Aunque estaba sentado a su lado cuando el auditor del estado, Marco Antonio Fox Cruz, anunció que se interpondrán 12 denuncias penales contra dependencias estatales, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gómer Monárrez Lara criticó que hasta el momento la información no ha llegado a la comisión.
Reunidos el 21 de febrero para anunciar el Taller regional “Compromisos por la rendición de cuentas con transparencia”, Fox Cruz reveló ahí el proceso legal contra funcionarios de las Secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Obras Públicas.
Sin embargo, Gómer Monárrez asegura que ni antes de la reunión, ni hasta la fecha, la Auditoria Superior del Estado (ASE) ha precisado a la comisión el contenido de las denuncias, contra quién van dirigidas o la fecha exacta en que se presentarán.
“Nosotros todavía en la comisión no tenemos conocimiento alguno de ello, se nos tiene que informar, desconozco qué camino ha llevado el auditor en ese sentido, ya se le pidió por escrito que por favor tenga a bien informarle a la comisión”, enfatizó Monárrez Lara.
Según lo señalado por la ASE, de nueva cuenta se presentarán denuncias penales contra funcionarios públicos de la SAF por utilizar documentos falsos en las licitaciones, irregularidad que ya ha derivado en denuncias en años pasados.
Esta ocasión, la ASE interpondrá un total de 12 denuncias contra servidores públicos de Gobierno del Estado, por el daño patrimonial de alrededor de once millones de pesos. De ese total, 10 denuncias se promoverán contra la secretaría a cargo de Armando Villareal Ibarra y las dos restantes contra la Secretaría de Obras Públicas.
Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez y el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Gómer Monárrez Lara; el titular de la ASE, Marco Antonio Fox Cruz anunció las acciones legales contra los funcionarios públicos, correspondientes a los resultados de la revisión del primer semestre del 2013.
Fox Cruz precisó que las denuncias se presentarán en el mes de marzo y se suman a las 17 que la auditoria interpuso en el 2013, contra diferentes áreas del gobierno estatal.
El auditor adelantó que también podría procederse en contra de los municipios de El Fuerte, Sinaloa y Angostura. En los casos de los gobiernos municipales se buscaría sancionar irregularidades graves en las que reincidieron los funcionarios, a lo largo de los tres años de administración pública.
Señalada constantemente, la SAF registró en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Primer Semestre de 2013, 58 observaciones, de las que se promovieron 35 responsabilidades administrativas.
Pero según el Seguimiento a las Acciones Promovidas de Ejercicios Anteriores, detallado en el mismo informe, la SAF arrastra 129 expedientes por responsabilidades administrativas durante los periodos del 2010 y 2011.
En el 2012, la Auditoria denunció la existencia de proveedores con domicilios falsos y se señaló el caso de un proveedor que rechazó haber prestado el servicio.
Al año siguiente, la ASE interpuso siete denuncias penales por la misma irregularidad en la revisión del primer semestre de 2012, en las cuales el daño patrimonial alcanzaba los tres millones 500 mil pesos.
Esta sería la tercera ocasión que la Secretaría de Administración y Finanzas reincide en el procedimiento ilegal.
Sigue protesta de sindicalizados
Pero además de la normativa violentada, en la Secretaría de Administración y Finanzas continua la inconformidad laboral. El pasado lunes 24 de febrero, trabajadores sindicalizados de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán arribaron a las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), para exigirle a su líder que los respalde ante la represión y hostigamiento que aseguran se da en la Dirección de Fiscalización.
Desde Mazatlán llegaron 23 trabajadores sindicalizados que se les sumaron a otra veintena de auditores de Gobierno del Estado para pedir la renuncia del director de Fiscalización, Jesús Alanís Cháidez.
Armando Heráldez, dirigente del STASE, recibió a los manifestantes y escuchó los reclamos de quienes aseguran que han dejado de percibir participaciones por actos de fiscalización, además de un bono anual que no se entregó en diciembre del 2013.
En la reunión, el dirigente sindical les aseguró a los inconformes que se gestionaría un encuentro con el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros.
La inconformidad de los trabajadores de fiscalización se arrastra desde mediados del 2013, cuando éstos advirtieron que el área en cuestión perdería las participaciones federales debido a una caída en la recaudación.
