El desfalco con pagos irregulares de estímulos
En las direcciones de Tesorería y Contabilidad del Colegio de Bachilleres de Sinaloa (Cobaes), el trabajo se hizo en equipo. A lo largo de dos años y medio, siete servidores públicos, los esposos y un hermano de dos de ellos, desviaron ocho millones 543 mil 214 pesos de las arcas del plantel, según la denuncia CLN/ARD/9377/2013/D.
Presentada por la representación legal del Cobaes ante el Ministerio Público, el 9 de julio del 2013, la acusación sostiene que en el caso del robo a la institución educativa hubo una operación estructurada por servidores públicos de Tesorería, Contabilidad y familiares de algunos.
El pasado 13 de enero del 2014, la detención de Lucina Godinez Bastidas, jefa de Tesorería y María de Jesús Vidales Cárdenas, jefa de Contabilidad, se hizo pública y se reveló el desfalco desde el interior del Colegio. Lo que no se detalló fue que además de ellas, se sigue un proceso en contra de ocho implicados más.
De acuerdo a la denuncia, a la que Ríodoce tuvo acceso, cada quincena, desde las oficinas de Tesorería y Contabilidad, se autorizaba de manera irregular el pago de estímulos por puntualidad, productividad y extraordinarios, a planteles del Sistema de Educación para Adultos de Cobaes.
Sin ingresar los datos al Sistema General de Nómina del Colegio, en la Tesorería se elaboraba una lista en formato Excel con los nombres de los beneficiarios y el monto a pagar.
La información era transferida a un formato digital de cheques, al cual se le colocaban las firmas digitales autorizadas por la institución bancaria, guardadas en un disco y en resguardo de la misma Tesorería. Finalmente, el formato digital se imprimía en la chequera oficial foliada, sin que en el sistema quedara evidencia del procedimiento ilícito.
Según precisa la denuncia CLN/ARD/9377/2013/D, en marzo del 2012, la Dirección General de Cobaes, a cargo de Juan de Dios Palazuelos Cabanillas, detectó nóminas que no contaban con soporte documental en los periodos de 2010, 2011 y enero y febrero del 2012, por lo que solicitó una auditoría a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado.
Ante los resultados que confirmaron el manejo irregular, Cobaes realizó una segunda auditoría interna que finalmente reveló la fuga de recursos desde la administración.
En el desfalco a Cobaes participarían Lucina y María de Jesús, al frente de Tesorería y Contabilidad; también los supervisores de zona adscritos a tesorería, José Abraham López Jacobo y Anabel Guadalupe Rojas Villa y las técnico especializadas, Denisse Selene Camacho García, María Isabel Ruiz Saavedra y María Guadalupe Avilés Salazar.
Entre los nombres de quienes cobraban los cheques se detectó a Rosalío Sandoval Moreno, esposo de Camacho García; Jesús Esteban Juárez Rangel y Sergio Martín Ruiz Saavedra, esposo y hermano, respectivamente, de Ruiz Saavedra.
La red de desvío de recursos —describe la denuncia— comenzaba con Lucina y Chuyita, desde la Tesorería y Contabilidad, ya que ambas autorizaban los oficios para el pago de compensaciones y distribuían el dinero a través de cheques emitidos a nombre de los servidores públicos implicados y sus familiares.
Anabel, la supervisora de zona y María Guadalupe, la técnica especializada, tenían, como parte de sus funciones, el resguardo de la firma digital, y se encargaban de elaborar digitalmente e imprimir los cheques irregulares.
José Abraham, Denisse y María Isabel recibían y cobraban cheques a su nombre, al igual que Rosalío, el esposo de Denisse; Jesús Esteban, esposo de María Isabel y su hermano Sergio Martín.
Trabajadores de confianza
María de Jesús, la contadora, llevaba 29 años trabajando en Cobaes; María Isabel, una de las técnicos especializados, ya sumaba los 22 años de antigüedad y José Abraham, supervisor de zona, tenía 19 años laborando para el Colegio; la antigüedad del resto de los servidores públicos oscilaba entre los cinco y tres años. Todos eran considerados por Cobaes como personas honestas, responsables y trabajadoras, según se describe en la denuncia penal por el delito de peculado.
Sin embargo, a partir de junio 2010 y hasta marzo del 2012, Lucina, la tesorera del Colegio, cobró 271 cheques con un valor total de tres millones 545 mil 358 pesos. De entre estos cheques destaca una larga lista de cheques emitidos a nombre de personas que el demandante no pudo identificar y que no pertenecen al personal de Cobaes.
Chuyita, la jefa de contabilidad, cobró cheques a su nombre desde junio del 2010 hasta febrero del 2012, por una suma total de tres millones 160 mil 740 pesos.
Anabel, la supervisora de zona, recogió cheques a su nombre por 460 mil 640 pesos. Entre Denisse y su esposo Rosalío recibieron 442 mil 222 pesos.
María Isabel, su esposo Jesús Esteban y su hermano Sergio Martín, sumaron cheques por 265 mil 069 pesos.
El supervisor de zona, José Abraham, recibió 81 mil 304 pesos, mientras que María Guadalupe Avilés Salazar cobró 71 mil 934 pesos, pero a su nombre también se expidieron cheques por 61 mil 253 pesos, que fueron cobrados por otra persona que no pudo identificarse.
De acuerdo al Código Penal del Estado de Sinaloa en su artículo 304, al servidor público que cometa peculado se le impondrá de seis meses a nueve años de prisión y de sesenta a trescientos días multa.
