julio 26, 2021 5:01 PM

El codiciado fideicomiso en la UAS

AMENAZAS. Retención de pagos y disminución de guardias y horas extras.
AMENAZAS. Retención de pagos y disminución de guardias y horas extras.

Represión y hostigamiento en la universidad para que trabajadores abandonen demanda legal
Al limitar el pago del salario y restringir prestaciones laborales para obligar a trabajadores activos y jubilados a retirar las demandas por el fideicomiso Pro Jubilación, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) violenta la progresividad de los derechos humanos.
Con tres expedientes abiertos en los que se involucra a la Universidad y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) está en proceso de emitir una resolución en la que exhortaría a la UAS a dejar de atentar contra de uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, señaló Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo.
Uno de los expedientes que integra la Comisión se inició de oficio a partir de una nota periodística en la que los trabajadores activos y jubilados denunciaban represión y hostigamiento de parte de las autoridades de la máxima casa de estudios del Estado, con el objetivo de obligarlos a retirar las demandas contra el fideicomiso.
Mientras la Comisión se encontraba en espera de recibir un informe de la Universidad, los trabajadores comenzaron a llegar a la CEDH para exponer la situación ante la que se encontraban: la quincena del mes de abril había sido retenida como condicionamiento para desistirse de la demanda.
Nuria González Elizalde, visitadora de la CEDH, explicó que la Universidad respondió a la solicitud y negó el hostigamiento a los trabajadores. Al mismo tiempo, los quejosos le reportaron a la CEDH que la Universidad finalmente había pagado la quincena que adeudaba.
Pero la situación no concluyó ahí. Posteriormente, al número de quejas que ya tenía la CEDH se le sumaron los señalamientos de trabajadores activos, a quienes ahora se les restringían horas extras y la asignación de guardias, bajo el mismo condicionamiento.
“Hasta este momento han estado viniendo ya no por la falta de pago del salario, ellos nos han manifestado que ya no tienen deudas con la universidad, ahora parece ser que está condicionando (la UAS) a darles guardias en un futuro para que se desistan”, explicó la visitadora.
Tan sólo en ese expediente, la Comisión registró alrededor de 40 quejas de trabajadores activos y jubilados, aunque los afectados aseguran que son cientos de trabajadores que sufren las mismas amenazas.
González Elizalde indicó que la CEDH ha asesorado a los trabajadores para que presenten sus quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al tratarse de prestaciones laborales contenidas en el contrato colectivo del trabajo.
“Limitar o pretender sancionar con restricciones a los trabajadores o modificar los mecanismos de pago de salarios de pensiones o jubilaciones, desde nuestra perspectiva, se circunscribe para determinar si eso atenta contra la progresividad. No hemos emitido todavía las resoluciones, los expedientes se están integrando pero eso será parte de las resoluciones que emita esta comisión”, señaló Ríos Estavillo.
PREOCUPANTE. Trabajadores activos y jubilados de la UAS denuncian violaciones a sus derechos.
PREOCUPANTE. Trabajadores activos y jubilados de la UAS denuncian violaciones a sus derechos.

 
El presidente de la CEDH explicó que a partir de las reformas constitucionales de 2011, la Comisión de Derechos Humanos adquirió facultades para revisar asuntos laborales, sin embargo, no puede sustituir la competencia de un órgano como lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), aunque sí adquiere la atribución de revisar los actos administrativos que lleva a cabo dicha autoridad.
En este sentido, los otros dos expedientes con los que cuenta la Comisión se relacionan con quejas que el trabajador jubilado ha presentado en contra de la JLCA, a quien se le acusa de no proceder en tiempo y forma en las quejas que se presentan en contra de la UAS.
Ríos Estavillo agregó que la reforma constitucional de 2011 también brinda especial protección a los grupos vulnerables, un sector en el que encuadran los trabajadores jubilados de la institución académica, a quienes se les está negando el principio de progresividad de sus derechos humanos.
Ese principio de progresividad, incorporado en la reforma constitucional de 2011, tiene que ver con que ningún derecho otorgado puede ir en detrimento.
“Lo que nos interesa es que la Universidad identifique que estamos hablando de derechos constitucionales y hay un perfil de personas jubiladas, que guardan un matiz de mayor vulnerabilidad y que esta gran reforma lo que tiende a proteger más son los desequilibrios contra estos sectores”, enfatizó Ríos Estavillo.
El ombudsman sinaloense fue enfático en señalar que la situación laboral manifestada por los trabajadores activos y jubilados de la UAS es preocupante.
Señaló, por ejemplo, la modificación a la forma de pago realizada en meses pasados, la cual dejó de realizarse vía tarjeta bancaria y se implementó un sistema de pago por cheques.
“Nosotros hacemos el llamado de las autoridades universitarias a que no nada más se constriñan a negar la existencia de los hechos, sino que realmente den pauta de constituirse como partícipes de esta reforma constitucional y además de atender las resoluciones que emiten las autoridades jurisdiccionales federales, guarden también el cumplimiento a estos principios universidades de los derechos humanos como lo es el de progresividad”, dijo el titular de la CEDH.

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