A un mes de que surgieran las protestas en contra de los cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las manifestaciones se han mantenido y radicalizado en la zona centro del estado, e incluso algunas de ellas llevaron sus casos al juzgado.

De acuerdo con el último informe emitido el 21 de mayo por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), solamente en el municipio de Culiacán, se habían acumulado 298 quejas, mientras que el segundo lugar fue ocupado por Mazatlán, donde se habían presentado 210, y cinco personas más en Ahome, siendo estos los únicos municipios de los que se tenía registro de querellas hacia la CFE, pese a que en otras zonas de la entidad como Guasave y Salvador Alvarado también se estuvieron replicando manifestaciones que incluían la toma de las instalaciones de la empresa señalada.

En el despliegue informativo la Procuraduría aclara que cualquier persona que tenga interés en expresar su inconformidad hacía los cobros de la comisión, puede acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Pacífico; sin embargo, no cuenta con módulos en todos los municipios, pues estos se limitan a estar presentes en la ciudad de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

“La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) zona Pacífico, que concentra las quejas recibidas en este módulo y de todo el estado, informa que se ha atendido a todas las personas que han acudido tanto a los módulos ubicados en Los Mochis y Mazatlán, como a las instalaciones de la Odeco ubicadas en Culiacán… La Odeco Zona Pacífico refrenda su compromiso de defender los derechos de las y los consumidores y da el seguimiento debido a las quejas recibidas con responsabilidad y calidad de atención”, detalla el comunicado.

Inconformidad escala a los tribunales

Además de las quejas presentadas ante la Profeco, en los últimos 30 días, al menos 54 usuarios han promovido juicios de amparo en juzgados federales de Sinaloa para impugnar cobros y cortes del suministro eléctrico atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad; no obstante 16 de ellas han sido desechadas.

Según se describe en las resoluciones, las querellas son descartadas porque los acuerdos judiciales precisan que únicamente en casos excepcionales, cuando se acrediten posibles violaciones a derechos humanos o afectaciones a personas en condición de vulnerabilidad, la CFE podría ser considerada autoridad para efectos del amparo.

En los dictámenes, se determinó que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de una relación contractual de carácter comercial entre la empresa y los usuarios, por ello, concluyó que las controversias relacionadas con el suministro de energía eléctrica deben ventilarse por la vía mercantil y no mediante un juicio de garantías.

En uno de los casos que sí procedieron, el juzgado requirió a la Comisión Federal de Electricidad acreditar el cumplimiento de una sentencia de amparo que le ordenó celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica con la parte quejosa, el órgano jurisdiccional apercibió a la empresa que, de incumplir con la ejecutoria, podría hacerse acreedora a sanciones económicas y, eventualmente, iniciarse un procedimiento de inejecución de sentencia ante un Tribunal Colegiado.

Manifestaciones que no ceden

Aunque tras un mes de haber iniciado, las manifestaciones que se presentaban en Ahome, Guasave y Salvador Alvarado se fueron disipando, en la zona centro de Sinaloa se ha mantenido el reclamo entre los inconformes; uno de los casos más representativos ocurrió el 9 de junio, día en el que más de 60 habitantes de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, acudieron al Congreso del Estado para exigir una solución a los adeudos que les atribuye la Comisión Federal de Electricidad.

Los manifestantes señalaron que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 la empresa dejó de realizar lecturas presenciales en la sindicatura debido a las condiciones de inseguridad en la zona y, en su lugar, emitió recibos con consumos estimados, de acuerdo con los inconformes, dichos cobros fueron cubiertos en su momento, pero, al reanudarse las lecturas comenzaron a recibir recibos con montos extraordinarios que, aseguran, no reflejan el consumo real de los hogares.

Entre las denuncias expuestas se encuentran recibos por más de 100 mil pesos y otros que oscilan entre los 15 mil y 65 mil pesos, cantidades que contrastan con los pagos habituales que realizaban antes de la contingencia, los cuales rondaban los 2 mil pesos por periodo de facturación.

Los habitantes también cuestionaron que inmuebles abandonados a consecuencia de la violencia e incluso viviendas vandalizadas hayan acumulado adeudos de decenas de miles de pesos, pese a encontrarse desocupadas desde hace varios meses.

“Hay casas quemadas, casas abandonadas desde que empezó la violencia, y aun así les llegaron recibos de 35 mil o 45 mil pesos. ¿Cómo tomaron lectura si no hay nadie viviendo ahí?”, expresó Sonia, líder del movimiento en la comunidad.

Las exigencias de los usuarios se han centrado en que la CFE elimine de los adeudos los consumos estimados previamente pagados y realice una revisión individual de los casos para determinar el consumo efectivo pendiente. Mientras tanto, las protestas se han mantenido no solo en Villa Juárez, sino en otros municipios de la entidad donde los ciudadanos han denunciado cobros que consideran excesivos.

Artículo publicado el 14 de junio de 2026 en la edición 1220 del semanario Ríodoce.