Ahome: Desestabiliza Ayuntamiento movimientos sociales con apoyo de ex convicta
El gobierno municipal decidió pactar con remanentes de células del crimen organizado para desestabilizar los movimientos sociales y concluir rápidamente con la invasión de casas abandonadas por inmobiliarias. En la maraña de relaciones oscuras, agentes de gobernación actúan como comparsas.
El hostigamiento por tipos violentos a precaristas que se niegan a pagar cuotas y el desalojo de directivos de asambleas de barrio por gatilleros, son los hechos más graves sufridos en la última semana por miembros de la Unión de Colonias (Unicol), denunció José Ángel Sánchez Pérez, presidente de la asociación.
El representante de la Unión no descartó que puedan cometerse ataques físicos como golpizas o privaciones de la libertad contra algunos colonos adheridos a su alianza, quienes se han negado a interponer denuncias de hechos, toda vez que sospechan una implicación directa de las policías locales con las células del crimen organizado manipuladas por el gobierno municipal y tres regidoras integrantes de la Comisión Transitoria de Vivienda: Irma Cota Soto, Nora Alicia Arellano Chávez y María de Jesús Castro Acosta, además de agentes de la Dirección General de Gobierno que manipula Gerardo Vargas Landeros, secretario General de Gobierno de Mario López Valdez.
Sánchez Pérez afirmó que desde el Palacio Municipal y desde el tercer piso del Palacio de Gobierno del Estado se promueve a la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vivienda Nacional y a sus supuestos representantes, Dalila Robles y a su hija, Carmen Dalila Alcántara Robles, quienes han sembrado el terror entre los precaristas. Y es que utilizan tácticas de la delincuencia organizada, como formar grupos de golpeadores que atacan y lesionan a opositores y a quienes se niegan a pagar las cuotas, y envían personas armadas para intimidar.
Acusó que a Dalila Robles se le relaciona sentimentalmente con el albañil Álvaro Antonio Cota Lara, quien tenía 37 años de edad cuando cayó muerto en junio del 2013 durante un enfrentamiento a balazos con las fuerzas federales. Eso ocurrió en La Pitaya, Guerrero. El fallecido era parte de una célula de tres gatilleros que llegaron a pelear el territorio a ese estado del sureste mexicano.
En tanto que la hija de Robles y actual dirigente de la coordinadora, Carmen Dalila Alcántara Robles fue aprehendida por militares en Tijuana Baja California, el 8 de marzo del 2009, por formar parte de una banda de secuestradores y gatilleros al servicio del cártel de los hermanos Arellano Félix, afirmó.
De acuerdo con el boletín número 41 despachado por la Secretaría de la Defensa Nacional el 10 de marzo del 2009, Alcántara Robles fue la vigésima sexta persona detenida y única mujer capturada en la operación para desmembrar al grupo de Ángel Jácome Gamboa, conocido por el apodo de el Kaibil, y quien entonces estaba bajo las órdenes de Teodoro o Diego García Simental, el Teo o el Tres Letras, jefe en el cártel de los hermanos Arellano Félix.
Entonces, el Ejército dio cuenta que junto con ella estaba el también mochitense, Óscar Guadalupe Apodaca Salcido y los sudcalifornianos Juan Martín Álvarez Parra y Jesús Martín Chávez Robles. Todos custodiaban a un secuestrado.
Junto con Carmen Dalila, fueron detenidos 25 personas más en la operación que se desarrolló en la sala de fiestas Mezzanine, ubicada en bulevar Insurgentes en el fraccionamiento Los Álamos, delegación Cerro Colorado, en Tijuana, Baja California. Entonces se aseguraron 27 armas, 2 mil 717 cartuchos de diferentes calibres, 62 cargadores y seis vehículos.
Afirmó que pese a conocer los antecedentes de madre e hija, la comuna ahomense le da credibilidad y financiamiento para organizar marchas, plantones y actos de afiliación a la coordinadora, lo que claramente conforma una mafia.
“Y no es todo, ese clan gobierno-células del crimen organizado tiene el apoyo de agentes de gobernación estatal. Esto quedó demostrado cuando el ‘oreja’ Cutberto Heredia presionó al secretario de la Uncol, Andrés León Chávez, para que acompañado de Dalila atacaran a la organización social”, denunció Sánchez Pérez.
Esto se publicaría en las páginas de un diario local, sólo que la denuncia nunca se publicó porque León Chávez no se desligó de la Uncol y permaneció fiel al grupo. Heredia fue despedido como agente de gobernación cuando falló la táctica de desprestigio.
Molesto por el ataque, Sánchez Pérez encaró a Irma Cota y le reclamó airadamente ser cómplice, y coautora de la traición que el alcalde Arturo Duarte García le ha jugado a los precaristas, al aliarse con remanentes del crimen organizado para reducir los movimientos sociales. “Y tú sabes de quienes hablo”, le espetó.
Cota, regidora del Partido Acción Nacional, guardó silencio, pero después lanzó una perorata intentando que el asunto se olvidara. Ya con más calma, la panista llamó por celular a Sánchez Pérez invitándolo a sumarse a la causa, olvidar el incidente, las traiciones, los nexos con César del Pardo Escalante y los antecedentes de sus rivales, con el fin de aceptar las propuestas de Duarte García para encontrarle una solución a las invasiones.
El presidente de Uncol rechazó la propuesta, pues ya tenía antecedentes de lo que le pasó a una reportera que camino a su casa, en un ejido cercano a la ciudad, fue abordada por cuatro hombres, conducida hasta Gerardo Vargas Landeros y obligada a abandonar el tema de las invasiones.
“No, si traiciono al movimiento me quedo solo, y es más fácil chingarme”, justificó. Por el contrario, ofreció como asociación de precaristas desconocer a la Comisión Transitoria de Vivienda por parcial y cómplice del remanente de la célula del crimen organizado que ahora vive de los precaristas. “Retomamos nuestra lucha, solos, mejor solos que con regidores “chuecos”, dijo.
Cuestionado al respecto, Álvaro Ruelas Echave, secretario de la comuna, negó saber los antecedentes criminales de algunos dirigentes de precaristas y afirmó que la intención del gobierno de Arturo Duarte es escucharlos a todos, buscar y dar una solución conjunta. “Es un problema grande de los precaristas, pero le vamos a entrar”.
Dos mil pesos por una casa
La mujer se montó a la camioneta que conducía la esposa del ahora regidor cetemista, Fernando Solís. Era una de las lideresas que encabezaban las invasiones de fraccionamientos abandonados por las constructoras y que eran ocupadas a la fuerza por precaristas.
Solís no recuerda el nombre verdadero de aquella mujer que se había trepado en la camioneta de su esposa, pero el sonsonete le recuerda a Dalila, o un nombre parecido. Su mujer le explica que ella es una luchadora social y que puede conseguir casas baratas.
Les hace un tour por fraccionamientos que lucen abandonados, a medio construir. Son casas sin puertas, sin ventanas y sin servicios. Es solo el cascarón, el armazón. A Solís le parece sospechoso el tour, pero calla. Decide continuar, quiere ver de cerca, adentrarse en ese submundo urbano. Su fachada pasa inadvertida para la mujer que los considera sus clientes.
Llegan a una casa. La observan. Ella le dice que pueden ocuparla de inmediato. Él se asoma. Ve muebles. Y no se explica cómo puede habitarla. Lo comenta a Dalila. Ella reacciona, y le ofrece otra, la contigua.
Y luego les da sus condiciones para cederles la entrada, ahí, de inmediato, si la quieren. De la mano deben soltar 2 mil pesos. No hay devolución. Deben pagar cuotas semanales para el mantenimiento de la causa. Tampoco hay devolución ni garantía de que la vivienda será de ellos algún día. Deben ocupar la casa de inmediato, poner ventanas o puertas, y no abandonarla. Si un día fallan a dormir, la casa será reasignada. Los servicios deben ser obtenidos de la forma que sea.
Solís le dice que eso es un fraude. No acepta y se retira. Una mujer que acompaña a la esposa del regidor, cae. Da los 2 mil pesos y ofrece regresar en el momento para limpiar la casa y ocuparla. Mientras se van, el regidor logra que la acompañante de su mujer reflexione. Cae en cuenta que es un engaño. Regresa con Dalila. Pide la devolución de su dinero, pero la lideresa le aclara que lo dado es dado y no regresado. Fue estafada.
Literalmente con conocimiento de causa, Solís, el regidor más joven del cabildo de Ahome, es un firme opositor a que el gobierno de Arturo Duarte García apoye a los invasores de vivienda, porque considera que esa es una acción liderada por vivales, vividores, traficantes de las necesidades humanas que más que apoyo para su causa lo que deben de tener es represión oficial y castigo por el robo de servicios y el despojo de bienes inmuebles.
Sin embargo, afirma que su posición se contrapone con la de los precaristas. “Hacen mal, pero también sé que es un problema social, aunque el problema de la vivienda debe ser atendido por otras vías. Los líderes deben ser investigados y sancionados, por vivales”.
La célula del Kaibil
De acuerdo con el informe militar, la célula de los hermanos Arellano Félix estaba conformada por Ángel Jácome Gamboa, el Kaibil o el Jácome, de 29 años, originario de Veracruz; Bartolo Jácome Gamboa, de 18 años, originario de Tepic, Nayarit; los policías Francisco Daniel Flores Ramos, de 28 años, originario de Cuautitlán, Estado de México, quien es agente activo de la Policía Estatal Preventiva; Ricardo Flores Villar Escobedo, de 33 años, originario de Tijuana, Baja California, quien es Policía Ministerial del Estado en el activo; Daniel Barba Hurtado, de 34 años, originario también de Tijuana, ex policía municipal de Playas de Rosarito, y 22 personas más.
