El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha consolidado como un auténtico partido satélite del priísmo cumpliendo un par de funciones principales y detestables: impulsar temas espinosos y amarillistas que su aliado principal comparte pero que le apena defender abierta y públicamente, y servir de conducto para la llamada “telebancada”. Ambas tareas le han redituado buenos resultados para llevar a cabo mejores negociaciones con su aliado contribuyendo a incrementar el desprestigio de la política mexicana. Es una situación que muestra varias aristas, pero en esta ocasión nos vamos a referir a la que toca a la justicia electoral.
Que líderes sin escrúpulos practiquen estrategias como el trabajo sucio, e influyentes poderes fácticos como las televisoras los utilicen para sus fines comunes, podrían ser considerados como cuestiones particulares que los electores debieran juzgar. Sin embargo, cuando esas prácticas violan la ley, es decir las reglas del juego, el asunto trasciende los límites internos de cada uno de ellos y se convierte en materia de los tribunales. Así ha sucedido con la excesiva e ilegal propaganda pagada por el PVEM, disfrazada de informes legislativos en contravención de la propia constitucionalidad nacional.
Según los impugnadores este partido se gastó entre 500 y 1 mil 500 millones de pesos en más de 200 mil spots en los principales canales de todo el país. Además de la violación al artículo 134 de la Constitución General que entraña tal cúmulo de impactos publicitarios se duda también de la procedencia lícita de los recursos que se requieren para sufragar su costo comercial si se parte de los ingresos de los legisladores verdes, los cuales resultarían insuficientes para sufragarlos, no obstante ser de privilegio en comparación con la mayoría de los trabajadores del país.
La denuncia llegó hasta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió el caso el pasado 29 de diciembre. De acuerdo con los magistrados, el PVEM incurrió en las violaciones de las que fue acusado. Dicen en su sentencia:
“En este sentido, se tiene que durante setenta y dos días en diversos canales de televisión, se difundieron 239 mil 301 (doscientos treinta y nueve mil trescientos uno) impactos (monitoreo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos), de los promocionales de los legisladores haciendo alusión a que el Partido Verde sí cumple sus compromisos de campaña en el contexto del proceso electoral federal que actualmente se desarrolla.
“Dicha difusión concatenada y contrastada con la propaganda del propio partido político con motivo de su campaña ‘Verde sí cumple’ evidencia una estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso, lo cual, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional incumple el principio de equidad rector de los procesos electorales previsto en el artículo 134, de la Constitución.
“Por otra parte, cabe destacar que la mecánica en la forma en que se pagaron los mensajes en nada cambia la conclusión a la que se arribó, puesto que al margen que el dinero destinado para sufragar el precio de los spots pueda ser utilizado a ese fin, lo trascendente es la inobservancia al artículo 134 de la Constitución, derivado de la estrategia desplegada por los legisladores”.
Hasta aquí todo iba por un rumbo aceptable, pero al llegar a la inexorable etapa de la sanción, apareció el eterno fantasma de la complicidad de la justicia mexicana con los infractores. Mediante el resolutivo tercero de la sentencia “se impone al Partido Verde Ecologista de México, la sanción consistente en una amonestación pública”, mientras que con el cuarto “se impone una amonestación pública” a varios concesionarios de televisión, entre los que destacan Televisa y TV Azteca.
Estas sanciones fueron consideradas como exageradamente leves o irrisorias por los impugnadores y por prácticamente todos los actores políticos que no actúan como aliados del PVEM. Es un hecho preocupante en la perspectiva del proceso electoral ya en marcha pues queda la impresión que la constitucionalidad y los electores mexicanos están en completa indefensión ante la cómplice tibieza de los tribunales.
