En materia de derechos humanos, el Congreso del Estado de Sinaloa tiene adeudos que desde 2011 son asignaturas pendientes, cuando se realizaron las más importantes reformas constitucionales.
De acuerdo con el decreto de reforma constitucional en derechos humanos, publicado el 10 de junio de 2011, los congresos locales tenían la obligación de homologar, en un plazo de un año,  las constituciones locales con los principios esenciales de las reformas de junio de 2011, sin embargo en Sinaloa a casi cinco años, todavía no han sido completadas.
Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegura que las reformas que se adeudan darían mucha certeza a los gobernados y a las autoridades de gobierno, respecto a qué pueden o no hacer respecto al cumplimiento de estos derechos.
“Al tener esa deuda legislativa, pues no tenemos todavía las suficientes leyes que reglamentan  los diversos derechos humanos, faltan todavía muchas acciones que implementar”, expresa el  ombudsman que ha estado al frente de la CEDH por ocho años y acaba de recibir del Congreso del Estado una prórroga de entre 60 a 90 días para seguir al frente, mientras se elige a su sucesor.
Indica que entre lo que falta trabajar desde el Poder Legislativo, es el diseño institucional de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa.  Por ejemplo, la falta de una legislación sobre el tiempo de duración del ombudsman es otro de los asuntos pendientes. Mientras que en el ámbito nacional el ombudsman dura cinco años con una reelección, en el caso de Sinaloa dura cuatro años con una reelección.
La ley orgánica vigente de la CEDH no contempla específicamente qué hacer en escenarios como el que se presentó ante la omisión del Poder Legislativo de convocar, con tiempo suficiente, a elegir al sucesor del actual presidente. La ley no establece fechas previas de la convocatoria, como tampoco la figura de un presidente sustituto, ni prórrogas del presidente saliente.
Entre un listado de ausencia legislativas que todavía no se aplican en Sinaloa, destaca la necesidad de establecer los mecanismos de reparación de daños.
“Yo como Comisión Estatal tengo la obligación, de enviar el registro de personas,  víctimas de derechos humanos, y no puedo mandarla a nadie, porque no hay todavía una Comisión Estatal  de Atención a Víctimas, en consecuencia al no haber esa Comisión Estatal,  pues  todavía no se cumplen de manera clara, amplia, como en otras entidades, o como a nivel nacional, se ha pretendido cumplir las diversas reparaciones, por daños a violaciones de derechos humanos de víctimas”.
Desde julio de 2014, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la Ley General de Atención a Víctimas, pero no se han cumplido con las disposiciones para quienes sufren violencia y sus efectos.
A partir de la aprobación y publicación de la referida ley, debió haber integrado el Sistema de Atención a Víctimas, pero esto no ha ocurrido, como tampoco ha nombrado la Comisión de Atención a Víctimas.
Ríos Estavillo, quien cuenta con un doctorado en derecho, señala que tampoco en Sinaloa se ha se trabajado en cambios legales para definir las competencias que la CEDH debe tener sobre los poderes locales.
“Falta también en Sinaloa que se establezca de manera clara, cuáles son los mecanismos, por medio de los cuales, el Congreso del Estado llama a los funcionarios públicos que no aceptan o que no cumplen las recomendaciones emitidas por esta comisión”, señala quien ha ocupado la presidencia de la CEDH desde marzo de 2008.
 
ELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE CEDH, OTRA DEUDA
“Estamos ante un problema que claramente deriva de un descuido inadmisible del órgano de gobierno de este Congreso”,  señaló el diputado Ramón Lucas Lizárraga, cuando subió  a tribuna a debatir sobre  la prórroga de Juan José Ríos Estavillo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El argumento estaba basado en que desde hace cuatro años el poder legislativo sabía que en el mes de marzo de 2016 concluía el segundo período del actual presidente del organismo.
El periodo legal para el cual había rendido protesta Ríos Estavillo vencía el día 13 de marzo, pero el Congreso del Estado no había emitido ninguna convocatoria para elegir a su sucesor. Apenas el 10 de marzo había incluido en la orden del día del pleno un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que preside, la diputada Sylvia Myriam Chávez López, para proponer una prórroga indefinida para el actual presidente, como una opción para evitar que la CEDH quedara acéfala.
“La propuesta de prorrogar la duración en el cargo no ocultará el grave error en el que incurrió este Congreso”, cuestionó Lucas Lizárraga.
El pasado día primero de marzo el presidente de la CEDH había comunicado por escrito que concluía el próximo 13 del presente mes el período para el cual había sido electo, lo mismo que los  integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sin embargo, el poder legislativo no necesitaba esperar que Ríos Estavillo, quien ocupaba el cargo en un segundo periodo, le comunicara el fin de su período para empezar a trabajar en la convocatoria para elegir al nuevo titular del órgano defensor de los Derechos Humanos, si se toma en cuenta que de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de la CEDH se establece que el presidente solo es posible reelegirse en una ocasión.
El dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos desató una prolongada discusión en dos vertientes. Una, motivada por  la validez legal de proponer  una prórroga, y la otra por el carácter indefinido de ésta.
De acuerdo con el texto de dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. durante el tiempo de la prorroga se tendrían los plazos suficientes y razonables para que el Congreso del Estado expidiera la convocatoria para la consulta pública y la recepción de propuestas.
La prórroga temporal que proponían tenía como objetivo satisfacer los principios de certeza y seguridad jurídica que deben prevalecer en la renovación de las instituciones, “así como garantizar que el servicio que presta la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa no se vea interrumpido”.
Al final de la discusión, un total de 34 diputados votaron a favor y solamente Jesús Burgos Pinto se mantuvo firme en su postura y votó en contra.  Ríos Estavillo  fue ratificado en su cargo, por un mínimo de 60 días y máximo de 90, por medio de una prórroga  de mandato.
“Si yo hubiese identificado que este acto  del Congreso hubiese planteado  una posible inconstitucionalidad o ilegalidad, probablemente el día de hoy yo no estaría aquí”.
Juan José Ríos Estavillo.