Termina apoyo de Sedena en Sinaloa, pero se instalan militares en Mazatlán

El sauz

La primera orden que se dio fue la de dar por terminados todos los convenios que firmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con las entidades federativas, entre ellas Sinaloa, en materia de apoyo y coordinación en seguridad pública.

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La última semana de noviembre todavía no concluía, cuando vino una contra orden; extender hasta el 15 de diciembre el apoyo a las estructuras de seguridad pública a todos los gobiernos estatales que firmaron convenio con la Sedena para que no se quedaran desamparados.

Sin embargo, el convenio que firmaron y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, dejó de tenerla el 30 de noviembre pasado.

Fuentes federales revelaron que hay incertidumbre respecto a que si será con los mandos territoriales el acercamiento que deberán tener los gobernadores para mantener el apoyo.

En el caso de Sinaloa, el convenio fue firmado en enero de 2018 y concluye, según el documento en poder de Ríodoce, hasta el 31 de diciembre del 2018, y al igual que en Nuevo León, Durango, Coahuila, Veracruz, Puebla y Michoacán, las Fuerzas Armadas del país participan en tareas de seguridad pública.

Ante la falta de una Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional, los gobiernos estatales optaron por el instrumento legal de los convenios para validar la presencia de policías militares en sus estados.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien mantuvo un acercamiento con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, apeló a esta estrategia desde el 6 de enero de 2017, en tanto, dijo, la ley era aprobada. A Sinaloa le costaba mantener a un número no definido de militares, 40 millones 670 mil 784 pesos mensuales, por concepto de estímulos económicos extraordinarios.

Con el cambio de gobierno, los estados tendrían la opción de firmar de nuevo esos convenios, pero a nivel regional, es decir, en el caso de Sinaloa sería con la Tercera Región Militar

Por lo pronto se prevé que para el 15 de diciembre inicie la salida de las tropas de la Policía Militar que se encuentran en Sinaloa desplegadas en los 18 municipios, donde los gobiernos locales brindan apoyo con inmuebles para su alojamiento y vehículos.

QUIRINO. Apoyo total a militares.

Millonarias transferencias

En un hecho inédito, desde el inicio de su gestión, Ordaz Coppel programó millonarios pagos para personal militar.

Amparado en la firma de convenios, el gobierno estatal comprometió el depósito de 742 millones 50 mil pesos para la ejecución de obras en sus instalaciones, sin estar en el presupuesto.

Lea: Anuncia gobernador inversión de 300 mdp para construcción de Base Militar en El Sauz https://bit.ly/2pQk0sp

La generosidad del ejecutivo estatal, dejó exenta a la Secretaría de obligaciones económicas.

Cronológicamente, el primer acuerdo fue firmado a 13 días de haber iniciado su gestión, en éste se comprometió a depositar 2 millones 300 mil pesos para la construcción de un Centro de Análisis en la Tercera Región Militar.

En junio de 2017 se firmó el segundo convenio con el general piloto aviador Javier Eduardo Alvarado Roa, comandante de la Base Aérea Militar número 10 ubicada en Bachigualato, Sinaloa, para la adquisición de un sistema aéreo no tripulado UAV. En este caso, la Sedena proporcionaría apoyo para operar un Sistema Aéreo No Tripulado S-45 “BALAAM”, al servicio del estado en actividades de seguridad pública.

En este convenio, el gobierno de Sinaloa, uno de los más violentos del país, quedó obligado a proporcionar escolta de seguridad a la tripulación de la Sedena en aquellos lugares donde opere el sistema aéreo no tripulado fuera de las instalaciones militares, alimentación y hospedaje, así como otros apoyos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo requerido.

 

Proyecto fallido

Para invertir 305 millones 465 mil 507 pesos, y construir un Batallón de Ingenieros de Combate con una Unidad Habitacional Militar en Las Cabras, Escuinapa, en julio de 2017 firmó otro convenio.

Pero al resultar técnicamente inviable por las características del terreno, en septiembre se decidió apoyar el proyecto de edificación de una Brigada de Policía Militar en el campo Militar Número 9-F, ubicado en la Comunidad de El Sauz, sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

Y aunque inicialmente serían 305.4 millones de pesos, el monto debió duplicarse, quedando un costo estimado total de 739 millones 750 mil pesos, por lo que el gobierno del estado gestionó y entregó a la Sedena el recursos.

Artículo publicado el 9 de diciembre de 2018 en la edición 828 del semanario Ríodoce.

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