periodistas a modo el gobierno impulsa una campaña de desprestigio  para hacer ver a los normalistas no como víctimas de hechos terribles que ocurrieron en Iguala sino como criminales cómplices de ello. Con ese propósito se han realizado producciones como el docudrama  “La Noche de Iguala” realizada por Jorge Fernández Menéndez, quien desde hace años escribe columnas y conduce programas supuestamente noticiosos patrocinados por Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña.

Esa producción se promociona a sí misma como un documental, con partes de recreación, de lo que pasó esa noche  y se afirma que los estudiantes atacados y desaparecidos eran criminales que pertenecían al grupo de narcotraficantes “Los rojos”.  En el docudrama los pocos hechos reales son sacados de contexto, se omitió la participación de autoridades federales en los ataques y se eliminó del guión la lluvia torrencial que cayó la noche del 26 y toda la madrugada del 27 en Iguala, Cocula y el basurero por supuesto.

Y es que la lluvia hubiera hecho imposible la representación de ese docudrama como hizo imposible que en la realidad los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero.

La historia que plantean no se sostiene por sí misma ni por un instante y quienes hicieron la producción ni siquiera intentaron fingir que había rigor periodístico o seriedad. El objetivo claro es sembrar la “duda” sobre si los estudiantes fueron víctimas o autores de su propio destino.

En ese mismo tenor está la nota el lunes 9 de noviembre pasado en el periódico Milenio. Sin explicar el origen de la información,  publicó el supuesto contenido de una llamada realizada entre Omar García (en la nota se revela que su supuesto nombre real Omar Vázquez), quien es uno de los principales líderes de la normal rural Isidro Burgos, con otro estudiante de nombre desconocido.

En un diálogo sin secuencia lógica y con frases sueltas e incompletas supuestamente los dos estudiantes dialogan  sobre que  en el mes de octubre un grupo criminal denominado Los Ardillos intentó irrumpir en la normal para sacar a estudiantes que supuestamente  pertenecen al grupo criminal de “Los Rojos”. La respuesta de Omar a la nota publicada fue que el diálogo de la llamada fue editado y sacado de contexto.

Ante la falta del efecto deseado, en la sociedad,  al día siguiente Milenio hizo público el audio de la grabación de dicha conversión la cual deja más dudas que claridad. Denota aún más cómo las partes del diálogo, los tonos de voz, las pausas, no tienen la secuencia lógica de una conversación sino más bien parecen trozos de ésta.  No hay duda que la grabación sólo pudo haber sido hecha por el gobierno federal o estatal y el objetivo de la filtración es de nueva cuenta criminalizar y deslegitimar a los normalistas.

Abiertamente el gobierno no se pronuncia sobre esas acusaciones que intentan manchar la reputación de los estudiantes vivos, muertos  y desparecidos,  pero a lo largo de todo el expediente judicial  la PGR tiene sembradas declaraciones para incriminar a los estudiantes que  puede usar a discreción y virar el caso en contra de ellos.

Pero el embate más agresivo contra  los normalistas y a los familiares de los 43 no se da en público sino en privado y viene del gobierno federal quien los arrincona  constantemente.

Públicamente el gobierno de Peña Nieto aceptó que el  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se quede en México durante seis meses más, hasta abril próximo,  para continuar con los trabajos de investigación sobre el caso del ataque y desaparición contra los estudiantes.

Pero en privado el gobierno federal bloquea los trabajos del grupo interdisciplinario. No sólo no les permiten entrevistar  directamente a los militares sobre lo ocurrido el 26 de septiembre, sino que además les pretenden imponer que acepten un nuevo peritaje sobre la supuesta cremación de cuerpos de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, cosa que ya está más que probada que no ocurrió ni es posible que hubiera ocurrido.

En vez de estar ya ocupados en continuar con su investigación los integrantes del GIEI están atorados en la burocracia de la PGR y negociaciones para poder seguir avanzando en los pasos sustantivos y conocer  la verdad de lo ocurrido.  Al interior del grupo de padres de familia y estudiantes estas trabas son agotadoras y frustrantes.

Lo ocurrido el 11 de noviembre  pasado debiera ser una llamada de alerta para todos. En la autopista México-Chilpancingo, en Guerrero, hubo un enfrentamiento entre estudiantes de la normal y un grupo de policías estatales y federales. El saldo fue veinte normalistas heridos  y trece detenidos, así como policías golpeados.

Los estudiantes se trasladaban a la escuela en dos autobuses secuestrados y llevaban una pipa de gasolina de doble remolque  que habían tomado a la fuerza y  llevaban en dirección de la escuela ubicada en el municipio de Tixtla. Los policías les marcaron el alto y  al no tener éxito los persiguieron.  Los estudiantes  respondieron con piedras.  A las piedras los policías respondieron con gas lacrimógeno y el conflicto fue escalando hasta llegar a golpes y heridos de ambos lados.

En otras ocasiones los estudiantes habían robado pipas de gasolina, no es justificación pero es una acción que las autoridades ya habían logrado resolver de otras formas. Ahora se recurrió a la violencia para exhibir a los estudiantes como violentos. Las acciones de los estudiantes causaron críticas y una parte que simpatizaba con ellos comenzó a distanciarse.

Si el gobierno sigue provocando y los normalistas siguen cayendo en las provocaciones los que tienen de su lado el poder siempre podrán manipular las cosas para su beneficio.

Arrinconar y provocar a los normalistas de Ayotzinapa  y a los padres de los desaparecidos  y llevarlos a la polarización en vez de que haya diálogo y justicia para las víctimas del 26 de septiembre, no es una salida correcta ni inteligente para nadie.

El gobierno, en una actitud radical tal vez piense que los ánimos exacerbados serán rechazados y el movimiento que clama por justicia se inmolará y extinguirá, pero lo que no calculan Peña Nieto y su gabinete es que México es un polvorín, Guerrero es un polvorín, donde hay muchos individuos y grupos radicales con un hartazgo acumulado en décadas de abusos, mentiras e  impunidad del gobierno y caciques. Para ellos la polarización  podría ser un guiño para emprender otras acciones.

 

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