junio 19, 2021 9:27 AM

Morir sin previo juicio

derechos humanos
El pasado 12 de junio, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, presentó ante la vigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la visita que efectuó a México en el 2013.
El informe llama la atención sobre los problemas que en materia de protección del derecho a la vida enfrenta México. Atribuye estas dificultades a distintos factores: deficiencias en el sistema judicial; aumento de la actividad del crimen organizado, en particular el tráfico de drogas; falta de voluntad o de capacidad en la policía y los fiscales para investigar; desconfianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía; y ausencia de rendición de cuentas.
Para el derecho internacional, el derecho a la vida se viola: 1) cuando agentes del Estado asesinan a una persona; 2) cuando el Estado falla en prevenir los homicidios; y 3) cuando las instituciones del Estado son ineficaces al investigar los asesinatos y perseguir a los homicidas.
De acuerdo con el informe, casi el 70 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años en nuestro país puede atribuirse a la delincuencia organizada. Y el relator especial es enfático al señalar que es responsabilidad del Gobierno de México prevenir estos asesinatos e investigarlos una vez que se ejecutan.
Este deber no se detiene o disminuye por la idea que tienen muchos políticos y miembros de las fuerzas de seguridad respecto de que las personas involucradas en actividades relacionadas con las drogas son desechables, pues “el problema se resuelve solo” si un miembro de un cártel mata a un miembro de otro cartel.
Para Christof Heyns, este enfoque socava el valor de la vida misma y da lugar a presunciones erróneas de que las personas muertas o desaparecidas estaban involucradas en actividades criminales y por lo tanto eran menos dignas de protección.
A este respecto, el documento citado informa que diversas personas se acercaron al relator especial para comunicarle que, ante la pasividad de las autoridades, se habían tenido que hacer cargo de las investigaciones de las muertes de sus seres queridos. Incluso le dijeron que la policía cerraba los casos con toda rapidez cuando sospechaba que el homicidio estaba vinculado con el crimen organizado, como si ninguna otra acción fuera necesaria.
Ante esta situación, Christof Heyns expresa en el informe su preocupación relativa a que el aumento en la tasa de homicidios no ha sido seguido por un aumento de la capacidad del sistema de justicia penal para castigar a los responsables.
En vista de la relación existente entre cárteles de la droga y asesinatos, sorprende al relator especial que el homicidio no sea uno de los delitos enumerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y por lo tanto que no sea objeto de atención de las autoridades federales en todos los casos, sino sólo en aquellos que decide la PGR.
Según la información proporcionada al relator por las autoridades mexicanas, durante la administración de Felipe Calderón se cometieron 102 mil 696 homicidios dolosos. Si esto no fuera lo suficientemente preocupante hay que sumar el hecho de una impunidad sistemática y endémica, ya que por datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se establece que sólo alrededor del 1 al 2 por ciento de los crímenes recibe una sentencia condenatoria.
Para salir de esta espiral en la cual se retroalimentan la violencia y la impunidad, el informe recomienda establecer un sistema de justicia civil robusto en el cual las instituciones son fuertes, independientes e interconectadas, las leyes son claras, ajustadas a las normas internacionales y se integran tanto en la cultura institucional como en la social.
Christof Heyns concluye en su informe que este sistema debe ser utilizado de manera coordinada y coherente para hacer frente no sólo a los crímenes del pasado sino también frente a cada nuevo delito que se cometa.
Porque esta es la única manera de establecer las bases de un futuro en el que habrá una cultura de rendición de cuentas. Y puesto que la impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual, la clave para frenar el alarmante nivel de pérdida de vida es establecer el principio de rendición de cuentas a través de la ley.
¿Quihubo paisano, te suena conocida la historia?
* Con información del Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

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